Esta semana la Legislatura aprobó una reforma al Código Procesal Penal, que obtuvo fuerte respaldo de distintos sectores políticos en el marco de la escalada de violencia que atraviesa Rosario, pero que también recibió algunos cuestionamientos sobre sus artículos más relevantes.

La iniciativa fija cambios en 36 artículos además de la incorporación de figuras especiales para las investigaciones. Se trata de la mayor reforma del Código desde 2007, año en que fue implementado.

Santa Fe aprobó una amplia reforma al Código Procesal Penal

En diálogo con Si 98.9, el director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Julián Alfie, expuso su rechazo a las modificaciones aprobadas por la Legislatura santafesina.

“Está claro que la crisis de violencia amerita cambios en el funcionamiento de la justicia penal santafesina, pero lo cierto es que los cambios no van a resolver ninguno de los problemas de la justicia de Santa Fe, más bien los va a agravar”, aseguró.  

Hizo hincapié particularmente en dos puntos y en primer lugar apuntó a las “limitaciones” sobre el sistema oral en la justicia penal. “Ese sistema daba la posibilidad de que la ciudadanía pueda ver qué se discute y como se resuelve, era un paso para romper con el funcionamiento opaco a favor de la corrupción. Con la reforma de ayer, eso se limita”.

Como segundo punto polémico señaló la extensión de los plazos de detención: “Antes eran de tres días, y ahora pasan a ser de ocho y hasta treinta días sin control judicial. Una persona puede estar detenida hasta un mes entero sin que se le informe por qué se lo está investigando y sin que un juez evalúe si esa persona debe estar en prisión o no”.

A partir de estas menciones, concluyó: “Lo cierto es que los principales beneficiarios de la reforma son aquellos eslabones más altos de las cadenas criminales. Esto va a seguir colapsando las cárceles con soldaditos, que son los más fáciles de reemplazar”.

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