__tadevel:head__

La crisis generada por el tarifazo eléctrico “fuera de la realidad” –como dijo la jueza Martina Forns en su fallo que suspendió la aplicación de los incrementos- terminó de poner al desnudo una situación incómoda para el gobierno santafesino y su Empresa Provincial de la Energía. Cuando la administración de Miguel Lifschitz aún no se reponía del señalamiento que le hizo la ex presidenta Cristina Kirchner, que acusó a Santa Fe de “hacer caja” con los subsidios nacionales que no le descontó a los usuarios de esta provincia; la propia jueza Forns ratificó que la EPE “no puede cobrar los aumentos que están suspendidos” y agregó que “no necesita ninguna comunicación especial” como argumentó la distribuidora eléctrica y la propia secretaría de Energía provincial para suspender el cobro del tarifazo.

No era que la EPE o el Ejecutivo provincial no lo supieran, sino que eligieron atemorizar a los usuarios para que primero paguen y luego reciban un descuento si es que la medida queda en firme. En definitiva se les mintió a los usuarios santafesinos so pena de un corte del servicio que también sería ilegal en el marco judicial nacional actual. La orden es clara: No hay que pagar, los incrementos están suspendidos y la EPE debió comunicarlo así. Pero no lo hizo porque prefirió recaudar lo que pudiera en la obsesión de no “desfinanciar a la empresa”. Para eso es que se hizo “caja” como denunció la ex presidenta. ¿Para qué queremos entonces los santafesinos una empresa estatal si va a actuar como una concesionaria privada, privilegiando la recaudación?¿ Por qué no debería ser solidaria con sus usuarios que llevan años pagando la energía más cara frente a una crisis desatada por la impericia y la insensibilidad social del gobierno nacional?

El gobernador Lifschitz fue “amablemente” retirado de una conferencia de prensa esta semana cuando los periodistas insistían en que aclare esta situación. El mandatario socialista por el momento sólo atinó a ordenar que ninguna empresa santafesina iba a cerrar por el tarifazo eléctrico ya que sería auxiliada por la EPE. Pero no eligió ponerse al frente de los reclamos como lo hicieron otros gobernadores en otras provincias. También interpretó como un ataque o crítica la presentación de la Multisectorial contra el Tarifazo en la justicia provincial y logró que ningún magistrado se animara a darle curso a un amparo por este tema.

Quizás tras esta crisis nacional con las tarifas energéticas, los legisladores santafesinos y el gobierno provincial deban reflexionar también sobre por qué la EPE carece de un marco regulatorio y por qué tampoco convoca a audiencias públicas cada vez que dispone de un incremento tarifario. De lo contrario seguirán apareciendo carteles como los que se vieron en el “ruidazo” del jueves en Rosario, esos que pedían “Lifschitz dejá de mirar para otro lado”.