A un año de su implementación, Sukerman afirma que la ley de ART “era una necesidad”
El ex ministro de Trabajo provincial hoy con funciones en Nación ratificó su postura sobre la disputada ley. Dijo que se buscaba generar una instancia previa al inicio de un juicio y que con la ley a nadie se le está vedando la posibilidad de hacer una demanda. En contraparte, diputados y gremios presentaron un proyecto para derogar la norma.
Este martes se presentó en la legislatura de Santa Fe un proyecto de ley para derogar la adhesión a la ley Nº 27.348 de ART. El proyecto es de autoría de la diputada provincial Matilde Bruera y está acompañado por otros cinco diputados y diputadas provinciales. Antes de llegar a la legislatura, el proyecto de Bruera fue presentado ante representantes de trabajadores de distintos rubros en el Sindicato de Aceiteros de Rosario y cuenta con el aval de la Asociación de Abogados Laboralistas de esa ciudad.
La ley salió de la mano del entonces Ministro de Trabajo Roberto Sukerman, hoy con funciones en Nación, quien este jueves al aire de Si98.9 volvió a defender la norma. “Era una necesidad en su momento y que venía incluso de gobiernos anteriores. Lo que se buscaba era generar una instancia previa al inicio de un juicio, es decir que con la ley a nadie se le está vedando la posibilidad de hacer un juicio si se entiende que la indemnización que se quiere pagar no es lo que corresponde”, dijo.
Sobre esa instancia administrativa previa sostuvo que “es breve y no genera demoras cuando eso sí sucede en la Justicia, teniendo que reclamar durante años y saturando los tribunales”. Sukerman reiteró que se trata de una muy buena medida que además era solicitada por entidades gremiales, como también por sectores empresarios donde “se generó un consenso”.
Por su parte, los abogados de la Asociación de Laboralistas de Rosario sostienen que "a un año de vigencia no se mejoró la prevención de accidentes y enfermedades", y además, los trabajadores que sufren un siniestro o padecen alguna enfermedad laboral padecen el agravante de que "hoy les resulta más difícil acceder a una reparación debido al paso obligatorio por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)".
"La derogación de la adhesión es un paso más en la lucha por cambiar el sistema de riesgos del trabajo vigente de forma total, porque el actual prioriza las ganancias de las ART como compañías de seguro por sobre la salud y la vida de las trabajadoras y los trabajadores, al excluir más del 95% de las enfermedades profesionales, que son cubiertas en forma insuficiente por el sistema público de salud y por las obras sociales", aseguraron desde la asociación en un comunicado.
El proyecto, que cuenta con las firmas de Paola Bravo, Carlos del Frade, Lucila De Ponti, Rubén Giustiniani y Agustina Donnet, pide, en su primer artículo, la derogación de la Ley Nº 14.003, de adhesión a la ley nacional de las ART. Mientras que en el segundo establece que el paso por las comisiones médicas "tendrá carácter voluntario u opcional para los trabajadores".
La iniciativa también establece que en caso de que el trabajador opte por la vía administrativa, también "tendrá expedita la acción correspondiente por ante el fuero laboral", aunque aún no se haya agotado el trámite en las comisiones médicas.
El proyecto también instituye que "es obligatorio el patrocinio letrado para el trabajador o sus derechohabientes, desde la primera presentación, en las actuaciones administrativas voluntarias que tramiten ante las Comisiones Médicas o el Servicio de Homologación dependientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En tales casos, los honorarios correspondientes a la actuación del abogado, estarán a cargo de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo".
Por último, en el texto ingresado en Diputados se insta al Poder Ejecutivo a prevenir los riesgos en el trabajo celebrando convenios con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para "la implementación de medidas de acción conjunta en cuanto a la prevención de accidentes y enfermedades laborales". En este punto establece que se deberá contemplar la participación de los trabajadores a través de los Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo creados por la Ley Provincial Nº 12.913".
Entre los argumentos del proyecto hay varios que se repiten de cuando los legisladores se opusieron a la adhesión votada el 22 de octubre de 2020. Por un lado se señalan varios fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en contra de la ley de las ART. También se indica que la adhesión atenta contra la autonomía de la provincia, ya que las comisiones médicas son organismos federales –dependen de la SRT– y los trabajadores no pueden tener un acceso directo a la justicia.
Los diputados aseguran que la norma viola numerosos artículos de la Constitución Nacional; de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, entre otros.
Desde el Sindicato de Aceiteros de Rosario, donde se celebró un conclave con los diputados, previo a la presentación, manifestaron que en este periodo de vigencia de la ley “puede verse que la situación de salud y seguridad no cambia para las y los trabajadores”. En santa fe se declararon 110 accidentes laborales diarios (40.318 durante 2021) y más de 2000 enfermedades en relación al lugar o tipo de trabajo. En el 50% de los casos las secuelas fueron de gravedad, según datos obtenido por el gremio.
“Algunos empresarios y la anuencia de sindicatos amarillos y oficialistas que poco tienen que ver con la producción fabril, intentaban vender espejos de colores a la clase obrera, con discursos basados en el cuidado de la gran familia. Los mayores aportantes a estas estadísticas pertenecen a esos sindicatos que en su momento apoyaron la adhesión”, aseveraron.
“En todo ese marco y desde el sindicato de Aceiteros venimos reclamando un cambio en la mirada oficial sobre accidentes y enfermedades laborales, entendiendo que la salud no es un negocio, reconociendo los riesgos a través de sus registros, identificando enfermedades o afecciones del tipo físicas, psíquicas o sociales dentro de la actividad laboral, trabajando en la prevención real y obligando a las empresas a cumplir con las medidas de seguridad”, reclamaron desde el gremio.