El conflicto que enfrenta al intendente de la ciudad de Las Rosas, Javier Meyer, con el sindicato municipal por el recorte de haberes a empleados sumó otro capítulo este martes de madrugada, cuando alguien lanzó una bomba de estruendo dentro de un despacho de la Secretaría de Cultura y Prensa de esa municipalidad.

Fernando Butto, encargado del área, denunció que hacia las 3 de la mañana de este martes manos anónimas arrojaron el explosivo hacia dentro de una oficina de la intendencia, pero no había sido encendido. El funcionario encuadró la acción en el marco del conflicto de los municipales con el Ejecutivo local, gobernado desde diciembre por la alianza Cambiemos.  

Por otra parte, Butto opinó que el paro anunciado por la federación del gremio, Festram, para este miércoles, "rompe con la paz social de una ciudadanía tranquila”. Y no tuvo reparos en calificar estas maniobras como “ataques terroristas con bombas en oficinas, golpeando a la Policia y múltiples amenazas de muerte”.

Butto calificó las acciones de los empleados municipales como “un golpe institucional destituyente” por estar de paro desde la asunción de Meyer en diciembre pasado, “en un sistema corrupto y mafioso, donde autoridades provinciales no hacen nada”.

Detalló sobre la decisión de bajar los sueldos: “realizamos una auditoría de Personal, dónde salió a la luz que 54 operarios (de una planta de 207) cobraban en sus recibos de sueldos adicionales que están fuera del estatuto (Ley Prov. Nº 9286), y por lo tanto no corresponde pagarlos. Algunos duplicaban su sueldo con estos adicionales, ya que eran del mismo valor del sueldo básico”, refirió.

Fue por esta irregularidad contable que Butto defendió: “Tomamos la medida, totalmente legal y dentro de las facultades del ejecutivo mediante el Decreto 02/2016, de bajar esos adicionales y comenzar a corregir el terrible déficit que tiene este Municipio, que en los últimos 4 años, perdiera 23 millones de pesos”. Y desde el momento en que se recortaron los salarios, Festram se encuentra realizando medidas de fuerza.

Aseguró que “90 empleados quieren trabajar, pero no pueden hacerlo, ya que tienen retenida la maquinaria en el corralón de Maestranza, un delito flagrante. Además de los ataques y destrucción del Palacio Municipal y al domicilio particular del intendente”. Sobre este panorama, fustigó que autoridades provinciales miran para otro lado: “No recibimos un sólo llamado del gobernador Miguel Liftchitz para informarse de la situación”.

Además fustigó sobre la conciliación obligatoria firmada por los municipales y la intendencia, que los ministros provinciales “quieren hacer retrotraer la medida”, y aseguró: “No pagaremos esos adicionales, porque incurriríamos en la misma ilegalidad que han cometido los intendentes anteriores”.

Pero lo que el funcionario municipal no dijo es que el Ejecutivo también incurrió en una actitud ilegal al desobedecer la conciliación obligatoria que impuso semanas atrás el Ministerio de Trabajo.

Aclaró Butto que se descontarán los días de paro que ha realizado el 60 por ciento de la planta, “ya que es totalmente ilegal debido a los múltiples delitos que han cometido durante la medida de fuerza, y como ya lo mencioné, la medida está dentro de las facultades del Ejecutivo”.