Entre las secuelas económicas que dejará la pandemia se cuenta, por ejemplo, el probable endeudamiento de los deudores de préstamos bancarios ante la desaceleración de la economía general. A esa situación apuntó la Defensoría del Pueblo de la provincia, que solicitó a la autoridad bancaria medidas que contemplen la situación difícil de los tenedores de créditos UVA, de planes de autoahorro y también para los locatarios de vivienda, quienes además de los inconvenientes que traían de arrastre, ahora afrontan la caída de sus ingresos.

El organismo que conduce Raúl Lamberto solicitó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que, “en el marco de su competencia, resuelva la prórroga de los vencimientos de las cuotas correspondientes a los meses en que persistan las medidas de excepción determinadas por la emergencia sanitaria, disponiéndose que las mismas sean recuperadas en el futuro, en forma progresiva y sin que ello implique el cobro de intereses”. Además, le requirió al organismo nacional que “se congele la Unidad de Valor Adquisitivos (UVA) a los fines de que, superada la situación de emergencia, su actualización no implique un salto en las cuotas que deberán afrontar los deudores hipotecarios”.

Una comunicación de la entidad remarcó que el BCRA tiene la facultad de modificar el panorama de crédito y endeudamiento familiar, y "estudiar mecanismos tendientes a mitigar los efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartido”, señaló.

Con el mismo propósito remitió cartas a la Inspección General de Justicia y a la Cámara de Ahorro Previo de Automotores (Capa) para solicitar la prórroga de los vencimientos de cuotas mientras continúen las medidas de excepción. En las notas, se recordó que “los titulares de planes de autoahorro vienen padeciendo el incremento de sus cuotas de una manera significativa desde el año 2018, situación derivada fundamentalmente en la devaluación de la moneda y el consiguiente aumento del precio de las unidades cero kilómetros”.

Por otra parte, reiteró el mismo planteo a la Secretaría de Comercio Interior. Si bien la Defensoría del Pueblo santafesina señaló que el gobierno nacional viene implementando algunas medidas para paliar la situación de quienes no pueden afrontar el pago de los alquileres de sus viviendas, consideró que también están en una situación apremiante aquellas personas a las cuales se les vence el contrato de alquiler en estos días.

“Si bien es cierto que estamos en presencia de un contrato bilateral entre privados y que a los locatarios le asisten herramientas jurídicas suficientes consagradas en el Código Civil y Comercial de la Nación y en la Ley de Defensa al Consumidor, entendemos oportuno solicitarle que tenga a bien evaluar la situación planteada y, de así considerarlo, articular con las autoridades nacionales la emisión de normativa tendiente a brindar respuestas a este universo de personas, contemplándose las prórrogas de contratos mientras persistan las medidas de excepción determinadas por la emergencia sanitaria ante la solicitud expresa de los locatarios”, le requirió el titular de la defensoría a la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.