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El pasado 14 de marzo se cumplió el primer aniversario del asesinato de Marielle Franco, una concejal de la ciudad de Río de Janeiro perteneciente al Partido Socialismo y Libertad. Su automóvil fue baleado con un arma automática. El atacante disparó 13 tiros. Ella recibió cuatro balazos en la cabeza. Su chófer, Anderson Gomes, también fue asesinado. Sólo sobrevivió su jefa de prensa. El caso conmocionó a la opinión pública en un país con un alto nivel de violencia política. Una investigación realizada el año pasado por la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, reveló que entre 1998 y 2016, se registraron 79 muertes de candidatos en campaña, una media de 16 asesinatos por período electoral. Pero de todas maneras, el país no sufría desde hacía décadas el asesinato de un político electo.

Marielle Franco, de 38 años, era afrodescendiente, creció en una favela de Río, era feminista, defensora de los derechos LGTBI y fiscalizadora de abusos policiales. Dos días antes de cumplirse el primer aniversario de su asesinato, la policía civil detuvo a un policía militar jubilado y a otro que fue expulsado del cuerpo. Uno está acusado de apretar el gatillo. El otro, de conducir el automóvil utilizado en el atentado. Se trata de los primeros resultados concretos tras el asesinato, en un año signado por la violencia y el discurso del odio, que incluyó un tiroteo sobre una caravana del Partido de los Trabajadores (PT) que transportaba a Luiz Inacio Lula Da Silva, y el atentado con un arma blanca contra Jair Bolsonaro cuando estaba en plena campaña presidencial. 

Los detenidos

La escasa información oficial sobre el crimen y los pobres avances alcanzados fueron duramente criticados durante los últimos meses. Amnistía Internacional había publicado poco tiempo atrás un informe sobre los muchos interrogantes de la investigación y reiteraron una petición para que el caso fuera investigado por un grupo independiente, no vinculado a la policía. Hasta que el martes pasado se conoció que la policía había detenido a dos personas.

Ronnie Lessa, de 48 años, sargento retirado de la policía militar y que perdió una pierna en un ataque con una granada en 2009, está acusado de empuñar el arma. Elcio Viera de Queiroz, también expolicía militar, expulsado del cuerpo en circunstancias que no se conocen, está acusado de conducir el automóvil que siguió al de la concejal para matarla. Tenía publicada en las redes sociales una foto suya con el presidente Bolsonaro.

El supuesto asesino material, vive casualmente en el mismo complejo de Barra de Tijuca en el cual Bolsonaro vivió hasta que se mudó a Brasilia para ocupar la presidencia. En ese mismo complejo el actual mandatario se reunía cuando era diputado con la denominada bancada de la bala, un grupo de legisladores compuesto por expolicías y exmilitares que impulsaron medidas radicales en materia de seguridad pública.

Y las casualidades no concluyen allí. Durante el allanamiento a la lujosa casa de Lessa -que difícilmente pudo ser adquirida con su pensión de policía en la reserva, que asciende a 7 mil reales mensuales-, se incautaron documentos, computadoras, un automóvil blindado de alta gama y 117 fusiles M-16. Lessa es además, el padre de la exnovia del hijo menor de Bolsonaro.

Ronnie Lessa nunca había sido condenado ni procesado aunque sí era sospechoso de vínculos con mafias criminales, al igual que Queiroz. En Río de Janeiro operan varios grupos criminales denominados milicias, integrados por agentes de policía retirados y también por agentes activos. Ahora esas sospechas parecen confirmarse. Los asesinos serían parte de una célula de sicarios denominada Oficina del Crimen, vinculada a una milicia del barrio Río das Pedras, en la zona oeste de la ciudad. Se trata del mismo lugar donde viven el chófer y testaferro de Flávio Bolsonaro, Fabrício de Queiroz, y otros asesores del hijo del presidente.

La policía llegó hasta Lessa porque una cámara captó el momento en en el cual, dentro del coche que emboscó a Franco, se encendió un teléfono móvil por una llamada entrante, la triangularon y resultó ser de una persona vinculada al agente retirado. Los investigadores lograron permiso para acceder a los datos de su móvil alojados en la nube y pudieron observar que monitoreaba los movimientos de la concejal, de su mentor político y de otras figuras de la izquierda brasileña. A partir de allí, se gestaron a las detenciones. Para la fiscalía, el crimen fue meticulosamente planeado durante tres meses. Sin embargo, las investigaciones tienen un largo camino por delante y aún parecen estar lejos del objetivo principal que es saber quién fue el autor intelectual del crimen.

El asesinato de Marielle Franco causó una conmoción nacional en marzo de 2018 y decenas de miles de personas se volcaron espontáneamente a las calles para protestar. Las movilizaciones  sorprendieron por lo masivas y por la presencia dominante de mujeres activistas junto con otras sin militancia.

Con la llegada de Bolsonaro a la presidencia, el tema escaló. El excapitán ha reivindicado a las milicias en actos políticos y hasta en el recinto del Congreso cuando fue diputado. Además, Bolsonaro prometió durante la campaña electoral facilitar a los brasileños la adquisición de armas para su protección personal y los legisladores estudiaron la posibilidad de revocar la ley que restringe la propiedad de armas. La presión para ampliar el acceso a las armas gana terreno en la medida que aumenta la tasa de homicidios en el país. En 2018 se registró un récord de 63.880 personas asesinadas -a razón de 175 por día- de acuerdo a un informe del Foro de Seguridad Pública de Brasil. Pero lo más interesante es que a raíz de las promesas de campaña de Bolsonaro, las acciones de Forjas Taurus S.A., la única empresa fabricante de armas del país que cotiza en bolsa, amplió sus ganancias con aumentos del 15 por ciento en sus acciones antes de que el candidato se convirtiera en presidente. Ya en ejercicio de la primera magistratura, Bolsonaro firmó a mediados de enero un decreto que flexibilizó la posesión de armas de fuego permitiendo hasta cuatro por persona.

Es vox populi en Brasil que la campaña presidencial fue financiada por las iglesias evangélicas, los productores rurales y también por los productores de armas. 

Masacre en Sao Paulo

En este contexto signado por la violencia, se produjo la semana pasada una masacre en un colegio público de Suzano, en la zona metropolitana de Sao Paulo. Dos antiguos alumnos, un adolescente de 17 años y un joven de 25 años, irrumpieron armados y asesinaron a ocho personas. Uno de los dos jóvenes era admirador del presidente Bolsonaro y un ferviente defensor de la portación de armas. El perfil de Facebook de Guilherme Taucci Monteiro, reveló que el joven tenía fotos con armas de fuego, cuchillos y videos de tiradores.

El discurso del odio engendra más odio, y la facilitación de armas traduce ese odio en muerte.

Si los dos parapoliciales arrestados la semana pasada por el asesinato de Marielle Franco aceptan confesar lo que saben, ese podría ser un paso para esclarecer el crimen. Y también para echar luz sobre la trama de poder que se oculta detrás de Jair Bolsonaro.