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La diputada provincial Lucila De Ponti presentó un proyecto en la Legislatura que establece modificaciones en el aporte tributario que realizan las grandes entidades bancarias para incrementar los recursos destinados a combatir la pandemia del coronavirus y su fuerte impacto en la economía de Santa Fe.

El proyecto modifica el artículo 7 de la Ley Impositiva Anual (Nº 3650) y pasa a aumentar el porcentaje en el gravamen a las operaciones de instituciones financieras y bancarias cuando “el total de la suma del haber de las cuentas de resultados resulte mayor a la suma de pesos cuatro mil quinientos millones ($ 4.500.000.000)”. 

“Todos queremos que el Estado provincial garantice las medidas necesarias para cuidar a la población santafesina, tanto desde la perspectiva sanitaria como económica y social. Para poder hacerlo la provincia necesita recursos y en este contexto de fuerte caída de la actividad económica y por tanto de la recaudación impositiva, creemos que es necesario que los sectores que mantuvieron durante años altos niveles de rentabilidad hagan hoy un mayor esfuerzo”, explicó la legisladora del Movimiento Evita.

La iniciativa justifica esta modificación en el esfuerzo que realiza el gobierno provincial –en sintonía con su par de nación- para enfrentar la crisis sanitaria y económica, a pesar de que la abrupta caída económica mantiene en jaque los recursos de las cuentas públicas de la provincia.

Según explicó De Ponti “el sistema bancario cosechó durante los últimos años enormes rentabilidades promovidas por la política económica del gobierno de Cambiemos que garantizó altas tasas de interés, principalmente a través de las Leliq y otros instrumentos similares, hoy nuestro país y nuestra provincia necesitan que avancemos en un esquema de mayores aportes por parte de aquellos que tienen la capacidad de hacerlo”.

“Si bien esto refiere a una discusión de fondo acerca de la progresividad de los impuestos y la necesidad de avanzar hacia un esquema impositivo de mayor justicia, hoy lo que estamos pidiendo es un aumento de los ingresos brutos por un período de tiempo determinado para sostener al Estado frente a los enormes costos adicionales que implican las políticas desarrolladas para mitigar los efectos de la pandemia”, finalizó.