8M en pandemia: el año peligroso de vivir encerradas con violentos
Mujeres referentes del feminismo en Rosario cuentan en este informe exclusivo la odisea que vivieron miles de toda edad, forzadas a convivir todo el tiempo con sus agresores.
Un año atrás salió el decreto presidencial del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, y el país se replegó hacia los hogares. Esto implicó que miles de mujeres de todas las edades se encontraran en una convivencia de 24 horas con sus agresores, sin trabajo y sin escuelas, mientras cerraron las atenciones presenciales de Atención a la víctima en violencia doméstica de Tribunales, los Centros de Acceso a la Justicia, los Centros Territoriales de Denuncia, y los fines de semana no había centros de salud tampoco.
Previsoras, las referentes en el trabajo diario de acompañamiento a las víctimas, entendieron que lejos de replegarse como todas las instituciones, debían sostener, reforzar y reconfigurar su trabajo, que más que antes fue considerado esencial. Las oficinas de Teléfono Verde sumaron a su atención un servicio de mensajería por WhatsApp y un servicio de tramitación de denuncias, la presencialidad en casos críticos, y los refugios. Mientras en la Fiscalía de Género se fortalecieron las comunicaciones internas y en red con el Municipio, el Ministerio de Seguridad y los centros de salud. El rol de las organizaciones feministas de los barrios fue clave en la cercanía, y fueron los ojos más cercanos a esta realidad que se recrudeció.
¿Por qué se dice que recrudeció? Los números así lo mostraron: La fiscalía recibió más de 30 casos de denuncias por día durante el encierro, y desde Ampliando Derechos (que trabaja en dos barrios) fueron cuatro o cinco mujeres por semana cuando años anteriores eran la mitad. Aumentó un 70 por ciento las llamadas al Teléfono Verde (de 4500 en 2019 a 7600), y hubo igual cantidad de consultas por la nueva mensajería de Whatsapp del Contacto Violeta. La propia ONU destacó que en Argentina es de los peores cuatro países de América donde aumentaron los casos de violencia de género.
En el cuarto año consecutivo que se realiza la movilización y paro de las mujeres en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, entre los reclamos del colectivo feminista se destaca que se apruebe la ley Ni una menos, se bajen las tasas de violencia machista, se igualen los salarios en los puestos laborales, y se mejoren las condiciones de trabajo irregulares, entre otras consignas igual de importantes como la capacitación en perspectiva de género con la Ley Micaela en todos los poderes del Estado, sobre todo la Justicia, tras el determinante caso de Úrsula Bahillo por haber realizado 18 denuncias y resultar muerta a manos de su ex pareja.
RosarioPlus dialogó con cinco de las referentes que trabajan en torno a la violencia de género sobre cómo se vivió el año del encierro del ASPO en hogares que padecen la violencia, y los mencionados fueron algunos de los temas que se abordaron. Se pudo conocer que varios de los femicidios del año pasado en Rosario fueron relacionados al narcotráfico, y que hubo todo tipo de situaciones: necesidad de abandonar el hogar, adultos mayores con problemas de convivencia, niños abusados, mujeres muertas.
El registro que lleva adelante Mercedes Pagnutti de femicidios indica que en pandemia murieron 25 santafesinas, de 41 durante todo el año en el territorio provincial. En Rosario fueron 15, o 19 si se piensa en el Departamento, once de éstos en contexto de criminalidad. En el país fueron 302 las muertas a manos de un agresor por contexto de género según este registro, y en consecuencia, 252 niños y niñas quedaron huérfanos. Treinta y dos son niños de Santa Fe.
Todas ellas coincidieron en la necesidad de mayor articulación entre sí. Se reclamó la necesidad de aplicar la figura del acompañante en los procesos que viven las víctimas, antes y luego después de denunciar. Y en algunos casos se recordó la necesidad de capacitar a efectivos que atienden a las víctimas en las comisarías, ya que sigue siendo el lugar por excelencia al que acuden en los barrios de la ciudad.
Las entrevistadas Giacometto desde el trabajo social en los barrios Emaus y Qom de Sorrento, Mercedes Pagnutti desde su seguimiento del mapa de femicidios, Mariana Alonso desde los dispositivos de atención municipal y Mariana Caminotti desde el trabajo de la Secretaría de Género de la ciudad, y la fiscal de Género del MPA Rosario, Luciana Vallarella, relataron cómo fue su tarea cotidiana en torno a las víctimas de violencia de género durante el encierro.
La Fiscalía de Género
La fiscal adjunta de la Oficina de Violencia de Género del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, Luciana Vallarella, relató en torno a las políticas que “si bien hay subsidios para víctimas y hay instancias de acompañamiento, no hay una política pensada para ese acompañamiento de la mujer víctima de género, lo cual muchas veces genera obstáculos en su decisión de terminar esa relación dañina”. Recordó que “los centros de alojamiento funcionan pero son temporarios y no se piensa a dónde irá después, por lo que estos recursos son insuficientes”.
Además de causas de violencia de género también trabajan tentativas de femicidio y casos de violencia con niños menores. En su área hay cuatro fiscales, que durante la pandemia y hasta hoy reciben un total de 32 denuncias diarias. “Es un gran número, sería bueno ser más fiscales de género porque nos superan las cantidades de causas. Si antes de una denuncia, hubiera el acompañamiento suficiente en lo económico, y en lo emocional, quizás se evita que se llegue a una denuncia y habría menos causas”, especuló.
La buena noticia es que Vallarella aseguró que “se está capacitando en perspectiva de género a la policía”, y eso va a frenar en el futuro estas situaciones por un manejo previo al acercarse ellas a las comisarías. Asegura que la situación de las mujeres es cada día más difícil de abordar, y eso es por las balaceras y las drogas, ya que hay vínculos con agresores con problemas de consumo también.
Muchas veces se denuncia en varias ocasiones, “y el caso lo armamos en base a esa acumulación de denuncias, ya que las tipificaciones de violencia de género suelen tener penas muy bajas, y no siempre se consiguen prisión preventiva”.
Para la fiscal, los centros de salud y hospitales son una fuente de información valiosa porque tienen la relación con las dinámicas familiares. “A veces van lesionadas y cuentan lo sucedido, y queda en las historias clínicas. Cuando advierten algo de gravedad nos avisan si necesitan nuestra intervención urgente con esa familia”.
Vallarella reflexiona sobre esto que “se entiende la dificultad de denunciar al padre de tus hijos, es un proceso que lleva mucho tiempo. Sabemos que la denuncia no es por un primer hecho sino haber puesto un límite donde necesitaba pedir ayuda. La dependencia económica y la vivienda hacen que no sea fácil irse de ahí, ya que muchas veces viven en terrenos de sus suegros y pueden ser hostigadas”.
Las organizaciones, junto a las víctimas
Nora Giacometto es de la organización Ampliando Derechos, la cual asegura “era feminista pero debió volverse de trabajo integral con otras problemáticas de toda la familia”.
El comienzo de la pandemia con el encierro, en los barrios se vivió “tremendamente” porque las chicas al no tener acceso a ninguno de los dispositivos locales. “En la emergencia no había absolutamente nada. Quedó demostrado en los números, en el aumento de las llamadas, las situaciones y los femicidios. Es decir el dispositivo estatal no estuvo. La primera batalla la gana el Teléfono Verde pero el tema es después, que la mujer denuncia en soledad”.
Junto a otras organizaciones se armó “una red de contención y en seguida nos enteramos si hay alguna situación de violencia particular, ya que sabemos que a muchas mujeres les cuesta muchísimo tiempo llegar a denunciar, lo que llamamos ‘la ruta crítica de la denuncia’, y en ese proceso la prevención necesita que el Estado esté en territorio, para bajar los femicidios, acompañando en todo el recorrido”.
La clave en esto es lograr empoderarlas para que dejen de ser víctimas: “Les aconsejamos que vuelvan a terminar la secundaria, para percibir con la educación qué está bien y que está mal. También es necesario que tengan capacitaciones en oficio. Necesitan que las empoderemos e insertemos en la sociedad para a que ellas mismas busquen su trabajo y sean el sostén de sus hijos, y dejen la dependencia económica del agresor”.
Además asegura que “va a llegar un momento que si llevás con atención un registro de todas las que ingresan heridas o golpeadas a efectores, se va a bajar la violencia”, pero el problema es que los médicos no se animan a denunciar cuando ven estos casos, algo que la fiscal Vallarella aseguraba que sí, y que el contacto es fluído con la Fiscalía que le compete.
Ampliando Derechos se asienta en barrio Qom de Sorrento, y en Emaus, donde también se acercan vecinos de Stella Maris, La Bombacha, La Antenita, Cristalería, 27 de septiembre. Y lo que Nora observa tras muchos años de patear los barrios es que si bien hay campaña en los distritos, y los servicios municipales, eso no funciona para las mujeres. “Culturalmente nos enseñaron que podíamos ir a la comisaria para pedir ayuda, y eso en el barrio sigue, por más que se hayan creado Centros de Denuncia, porque para ir a ellos te tenés que trasladar”. Entonces para ella, resulta clave “capacitar a dos o tres policías en turno de cada comisaría”.
Giacometto recordó que hace una semana el papá de Micaela -la joven asesinada en Gualeguay por la que se creó la ley de capacitaciones- criticó que los jueces dijeron que se auto capacitaban. “En la provincia de Santa Fe pasa lo mismo, les falta capacitación. Se estuvo haciendo la capacitación de la Ley Micaela, pero todos piensan que no es necesario”.
Finalmente, aseguró que “en esta ciudad La gran mayoría de los femicidios que se dan son relacionados al narcotráfico y por eso los jueces tienen miedo a investigar, y quedan absueltos. En los barrios muchos policías son los que manejan las drogas, y ellos son los que recolectan las pruebas de los hechos. Las causas después las deberían investigar organismos no relacionados con la policía”.
El Teléfono Verde y el Contacto Violeta, protagonistas
“Toda situación de violencia es plausible de ser detenida a tiempo”, asegura la directora de la Atención a la Víctima municipal Mariana Alonso, quien coordina un equipo de 60 personas en la atención en urgencia, intervenciones, acompañamiento y asesoramiento del Teléfono Verde.
Este equipo completo nunca cesó en pandemia con la escucha activa en las vulnerabilidades conexas a la violencia de género, como la vulnerabilidad social, económica, de salud o habitacional.
“En la fase 1 del aislamiento total teníamos una idea cabal que los servicios no se retiraban con el decreto nacional de reclusión, sino incluso íbamos a tener mayor presencialidad, y fue un trabajo considerado de esencialidad ante el confinamiento de tantas familias”, recordó, y agregó que aquellos días fueron “de una articulación constante con el Ministerio de Seguridad y la GUM en traslados de mujeres con protección”.
En pandemia entre marzo y diciembre incrementó un 70 por ciento el nivel de llamadas: en 2019 se registraron 4500 llamados, y en los mismos meses fueron 7.600. “Aparte del Teléfono Verde que recibía llamadas, se entendió que muchas mujeres viven con los agresores y no podían pedir ayuda”.
Entonces se diseñó el Contacto Violeta para que no tengan que llamar, y sólo escriban al número de Whatsapp (341 5781509). En marzo fueron 36 mensajes, y en sept tuvimos un pico de 616 mujeres. Vimos cómo se apropiaron de ese servicio. “Ahora en 2021 este servicio supera en los números al propio Teléfono Verde. Esto significa que es un servicio necesario y significativo”, subrayó.
“Con los fiscales y sus secretarios teníamos una comunicación directa para tomar medidas penales, y como los CTD y los Tribunales estaban cerrados, y se necesitaba seguir creando exclusiones de hogar y prohibición de acercamiento, se hizo un convenio con la Oficina de Atención a las Víctimas de Violencia de Género y de Violencia Familiar en abril, y entonces desde el Teléfono Verde se gestionaban y recibían las prohibiciones de acercamiento, que se enviaban directo al Whatsapp de las víctimas”, acortando la odisea de que la víctima deba atravesar unas cuantas ventanillas, un incordio que todas las referentes consultadas observaron.
Había una lista de espera de 40 mujeres que necesitaban botones de alerta, y se entendió que “éstos aparatos se deben entregar de forma inmediata, por lo que se logró gestionar la entrega de todos los que se necesitaba” y otros cincuenta en pandemia.
La primera secretaria de Género
Mariana Caminotti, primera funcionaria en dirigir esta nueva cartera municipal creada poco antes de la pandemia nucleando Diversidades sexuales, Mujer y Derechos Humanos, recordó que “aquellos primeros meses fue inventar protocolos, reinventar formas de trabajo, que los equipos se animen a venir porque tenían miedo a estar en la atención cuando el mensaje era quedarse en cuarentena, y aún sabíamos poquísimo sobre el covid”.
En torno al botón de alertas aseguró que “si bien la entrega es por el sistema judicial, establecimos un sistema de seguimiento continuo de las mujeres que llevaban ese botón, con una línea telefónica exclusiva, para monitorear su situación en cercanía y estar atentos al funcionamiento correcto de los botones”.
A diferencia del punto de vista de Nora Giacometto, la funcionaria de Género aseguró que hubo cercanía desde el Estado con los vecinos: “Participamos de consejos barriales sobre violencia de género, tuvimos mucho dialogo con mujeres en los territorios, y con la Red de Mujeres por la No Violencia que está en todos los distritos y hacen un trabajo invaluable”.
Recordó que en noviembre pasado, en el marco del “mes violeta”, de lucha contra la violencia de género, a partir de una iniciativa surgida en un consejo vecinal virtual con mujeres de estas redes surgió la idea de los Puntos Violeta: “Un espacio físico para que las vecinas tengan la intimidad de hacer un llamado por violencia de género o por cualquier otra vulnerabilidad de derechos. Ya se inauguraron cinco, solo resta encontrar un espacio en el sudoeste”.
Caminotti explicó sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género en todos los estamentos del Estado: “Nunca sabemos por dónde puede ingresar alguien en situación de violencia, y por eso debemos tener estas alertas para detectar a tiempo. El programa de formación en género “Ley Micaela” es fundamental para la detección, y ayuda a entender qué tipo de mujeres existen, si son cis, trans, originarias, lesbianas. Incorporamos incluso la perspectiva de nuevas masculinidades, la forma hegemónica de masculinidad y problematizar la violencia”.
La mapeadora de los casos
Mercedes Pagnutti registra los femicidios desde 2008, y en 2015 realizó el primer mapa con los casos geolocalizados, desde el equipo jurídico feminista de la concejala Norma López. Recordó que “en el inicio de la pandemia, en abril y mayo se dieron cinco o seis femicidios resonantes seguidos. En ese momento había una movida anti cuarentena en muchos medios, y se culpaba a la cuarentena por los femicidios en la convivencia. Entonces yo hice la comparación con 2018 y 2019 y no hubo más casos”.
En el periodo de Cuarentena desde el 20 de Marzo al 31 de diciembre hubo 228 femicidios en Argentina (25 de Santa Fe). En el mismo período de tiempo pero en 2019, hubo 241 femicidios (27 de Santa Fe), y en 2018 hubo 242 en Argentina (27 de Santa Fe).
En las estadísticas y comparativas, Pagnutti pudo ver que “los casos eran más de relación de parejas y dentro del hogar que años anteriores, algo sí atribuible al encierro. Pero no hubo más cantidad de femicidios”, aclaró.
Su relevamiento es basado en datos periodísticos: “Relevo entre 20 y 25 medios digitalmente por día, los diarios más reconocidos en cada provincia. Tengo un aviso de Google Alert, que me lleva al diario o provincia del caso de femicidio. Cuando encuentro un hecho, busco cuales son los medios de esa localidad y lo agendo”.
El mapeo de los casos los comenzó a hacer con la llegada del Ni Una Menos en 2015 en los lugares de Santa Fe. “Después empezamos a mapear los femicidios del país, por provincias también, además de los detalles de Santa Fe por departamento, en un mapeo aparte, ya que son los datos que más manejamos para aportar a soluciones en nuestra provincia”.
Si sos víctima de violencia de género podés comunicarte con el Teléfono Verde al 0800 444 0420, todos los días del año, durante las 24 horas. Si no podés hablar, escribí un Whatsapp al 3415781509. En caso de emergencias, llamá al 911.
