Incrédulo, el gobierno de Mauricio Macri vio en los últimos días cómo se le iban por el drenaje algunos de los asuntos más importantes que tenía en carpeta. Cuando creía haber postergado hasta el año próximo la discusión por el impuesto a la Ganancias, el Frente Renovador de Sergio Massa le ganó la cuerda y aprovechó el incumplimiento de la principal promesa electoral para presentar una iniciativa que no sólo libera a miles de asalariados argentinos del descuento de entre 2.000 y 7.000 pesos por mes, sino que además le indica al Ejecutivo de dónde puede sacar los 48.500 millones de pesos que originaría el costo fiscal de tal decisión: volverle a cobrar retenciones a las mineras, gravar el juego y a la renta financiera sonaron como una plataforma progresista difícil de resistir aún para el kirchnerismo que insiste en que Massa es el plan B del establishment.

Cuando aún no se reponía del golpe, el presidente y sus ministros asistieron a una segunda derrota en muy pocas horas. La reforma política por la que tanto habían apostado en el Congreso, se iba a los cajones con voto electrónico incluido por decisión de un amplísimo arco peronista que incluyó a varios gobernadores y senadores nacionales.

Las sospechas sobre el sistema electoral con maquinitas –hoy en retirada en el mundo entero- terminó por servir como excusa para que no prosperaran otros aspectos que ahora deberán ser discutidos en una mejor ocasión y, seguramente, con el gobierno en otra posición. Quizás mucho más débil.

Pero hubo más. La Ley de Emergencia Social que avanzó rápidamente en el Senado y que generó veladas amenazas de un nuevo veto presidencial, tiene amplio consenso en Diputados, que insiste en tratarla sobre el final del presente período. Ahí se habla del “salario social” para miles y miles de argentinos que se han convertido en las principales víctimas del gobierno, que decidió apagar el motor del mercado interno y del consumo de vastos sectores.

Algunos sostienen que todas estas derrotas del oficialismo se deben a que el 2017 se acerca y la oposición empieza a posicionarse de cara a las elecciones que se vienen. No es tan sencillo. Lo más cercano a la realidad indica que el gobierno empezó a quedarse sin argumentos y pierde fuerza a medida que pasan los meses con más caída de consumo, crecimiento de inflación, desempleo sin freno y poquísimos aliados dentro del empresariado argentino.

Lo más sólido que le queda a Macri es ese porcentaje de la población que cree en un 70 por ciento que la economía marcha mal, pero sostiene asimismo en un 50 por ciento, que “va a mejorar”. Eso se llama confianza y es un elemento sólido en la política pero que se erosiona rápidamente. Hasta la CGT, el más rezagado de los sectores críticos hacia el gobierno, terminó la semana advirtiendo que si no hay cambio de rumbo, el conflicto será inevitable.