A través de una medida cautelar, este miércoles la Justicia ordenó al ministerio de Desarrollo Social restablecer las pensiones por discapacidad en todo el país que afectaron a más de 170.000 beneficiarios. Es la primera medida de este tipo con alcance nacional.

La jueza federal de seguridad social Adriana Camarata ordenó al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que "en forma inmediata" restablezca el pago de pensiones no contributivas por invalidez a residentes con discapacidad de todo el país, en aquellos casos en que hayan sido suspendidas "sin mediar resolución fundada previa". 

Luego del drástico recorte de pensiones llevado a cabo por el ministerio de Desarrollo Social liderado por Carolina Stanley sólo unos meses atrás, ahora la Justicia falló a favor de una acción de amparo presentada por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Redi).

Camarata se apartó del plazo de seis meses que la ley prevé como máximo de una cautelar contra el Estado y aclaró que su decisión provisoria tendrá vigencia hasta que se dicte sentencia definitiva.

En tanto, la medida cautelar es para todos los casos de la República Argentina, excepto la ciudad de Viedma, donde ya se dictó una medida cautelar para un colectivo de menor entidad.