Mujeres policías exigen que el Senado trate ley de perspectiva de género

Trabajadoras de la seguridad pública, organizadas en la Red de Mujeres Policías de Santa Fe, reclaman que se trate en breve el proyecto de ley para crear un centro integral con perspectiva de género (Cipgen). La norma, sancionada en 2019 en la Cámara de Diputados de la provincia pero caída sin tratamiento en el Senado a finales de 2021, fue presentada nuevamente, esta vez en la cámara alta y de la mano de la bancada radical.

La lucha de las mujeres policías organizadas apunta a erradicar todo tipo de violencia y discriminación en el seno de la fuerza de seguridad. Por eso quieren que el organismo a crearse esté por fuera del Ministerio de Seguridad, que no tenga intervención la misma institución de la que son parte quienes ejercen la violencia que se denuncia.

El proyecto está siendo analizado en comisiones en el Senado de la provincia y no hay fechas concretas de su llegada al recinto para ser debatido.

Tania G., referente de la Red de Mujeres Policías de Santa Fe, dijo a Rosarioplus.com que la legislación santafesina es muy diferente a la del resto del país porque no existe más el arresto para el trabajador de la seguridad pública como en otros lados. “Hay diferencias, y el hecho es que pueda hablar sin que me sancionen por eso”, señaló. Sin embargo, “hay mucha resistencia dentro de la institución para la toma de denuncias o el acompañamiento de una mujer que padece violencia de género”.

En este marco, el colectivo está realizando su segunda encuesta para trabajadoras de la seguridad pública. Se hace de manera anónima y con el fin de obtener datos necesarios que sirvan como argumento para impulsar a los senadores a tratar el proyecto.

“Dentro de la fuerza se sigue protegiendo a ciertas personas y ciertas jerarquías y hay denuncias que no llegan al Ministerio (Seguridad). Necesitamos que todas esas situaciones de violencia estén en un solo lugar, fuera de lo que es la institución policial”, explicó la mujer en cuanto a la creación del Cipgen.

Algunos logros ya obtuvieron. Por ejemplo, que se respete el derecho de toda mujer policía a amamantar a sus hijos  en período de lactancia, concediéndole prioridad para poder trabajar cerca de su domicilio, o participar de los concursos de ascenso durante el embarazo o con licencia por maternidad. Para la toma de denuncias, observan que aún hay resistencias, sobre todo en oficiales de cargos superiores. También “se suele cambiar de lugar de trabajo a las víctimas y no a los imputados”.    

En todo este contexto de desigualdad, la policía adujo que aún existen palabras que no se pueden usar. Tal es el caso de: machismo, patriarcado, feminismos o micromachismos. Pero la puesta en marcha de la Ley Micaela como formación obligatoria para el personal policial y penitenciario “generó algunos replanteos en la fuerza”. “Hablar de derecho de las mujeres y las disidencias es hablar de derechos humanos”, marcó la referenta.

Nueva encuesta 

Como en 2019 La Red encara desde el mes pasado un nuevo relevamiento sobre las vicisitudes de las mujeres y disidencias que prestan servicios en las fuerzas de seguridad santafesinas. El trabajo se hace a través de redes sociales o por Whatsapp, y de manera anónima. 

El trabajo hecho en 2019 se hizo en base a 300 mujeres policías y penitenciarias de la provincia y dejó a la vista las inequidades de género que padecen las trabajadoras. Acoso laboral y sexual por parte de jefes y compañeros (la mitad de las encuestadas lo padeció) hasta el relegamiento en la carrera policial (8 de cada 10 nunca ocuparon un puesto de mando) por un sistema de evidente corte patriarcal.

Entre las respuestas, el 52,8% reveló haber sufrido violencia de género en su trabajo; en el 56% de esos casos, fue de índole psicológica, pero también simbólica (25,8%), sexual (8,1%), económica (4,4%) y física (5,6%). En su mayoría (69%) el agresor fue un jefe. Más estridente aún es que el 86% de esas situaciones no fue sancionado ni resuelto por parte de la institución.

El 45% de las agentes respondió que sí ha tomado licencias por patologías psicológicas o psiquiátricas. En el 82% de esos casos, se motivó a una situación de acoso laboral de un jefe o compañero, y el 18% por acoso sexual. El 60% tiene más de 5 años de antigüedad, y 17,7% tiene más de 15 años de carrera, suficiente trayectoria como para ocupar cargos de mando, y la mayoría con alguna clase de capacitación, incluso universitaria. Pero solo 2 de cada 10 ha llegado hasta esas instancias jerárquicas.

La intención de fondo es que el Senado provincial sancione como ley la creación del Centro Integral con Perspectiva de Género, una iniciativa de la diputada Alicia Gutiérrez que en agosto de 2019 mereció media sanción unánime en Diputados, pero el tiempo le hizo perder su estado parlamentario. "Nos falta avanzar mucho. La Policía es una institución patriarcal y arcaica", concluyó.