__tadevel:head__

La lluvia cesó pero la crudeza de la inundación recién comienza a dimensionarse y a la par surgen las primeras estimaciones sobre las pérdidas. Según el gobierno de Santa Fe, el daño en materia económica ronda los 1.100 millones de dólares, con más del 25 por ciento de la superficie productiva afectada. En el medio, discrepancias entre Nación y Provincia, que se adjudican responsabilidades.

La pérdida alcanza los 3.500 millones de dólares si se suma el fenómeno climático de abril de 2016, El Niño, que pegó fuerte en la provincia de Santa Fe y borró del mapa por semanas a algunas localidades rurales.

Más allá del caos urbano que produjo el agua, las áreas productivas no se recuperan fácilmente y mucho menos la producción. De un total de siete millones de hectáreas de área agrícola cultivada, cuatro millones se encuentran afectadas, de las cuales al menos 1,5 millón de manera crítica, es decir un 25 por ciento de la superficie.

Responsabilidades ¿compartidas?

En Santa Fe miran con algo de recelo a la provincia de Córdoba. Fue el gobernador Miguel Lifschitz quien apuntó contra la provincia mediterránea por el natural escurrimiento del caudal. "Coincidimos en hacer un análisis integral de las cuencas, no sólo en Santa Fe sino también de Córdoba, que nos tira el agua hacia acá y tenemos poca capacidad de evacuarla”, sostuvo.

La reunión entre funcionarios provinciales y el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, enviado directamente por el presidente Mauricio Macri, estuvo marcada por la tensión y no hubo definiciones concretas. Desde la provincia ya habían manifestado cierto malestar por la poca ayuda económica recibida luego de la inundación del año pasado, y exigieron ahora fondos extraordinarios porque los productores están arruinados en muchos casos.

Nación, por lo bajo, apunta contra Santa Fe por la falta de obras hídricas. Luego de una evaluación técnica, Buryaile convocó a la Comisión de Emergencia Agropecuaria para el día 19, para tratar la declaración de emergencia que firmó el gobernador y a partir de ahí “hay espera impositiva, espera bancaria, suspensión de ejecuciones y liberación de fondos”.