El año parlamentario cerró en Rosario con una polémica: la creación de la Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) que funcione como “empresa pública de desarrollo urbano”. Es decir, la facultad de que el Ejecutivo pueda encarar proyectos urbanísticos sin pasar por procesos licitatorios y sin mayores controles del Concejo.

Un bloque que sumó su apoyo a esta iniciativa es Ciudad Futura, donde valoran que la herramienta permita obtener créditos nacionales e internacionales y agilice la construcción de viviendas.

Ciudad Futura votó en contra del OK parlamentario para que SanCor Seguros, Obring y el estudio jurídico Salvatierra construyan un rascacielo de 200 metros en Puerto Norte. Pero sí acompañó en esa misma sesión la creación de la SAU, que empezaría por tomar los 6 millones de dólares que dejaría aquella inversión inmobiliaria, como para empezar a gestionar desarrollos urbanos para clases no elitistas. 

“Es una empresa que va a comprar y vender servicios y fondos nacionales e internacionales, herramientas competitivas en lo desigual que es el mercado con sectores empresarios”, analizó la concejala Caren Tepp.

Esta ordenanza aprobada generará, según su mirada, políticas de definición de usos del suelo, plusvalía urbana y construcción de la ciudad, y aseveró al ser consultada por Ariel Bulsicco en Sí 98.9: “El Estado va a tener una intervención más eficiente y más ágil por ejemplo en la tierra fiscal de Puerto Norte llamada Distrito 7, para que esa tierra pueda ser aprovechada por distintos sectores sociales y no seguir haciendo de la vivienda un lujo”.

Caren Tepp, concejala del bloque Ciudad Futura.

En este sentido, Tepp precisó que “la Sociedad Anónima Unipersonal –como se dio en llamar- “es muy similar a otras empresas públicas municipales, y las vías de financiamiento son muchas, principalmente de captación de plusvalías urbanas en diferentes sectores de la ciudad”.

La edila explicó la postura de su partido: “Se puede pensar como en el control de precios en las políticas nacionales, que muchas veces son ineficaces. Cuando el Estado quiere intervenir en los mercados, si solo se queda en acuerdos de fijaciones de precios, la voracidad del propio mercado lo lleva puesto”.

Luego aseguró que desde Ciudad Futura hubo un proyecto de empresa pública de viviendas similar “para que la ciudad pueda operar dentro del mercado inmobiliario y de la construcción con medidas más activas”, y en ese sentido explicó: “Nadie duda de que tener una aerolínea nacional es un signo de soberanía y equilibrio territorial. Entonces cómo no pensar en garantizar las condiciones mínimas de vivienda y servicios básicos, que el municipio tenga una empresa que acompañe ese desarrollo? Hubiésemos querido que esta idea de empresa pública se trate mucho antes”.

En torno a la creación de la megatorre que conllevará una inyección de seis millones de dólares a la SAU, Tepp aseguró: “Votamos en forma negativa porque no hace más que agudizar la fragmentación social de la ciudad. La megatorre va a ir a una instancia intermedia, va a llevar su tiempo de constitución, entiendo que el Ejecutivo municipal tiene una premura por el tratamiento y aprobación de este expediente para recibir los fondos de seis millones de dólares”.

Cuestionada por Bulsicco sobre cómo operará esta empresa autárquica del Estado con el dinero de los inversores, Tepp aclaró: “El control lo tendrá el Concejo, y los fondos entiendo que los va a ejecutar el Servicio Público de la Vivienda y una entidad transitoria hacia la SAU. No pensamos que no se puede construir en ese espacio de la ciudad. La cuestión es cómo se construye, quién construye y para quién”.

Enfrente, la oposición a esta figura jurídica en manos del Ejecutivo municipal se expresó en la concejala Norma López, de Frente de Todos - PJ, que la calificó como “un cheque en blanco para Javkin y los que sigan, por 100 años”.