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El próximo 1º de enero Michel Temer le transferirá los símbolos presidenciales a Jair Bolsonaro, el exmilitar y político de extrema derecha que conducirá los destinos de Brasil durante los próximos cuatro años. Los discursos del presidente electo tuvieron mayoritariamente como eje la promesa del combate a la corrupción. Sin embargo, hace pocos días, un informe del Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf) reveló movimientos sospechosos por más de 1,2 millones de reales -equivalentes a 309 mil dólares- en una cuenta bancaria a nombre de Fabricio Queiroz, un antiguo chofer de Flavio Bolsonaro, hijo del presidente electo y diputado por el estado de Río de Janeiro. El problema es que los movimientos bancarios en las cuentas de Queiroz no se condicen con su capacidad financiera. Los 1,2 millones de reales no se pueden explicar con sus ingresos de 23 mil reales mensuales, señalan desde la Coaf. Flavio Bolsonaro expresó en las redes sociales que el chofer era de su confianza y que no tenía conocimiento de nada que perjudicase su conducta.

El hallazgo de las actividades se enmarca en una operación denominada Furna da Onça (cueva de la pantera en portugués) una ramificación de la investigación Lava Jato, que ha revelado algunos casos de movimientos ilícitos de dinero entre funcionarios de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro y hay al menos 10 diputados estatales procesados.

 

Sospechas cerca del presidente

La investigación incluye a Michele de Paula Firmo Reinaldo, una exsecretaria parlamentaria que también fue mencionada en el informe por el cobro de un cheque emitido por Queiroz, quien le habría devuelto dinero prestado. La importancia de Michele radica en que fue en su rol de secretaria parlamentaria que conoció a Jair Bolsonaro y se convirtió en su esposa. El 1º de enero, asumirá el rol de Primera Dama. Respecto del cheque en cuestión, el mismo presidente dijo que se trataba del pago de una deuda.

A pesar de las sospechas que generan los movimientos, el Ministerio Público indicó que no necesariamente son ilícitos. Pero es un dolor más de cabeza para el presidente entrante, a pocos días de asumir el cargo para el cual fue electo el pasado 28 de octubre.

Pero las sospechas no llegan solamente al entorno familiar de Bolsonaro, sino también a quien será uno de sus más relevantes funcionarios. La policía federal de Brasil abrió una investigación sobre el futuro ministro de Economía, Paulo Guedes, por un presunto fraude vinculado a fondos de pensiones de empresas estatales. El economista neoliberal está sospechado de haber realizado operaciones fraudulentas en el manejo de cientos de millones de reales pertenecientes a los fondos públicos de pensiones. Esos fondos, que correspondían a Petróleo Brasilero SA (de participación estatal), Banco do Brasil, Caixa Económica Federal, y al servicio postal público, fueron invertidos en una empresa de la cual Guedes es el principal accionista, según se desprende de la acusación del Ministerio Público y de un informe preparado por la Superintendencia Nacional de Pensiones Complementarias (Previc).

El hecho de que las investigaciones avancen en Brasil inclusive con la imagen intacta de la cual goza Bolsonaro tras su reciente elección, es una muestra de los márgenes de independencia alcanzados por el poder judicial, el Ministerio Público y la Policía Federal en los últimos años en torno al entramado de corrupción e impunidad.

Ese entramado pasó a ocupar un espacio central en la agenda pública brasileña durante el último año, impulsado por la actuación cada vez más incisiva del poder judicial y de la Policía Federal, en el contexto de un duro ajuste fiscal. La ciudadanía sintió que la crisis económica podría haberse evitado o al menos mitigado en buena medida si no se hubiera robado tanto.

Bolsonaro puso el foco de su campaña presidencial sobre tema, acusando al Partido de los Trabajadores (PT) de ser el único partido corrupto. Pero el eje corrupción-impunidad es transversal a todo el sistema de partidos políticos en Brasil, tal como lo ha demostrado en reiteradas oportunidades la investigación Lava Jato, que llevó a la cárcel a figuras de prácticamente todos ellos.

Ahora bien, la centralidad que Bolsonaro le dio al tópico de la corrupción en la campaña y su autoerigida figura como emblema de la honestidad, sitúa al nuevo presidente en un lugar peligroso frente a las acusaciones de corrupción en su entorno como las que comienzan a aparecer en el marco de la operación Furna da Onça.

En principio, porque de comprobarse corrupción en su entorno, la imagen presidencial podría verse rápidamente devaluada. Pero además, porque como candidato, hubo sectores de la derecha moderada que apoyaron a Bolsonaro de manera oportunista cuando ya estaba claro que ellos no tenían posibilidades de alcanzar la victoria. Si esos sectores de la derecha tradicional -también afectados por la investigación Lava Jato- reaccionaran ante casos como este, podrían comenzar a negociar apoyo a cambio de impunidad, frente a un jefe de Estado vulnerable. También hay sectores que lo apoyaron y en el reparto de cargos terminaron sin tanta participación. Además hay elementos contradictorios que pueden reflotar en cualquier momento y, en la medida en que aparezcan más grietas como estas acusaciones de corrupción o algún otro escándalo, esas contradicciones tenderán a agravarse y el precio que los aliados van a cobrarle a Bolsonaro por su apoyo, será cada vez mayor. Recuérdese que en ambas cámaras legislativas, el Partido Social Liberal (PSL) de Bolsonaro está lejos de contar con mayoría.

 

Moros en la costa

Uno de los miembros del nuevo gobierno es Sergio Moro, el exjuez federal que en abril de 2018 envió al ex presidente Luiz Inacio Lula Da Silva a prisión, tras una polémica condena por corrupción y lavado de activos. La nominación de Moro como ministro de Justicia causó controversias, debido a sus afirmaciones respecto de que nunca aceptaría un cargo político, al tiempo que fortaleció el discurso del nuevo presidente respecto a la corrupción.

El magistrado, que cobró una enorme popularidad por su retórica de combate a la corrupción, expresó que no le compete a él pronunciarse sobre el informe de la Coaf, y sostuvo que las personas implicadas deben dar sus esclarecimientos, tal como lo hizo el presidente. Respecto del informe, Bolsonaro expresó que si algo estuviera errado, ya sea conmigo, con mi hijo o con Queiroz, pagaremos la cuenta de este error, porque no podemos comulgar con el error de nadie. Para ser un error, tendría que tratarse de corrupción involuntaria, si es que esa categoría existe.

El problema con Moro es que se trata de una figura que, hasta antes de las elecciones, era mucho más popular que Bolsonaro, y también más aceptada por el establishment. Al sumarlo a su gobierno, Bolsonaro apuntó a alguien popular para fortalecer la aceptación de su gobierno, especialmente por parte de quienes deploran la corrupción del pasado reciente pero al mismo tiempo no están convencidos con el programa del nuevo gobierno.

 

Por ahora las cifras respaldan al presidente

Pese al informe, los sondeos son favorables a Bolsonaro. Un reciente estudio del Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (Ibope), señala que el 75 por ciento de los brasileños opina que, respecto de las medidas anunciadas, el presidente electo y su futuro equipo de ministros están en el camino correcto, mientras que el 14 por ciento afirman que va por el rumbo equivocado.

Las expectativas sobre el líder ultraderechista son positivas: el 64 por ciento de los consultados cree que el próximo gobierno óptimo o bueno. El 18 por ciento afirma que será regular, el 14 por ciento pronostica una gestión mala o pésima, y sólo el 4 por ciento optó por no responder.

Para la mayoría de los entrevistados, la salud y el empleo son actualmente los principales problemas de Brasil. Los temas fueron citados por el 46 y el 45 por ciento, respectivamente.

Detrás aparecen algunas de las banderas de la campaña de Bolsonaro. El 40 por ciento de brasileños cree que el principal problema del país es la corrupción, y el 38 por ciento destaca la seguridad pública. Es decir, que hay muchos votantes convencidos de que el solo cambio de gobierno resolverá en buena medida los problemas de la corrupción y la inseguridad. ¿Y si eso no fuera así?