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Finalmente debutó el comando estratégico. La ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich y el gobernador Miguel Lifschitz se reunieron en Rosario e hicieron anuncios vinculados al combate contra la inseguridad. Parece un entendimiento trabajado, pero en realidad sólo fue trabajoso. Costó el acuerdo político, no el técnico. Lo que pasó fue un logro de la gente en la calle, movilizada en las dos ediciones del Rosario Sangra. Sólo hace falta recordar que Lifschitz fue muy concreto cuando empezó su gestión: No quería a Gendarmería en la provincia, sólo las dotaciones mínimas y para los controles de rutas de ingreso a Santa Fe. No en los barrios, no saturando los barrios.

Pero tuvo que ceder, creyó que no le iba a pasar lo mismo que a Antonio Bonfatti. Creyó que si tenía un acierto en la materia, ahí donde nadie había acertado, el rédito sería todo suyo. No tendría que compartirlo con nadie. Tenía (aún lo tiene) un ministro joven y decidido capaz de trabajar todo el día en el tema. No alcanzó, la crisis volvió y tuvo que cambiar tres jefes policiales en ocho meses, la tasa de homicidios volvió a dispararse y en esa paja seca, la chispa encendió el fuego: Una seguidilla de asesinatos en ocasión de robo desbordó la paciencia de los vecinos que salieron a pedir lo que es una obligación del Estado.

La gente no pide Gendarmería ya, ese pedido es una síntesis. Lo que quiere es ver a algún uniformado de vez en cuando controlando algo. Quiere ver al Estado en sus funciones, brindándole seguridad. Santa Fe no pudo depurar a su policía cuando había miles de gendarmes en el territorio. Tampoco lo podrá hacer ahora, sólo la decisión y conducción política sobre la fuerza podrá lograrlo en algún momento. Es ilusorio el escenario “gendarme bueno, policía malo”. No es así, pero los vecinos buscan esperanzas, alguna síntesis que los tranquilice, algo que los ayude a creer que no todo está perdido.   

El acuerdo firmado entre Nación y Provincia tiene poca importancia, lo novedoso sería que se cumpla. Lo otro ya se vió: Promesas de coordinación estratégica y operativa para enfrentar el delito. Si habrá mayor cantidad de fiscales provinciales y federales, deberían acortarse los tiempos para cubrir los cargos. Lo mismo para las procuradorías especiales. De nada sirve habilitar 40 nuevos fiscales en Santa Fe si aún no pudo nombrarse en tres años a quien debía controlarlos. El juzgado federal de Venado Tuerto va a cumplir cuatro años sin formarse.

Los anuncios deben llevar a las concreciones, el acuerdo entre Nación y Provincia debe mostrar resultados al corto plazo. De lo contrario, habrá sido otro capítulo más en una larga historia de frustraciones. Como dijo Lifschitz, nadie puede exhibir éxitos en la materia en el país, precisamente por eso es tan grave la notoriedad de los fracasos en esta provincia.