El gobernador Miguel Lifschitz decretó este martes la conformación de un “Protocolo de actuación para la prevención y atención frente a situaciones de violencia de género en el ámbito laboral” y envió a la Legislatura provincial un proyecto para que Santa Fe adhiera a la llamada Ley Micaela, que tiene como objetivo capacitar y sensibilizar en la materia a quienes integran los diferentes estamentos del Estado.

“El Estado debe ofrecer a los funcionarios y agentes públicos, herramientas ágiles y eficaces para afrontar situaciones de violencia acaecidas dentro de su ámbito laboral y lograr el cese inmediato de tales sucesos, profundizando a su vez la prevención, difusión y capacitación en todo lo atinente a esta problemática”, señala el decreto firmado por Lifschitz.

La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El proyecto indica que “las máximas autoridades de los organismos son responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones” y se invita a sumarse a todos los municipios y comunas de la provincia. “Con estas dos medidas, estamos poniendo al gobierno provincial en línea con la legislación y los criterios más avanzados en materia de prevención de la violencia y el abuso contra las mujeres”, afirmó el gobernador.

El decreto surge días después de que trascendiera que uno de sus funcionarios –el ex director de Industrias Culturales, Pedro Cantini– fuera denunciado por maltrato por otras dos funcionarias políticas dentro del gobierno. Tras la difusión de la denuncia, Cantini renunció al cargo que ocupaba. 

Un tutorial para estatales
Las medidas incluyen la creación de un protocolo de acción por el cual, la persona afectada por una situación de violencia de género recibirá asesoramiento legal y asistencia integral en forma gratuita en todo el territorio provincial. En el caso de que la/el afectado lo requiera expresamente, debe ser oída/o personalmente por la autoridad administrativa correspondiente.

La persona afectada será acompañada y contenida en todo trámite posterior a la consulta, petición, presentación o denuncia que realizara. Asimismo, se le garantizará la participación en el procedimiento y la información sobre el estado y avance del trámite.

El protocolo será de aplicación para los agentes públicos; el personal y las autoridades superiores de las entidades autárquicas; el personal docente, policial y penitenciario; las autoridades superiores; y el personal de gabinete.

“El protocolo se traducirá en una herramienta para promover un ámbito de trabajo libre de violencia, acoso sexual y discriminación basada en el género, orientación sexual, identidad de género o expresión de género, fomentando la protección integral de los derechos humanos, la prevención y la sensibilización en materia de igualdad y equidad de género”, indica el decreto. Además, se establece que la secretaría de Derechos Humanos de la provincia será la jurisdicción encargada de la recepción y el trámite de las denuncias, peticiones, presentaciones o consultas vinculadas con situaciones de violencia de género contra funcionarios o empleados públicos provinciales, conforme al Protocolo aprobado en el artículo precedente.

Las personas que se consideren afectadas o sean testigos directos de situaciones de discriminación o violencia de género podrán consultar y/o pedir asesoramiento. La intervención se iniciará a partir de la recepción de dichas denuncias y, si las circunstancias del caso lo ameritan y la persona afectada desea realizar una denuncia formal, se deberán seguir los mecanismos establecidos por el procedimiento disciplinario previsto en la legislación vigente.