Los docentes nucleados en Amsafé definieron como "unilaterales" las decisiones tomadas por el Ministerio de Educación de Santa Fe en relación con las condiciones de trabajo, carrera docente, temas pedagógicos, salariales y todo lo referido a la vida escolar. En este sentido, remarcaron que debió haber sido la mesa paritaria el ámbito para debatirlo.

Puntualmente, detallaron que las resoluciones 216, 223 y 224 del Ministerio "desconocen lo que a diario sucede dentro de las escuelas, no contemplan el trabajo cotidiano de docentes, directivos y supervisores, no sólo en estos momentos de emergencia, sino a lo largo de cada ciclo lectivo".

Sobre la Resolución 216, subrayaron que "el Estado tiene la obligación de garantizar las trayectorias de los alumnos y las alumnas, dicha función es indelegable, y no puede recaer en los supervisores y directores que ya realizan innumerables tareas".

Respecto a la situación de las evaluaciones mencionada en la resolución 224, indicaron que "es cierto que no puede desarrollarse tal y como se venían haciendo antes de la suspensión de clases presenciales".

Y agregaron: "Debemos poner en valor los aprendizajes, no en forma punitiva, sino con una mirada de aprecio y estímulo, sin que esto implique puntaje alguno. También esta resolución genera incertidumbre en las escuelas de enseñanza media para adultos, cuyos cursos de segundo y cuarto año son cuatrimestrales.

En relación a la resolución 223, sostuvieron que las instancias de evaluación para terminar carreras que se mencionan en el punto 1 "no deben poner en riesgo la salud de estudiantes y docentes, ni tampoco profundizar aún más las diferencias, debido a situaciones de conectividad, uso de datos, distancias, etc. Este no es un contexto en el que se pueda hablar de desarrollo normal del ciclo lectivo y debe ser entendido de esa manera".

Por último, consideraron "totalmente inexplicable" lo referido a "Examinaciones de alumnos que adeudan hasta cuatro espacios curriculares pasada la evaluación de marzo de 2020”. En este sentido, argumentan que "genera una situación de retroactividad e inequidad difícil de explicar cuando los turnos de exámenes de diciembre, febrero y marzo fueron cumplimentados normalmente".

"Actualmente los diferentes cursos de escuelas secundarias se encuentran desarrollando sus actividades y esta normativa significa un cambio arbitrario en las reglas de juego", concluyeron.