La Justicia santafesina condenó este viernes a dos exfuncionarios del gobierno de Carlos Reutemann por considerarlos responsables de la dramática inundación de 2003 que hizo estragos en la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, ninguno de los dos irá a prisión.

Se dictaron tres años de prisión de ejecución condicional para Edgardo Berli, ex ministro de Obras Públicas del gobierno, y para el ex director provincial de Hidráulica, Ricardo Fratti, por el delito de estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas.

En tanto, el tercer imputado en la causa, Marcelo Álvarez (intendente de Santa Fe al momento de la inundación), falleció en abril del año pasado.

“Mediante la omisión culposa de los cuidados necesarios y oportunos para prevenir y contener la creciente del Salado, se produjo un estrago por inundación, con numerosos daños y la muerte de asfixia por inmersión de 18 personas”, reza el fallo firmado por el juez Octavio Silva 

Y agrega: “El anegamiento pudo haber sido prevenido y retrasado e incluso aminorado los volúmenes de ingreso que al final alcanzarían a los mismos niveles embalsados dentro de la ciudad, pero que el desborde del río por su crecida extraordinaria y su invasión a la planta urbana (enclavada en su valle de inundación natural) era una consecuencia inevitable, aún de haberse levantado el cierre provisorio”.

A 16 años de la catástrofe

El 29 de abril de 2003, las aguas del río Salado ingresaron abruptamente por un sector inconcluso del terraplén de defensa, en inmediaciones del hipódromo, lo que causó estragos en un tercio de la ciudad, especialmente en los barrios del sur, oeste y norte.

En tanto, el gobierno santafesino reconoció un listado oficial de 23 muertos, aunque posteriormente la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe elevó esa cifra a 158 teniendo en cuenta a las víctimas por daños colaterales.

Cabe señalar que en la causa no está imputado Reutemann, pese a que incluye 35 testimonios, entre ellos los de los peritos oficiales, que señalan que el agua ingresó por una defensa inconclusa y que la orden de evacuación debió ser dada como mínimo un día antes.