__tadevel:head__Carlos Palavecino tenía once años y realizaba tareas agrícolas en un campo del paraje Los Ardiles de la Costa, una población rural del departamento La Banda, a 35 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero. Estaba trabajando con el arado junto a su hermano Mariano, de veintidós, cuando una tormenta eléctrica llegó a la zona. Un rayo alcanzó a Carlos, que murió de inmediato. 

Nicolás González Vilas tenía doce años y andaba en cuatriciclo por una playa de Cariló junto con otros dos chicos. Era oriundo de Corrientes y estaba vacacionando con sus padres. Circulaba sin supervisión de un adulto en el vehículo de 800 centímetros cúbicos cuando sufrió un accidente y falleció por “traumatismo encefálico de cráneo y torácico”.

En dos polos opuestos del país, en dos circunstancias completamente distintas pero igualmente innecesarias, dos menores de edad perdieron la vida. Sin necesidad de aclarar que toda muerte es lamentable, estas movilizan particularmente porque implican a niños en situaciones de vulnerabilidad tan diferentes como evitables.

Las preguntas inmediatas que se suscitan en cada caso son similares: ¿Por qué hay niños en edad primaria andando solos en cuatriciclo? ¿Por qué hay niños trabajando en asentamientos rurales cuando existen leyes que prohiben y penalizan el trabajo infantil? Las respuestas son complejas. También lo son las responsabilidades acusables a priori: particulares en un caso, estructurales en el otro. 

Según un informe elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social y Unicef en 2012, hay más de un millón y medio de niños y adolescentes por debajo de la línea de pobreza, y 370.000 bajo la línea de indigencia. Estos factores socioeconómicos son considerados los principales indicadores de vulnerabilidad para la niñez, si bien se reconocen otros, como el consumo y abuso de sustancias y la la violencia doméstica y familiar. 

A pesar de los esfuerzos estatales que, en el marco normativo, incluyen la sanción de la Ley de prohibición del Trabajo Infantil (26.390) y la modificación del Código Penal que considera como delito el acto de hacer trabajar a niños, niñas y adolescentes, todavía hay más de medio millón de menores de edad que trabajan. La mayor parte de ellos lo hace de manera informal y se concentra en las provincias del Noroeste (entre las cuales se incluye a Santiago del Estero), Mendoza y Córdoba.