Por Julia Irigoitia (*) 

En la última sesión del Concejo Municipal, ingresamos un pedido para que el Senado de la Nación trate y sancione el proyecto de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en Santa Fe. 

Hace una semana su tratamiento en la Cámara Alta se truncó porque los legisladores de Juntos por el Cambio abandonaron la sesión. El pedido constituye un aporte desde nuestra ciudad para exigir que los senadores Carolina Losada y Dionisio Scarpin se acerquen con la realidad que los rosarinos y rosarinas viven todos los días.

El reclamo es una demanda común de toda la sociedad intensificada por la grave crisis de seguridad que sufre Rosario desde hace más de una década. La falta de respuestas institucionales en buena medida se debe a la escasez de recursos para combatir el delito complejo y demanda construir acuerdos sólidos y duraderos entre las distintas fuerzas políticas.

Tras muchos intentos, se logró llegar a un consenso entre los diputados y diputadas nacionales por la provincia de Santa Fe para respaldar la iniciativa presentada por el diputado Roberto Mirabella, que obtuvo media sanción con 214 votos positivos, 0 negativos y 4 abstenciones en la Cámara de Diputados. Fue una muestra de madurez y responsabilidad que jerarquiza la política en un contexto donde se bastardean las instituciones y no faltan quienes buscan sacar provecho electoral del enojo y el fastidio de la gente.

La realidad es grave y necesita de mayor sinceridad y compromiso. El senador Scarpin es de Avellaneda y no conoce la situación de Rosario. La senadora Losada hace mucho tiempo que no vive en la ciudad y tiene el conocimiento de cualquier visitante esporádico. Pero el intendente Javkin conoce y entiende perfectamente que lo sucedido en el Senado fue un golpe bajo contra todos los rosarinos y rosarinas.

Unos días después de esta situación en la Cámara de Senadores el intendente Pablo Javkin viajó a Vera para compartir un acto con los senadores Scarpin y Losada. Sin embargo, no hubo ninguna de las exclamaciones enfáticas que habitualmente realiza a través de los medios de comunicación pidiendo acompañamiento, ni siquiera un simple comentario de lo sucedido. Es una muestra de que, cuando se trata de asuntos electorales, la prioridad no es Rosario.

Por un cálculo meramente electoral, los legisladores de Juntos por el Cambio dejaron a su provincia desprotegida. Es necesario ser y pertenecer a los distritos que uno representa para poder hacerlo con honestidad y eficacia. Pero también hace falta la decisión política de abandonar la impostura y actuar decididamente para solucionar los problemas.

La situación es alarmante y urgen las respuestas coordinadas entre los tres poderes del Estado y entre todos sus niveles. Es fundamental que en Rosario contemos con un gobierno que se ponga el problema al hombro y no se limite a lamentarse por su impotencia. De eso depende poner en valor el rol de Rosario en la Argentina y lograr una mayor atención e involucramiento del gobierno nacional.

Estamos atravesando un momento histórico que exige que los dirigentes políticos sean comprometidos y sensatos. El desgaste institucional no ayuda a nadie. La actitud de los senadores santafesinos de Juntos por el Cambio es una señal que no solo muestra la peor versión de la política, sino que abona la desazón y el malestar de los que salen a diario a ganarse la vida en una ciudad que perdió el rumbo.

¿Por qué esta Ley es necesaria?

Según la Procunar, en Santa Fe se tramitan el 20 por ciento de las causas narcocriminales de todo el país. A pesar de la complejización del fenómeno criminal y de los cambios acelerados que hemos protagonizado como sociedad, la estructura federal en nuestra provincia hace años que no se modifica. En 2006, el Congreso creó el juzgado de Rafaela, y en 2012 el de Venado Tuerto. Fue lo último que se hizo en la materia.

La violencia urbana llegó a niveles inéditos y la cantidad de homicidios en Rosario cuadruplica la media nacional. Esta situación exige una actitud de reflexión y compromiso por parte de los representantes políticos para activar las vías legislativas que brinden el marco normativo indispensable para apuntalar la justicia santafesina y, en particular, rosarina.

Hoy contamos con herramientas judiciales reducidas. La Justicia Federal de Rosario tiene 18 cargos creados y sólo 10 están ocupados por jueces y fiscales titulares. Es decir, más del 40 por ciento de los cargos está vacante. De las siete fiscalías federales de Rosario, solo tres tienen fiscales titulares. Faltan dos fiscales titulares de primera instancia, un fiscal general de Cámara y un fiscal titular de Tribunal Oral para llevar adelante los juicios.

De tres fiscalías de Primera Instancia que hay en Rosario, dos están vacantes, y también está vacante la Fiscalía de la Cámara Federal. El 23 por ciento de las defensorías están sin cubrir. En Rosario actúa una Cámara Federal de Apelaciones dividida en 2 Salas de 3 camaristas cada una. En una de las salas hay dos jueces y el tercero está vacante.

También existen cuatro juzgados federales. Dos de ellos están ocupados por el mismo juez. Son tres los Tribunales Orales en lo Criminal Federal encargados de llevar adelante los juicios por narcotráfico y dictar sentencias. El Tribunal Oral Federal 2 tiene los tres cargos vacantes, con jueces subrogantes. Ese concurso depende del gobierno nacional. El caso del Tribunal 3 es más complejo, ya que aún no se habilitó.

La propuesta Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en Santa Fe crea 27 cargos de Fiscal Federal Penal y 9 cargos de Defensor Público Oficial Federal, con jurisdicción en el distrito federal Rosario. Además, contempla la creación de juzgados penales federales con funciones de garantía con asiento en las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto. Destina 3 cargos de Juez Penal Federal con asiento en la ciudad de Rosario y 3 con asiento en Santa Fe.
 

(*) Concejala