El falso cierre de Dow Chemical, o una maniobra ya conocida de peces gordos

Ni falta rentabilidad, ni seguridad jurídica, ni tampoco se irá del país Dow Chemical, la fábrica de plásticos que anunció el cierre de su planta en Puerto General San Martín y que motivó este lunes la declaración de estado de alerta de toda la CGT San Lorenzo, con la advertencia de paralizar todos los rubros del cordón industrial ante el riesgo de que 120 familias queden en la calle por esta maniobra empresaria que se denomina "deslocalización". No confundir con cierre.

Deslocalización es “cualquier cierre total o parcial de la empresa seguido o acompañado de la ubicación de todo o parte de la misma en otro lugar”, sin que necesariamente el cambio se produzca desde un país desarrollado a uno subdesarrollado, aunque ello ocurra en la mayor parte de los casos, acota Oscar Ermida Uriarte en su ensayo Deslocalización, globalización y derecho del trabajo, reproducido este domingo en El Cohete a la luna.

Dow Chemical no está en crisis. No hubiera aumentado el año pasado su actividad fabril por la creciente demanda que experimentó ante la reactivación de otras industrias de la que es proveedora, como la construcción, automotriz, electrodomésticos, pinturas, etc. Es clave porque Dow fabrica polioles, insumo decisivo para elaborar poliuretano.

Los argumentos son los de siempre: reducir gastos, eufemismos tales como "reestructuración" a nivel global. Y en esa tendencia caerá progresivamente hasta mayo de 2022 la planta de Puerto San Martín.

Es comprensible entonces que el sindicato del sector, Soepu, se plantó en protesta y este lunes ya consiguió el apoyo de toda la CGT San Lorenzo mientras aguarda la intervención estatal, sea provincial o nacional. De fondo, urge impedir que el cambio encubra un reemplazo de esa producción por importaciones desde Dow Chemical Brasil. Sería otra resignación en la soberanía industrial argentina, tal como los trabajadores comentaron la semana pasada en la Legislatura provincial.

Datos recabados por el diputado Carlos Del Frade confirman que Dow incrementó ventas aun en pandemia, y su tasa de ganancia mejoró debido a la pérdida de poder adquisitivo del salario durante el cuatrienio macrista. No obstante, tomó los beneficios de políticas estímulo del gobierno como los ATP Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción).

Un artículo publicado en El cohete a la luna expone con elocuente simpleza lo que ocurre: "La decisión de cerrar la planta de Dow no responde a los supuestos motivos que sostienen los medios hegemónicos: las empresas se van del país (y las inversiones extranjeras no vienen) porque al capital no se le ofrecen las ventajas fiscales que reclama, no se eliminan las indemnizaciones por despido y no se desregulan totalmente las relaciones laborales. Por el contrario, entre enero de 2020 y junio de 2021 se registraron 701 anuncios de inversión de empresas nacionales por 13.372 millones de dólares. Los mayores proyectos se dieron en los sectores de hidrocarburos, energía, construcción, economía del conocimiento, biomasa, puertos, aeropuertos, farmaceútico, autopartista, logística, lácteos, carnes, textiles y transporte escolar. En total, fueron 896 anuncios por 33.673 millones de dólares", repasa la nota.

No es falta de rentabilidad lo que subyace en el anuncio de Dow. Los negocios mutan desde la actividad esencialmente productiva hacia el management financiero y el capital rentista. En este fenómeno de los negocios del capitalismo de estos tiempos, el que pierde es el trabajador, que no participa de esta financiarización de la producción. La creación de valor, dice el informe, entonces pasa menos por la transformación del mundo a través de procesos productivos y más por la especulación financiera, bursátil de esa misma elite.

Hubo casos parecidos en la región, tales como el cierre de Ar Zinc (ex Sulfacid) en Fray Luis Beltrán. Lo decidió en 2016 la multinacional Glencore, y dejó en el desempleo a 460 personas.

En 2019 cerró Mefro Wheels, en el sur rosarino. Quedaron 170 obreros en la calle. Fue insólito porque esta compañía era la única fábrica de llantas del país. Difícil de creer que no tuviera mercado.

Mientras tanto, ante esas deserciones de la responsabilidad del capital, las autoridades del Ejecutivo y del Poder Judicial poco y nada han hecho. Los excusa los argumentos de un ejército de abogados bien pagos para justificar este descalce de la economía social del país. 

Los medios concentrados de comunicación en Argentina y sus voceros justifican y dan cobertura a estas maniobras, sobre todo para presentarlas como consecuencias de un gobierno que supuestamente no brinda garantías de rentabilidad a la inversión extranjera.  

Para muestra, vale este tweet de hace unos días:

Los conocedores de este universo sostienen que solo 500 compañías multinacionales controlan el 52,8% del PBI internacional. O sea, detentan más de la mitad de la riqueza que produce la Tierra, pero emplean menos del 1,8% de la fuerza de trabajo del mundo, y poseen el valor patrimonial equivalente al PBI de 130 naciones. La comparación no es antojadiza: lo afirma el Banco Mundial.

"El caso de Dow y otros no son más que manifestaciones del accionar generalizado de los conglomerados económicos transnacionales. Los Estados nacional y provincial deben impedir el cierre de esta empresa, ya fuere a través de promover su adquisición por otra sociedad o mediante su expropiación por causa de utilidad pública. Los trabajadores tienen derecho a contrarrestar el lock- out patronal, evitar el vaciamiento, la pérdida de los puestos de trabajo y la destrucción de la planta –con la que amenaza la multinacional– a través de todas las medidas de acción directa a su alcance", concluye el informe.

El lobo sigue dentro del gallinero: esto es, la Ley de Inversiones Extranjeras, n° 21382, que acuñó José Martínez de Hoz en la dictadura cívico militar. Es funcional a los intereses del capital monopolista, contraria a los objetivos del desarrollo nacional y la creación de empleo. Debe ser sustituida por otra que fortalezca el control del Estado, que autorice sólo las inversiones extranjeras directas de carácter productivo que generen nuevos puestos de trabajo y que estén direccionadas hacia determinados sectores de la economía, sin provocar una competencia ruinosa para las empresas nacionales.