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La sorpresiva marcha atrás del Concejo Municipal luego de haber aprobado por unanimidad el proyecto que proponía la prohibición del glifosato en toda la ciudad, no hace más que replicar a menor escala los ríspidos debates que ocurren en el mundo en torno a la utilización de este herbicida.

Basta con analizar las pujas políticas en otros países o regiones --la más reciente en Europa—para advertir que por estas horas en Rosario se repiten las mismas posturas y conductas de quienes acusan y quienes refutan.

Por un lado, hay dirigentes políticos que en base al conocimiento científico buscan sancionar o ejecutar medidas para prohibir el uso del glifosato por sus efectos nocivos para la salud. Del otro, representantes del negocio que hacen lobby para evitar la más mínima limitación con el argumento que “el daño no está comprobado”.

En Argentina, un caso emblemático ocurrió en 2010 en Chaco, en la localidad de La Leonesa. Los vecinos presentaron un recurso de amparo ante la Justicia denunciando el aumento de los casos de cáncer, malformaciones y leucemia, además de la contaminación del agua. Entre sus planteos pidieron restricciones para las pulverizaciones cercanas a sus hogares.

Un juez provincial hizo lugar y suspendió las fumigaciones de arroceras por noventa días. Ordenó además un estudio a la provincia sobre los efectos del glifosato en esa población. La Comisión Provincial de Investigación de Contaminantes del Agua fue tajante con su informe: en los últimos diez años, en coincidencia con el auge de la explotación arrocera, en La Leonesa se habían triplicado los casos de cáncer en niños menores de 15 años y cuadruplicado los casos de malformaciones en recién nacidos.

Con el correr de los meses, científicos y ambientalistas denunciaron repetidamente la falta de respuestas del gobierno provincial ante la clara amenaza sanitaria. En su libro Argenleaks, el periodista Santiago O'Donnell encontró respuestas a la llamativa inacción del gobierno de Jorge Capitanich.

En agosto de 2008, el entonces presidente de Monsanto Argentina, Juan Ferreyra, visitó la embajada estadounidense. “Ferreyra dijo que Monsanto estaba teniendo buenas conversaciones con productores de algodón para expandir el uso de bt cotton (algodón transgénico) en la provincia del Chaco, en el norte argentino, y cooperar allí”, dice el cable al que tuvo acceso el periodista.

Semanas más tarde, Monsanto firmó un acuerdo de cooperación con el gobernador del Chaco. El embajador de Estados Unidos apoyó el convenio con una nota en la página editorial del principal diario de la provincia. En la portada, el gobernador Capitanich decía estar entusiasmado en trabajar con Monsanto "para mejorar y expandir la producción local de algodón".

Sin embargo, el dato más revelador del libro respecto al debate por el glifosato surge de otro cable diplomático de julio del 2009 filtrado por Wikileaks. Por aquel entonces, la embajada de los Estados Unidos defendió el uso del cuestionado pesticida ante autoridades del Senasa, el organismo responsable de garantizar y certificar la sanidad y calidad de la producción agropecuaria.

La embajada tomó la decisión de presentar estudios propios ante este organismo del Estado al desacreditar todas las investigaciones académicas de universidades locales. Por esos días, el jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA e investigador principal del Conicet, Andrés Carrasco, había publicado el primer estudio que confirmaba el efecto perjudicial del agroquímico pilar del modelo de agronegocios.

 “Concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión (anfibio), interfiriendo mecanismos normales del desarrollo embrionario”, alertó el académico en abril de 2009.

Pero para la Embajada, la investigación de Carrasco no era “científicamente creíble”. “Dentro de los círculos científicos y las agencias regulatorias responsables por la aprobación del uso de glifosato en la Argentina, se acepta que el supuesto estudio no tiene credibilidad científica. Los resultados no han sido presentados para un análisis de metodologías, procedimientos y/o conclusiones”, decía la filtración.

El lobby de la Embajada en favor del fabricante del pesticida, la multinacional Monsanto, tuvo lugar seis meses después de que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenara al Ministerio de Salud iniciar una investigación oficial sobre los posibles efectos nocivos del pesticida.

Para tal fin se creó la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA). El estudio, no obstante, nunca llegó a una conclusión. La Auditoría General de la Nación advirtió tiempo atrás que el organismo no tiene evidencia de avances en sus tareas desde 2010.

El Plan Colombia

En el año 2000, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia lanzaron operaciones intensivas de fumigación para destruir los “cultivos ilegales” (cocaína y heroína). Se dio luz verde a un programa multimillonario conocido como “Plan Colombia”, el cual consistía en la aspersión repetida de una mezcla de glifosato y otros químicos sobre los cultivos.

Pero la lluvia química, como era de esperar, cayó también por años sobre personas, animales, bosques y fuentes de agua. "Nuestros cultivos legales, mandioca, bananas, palmas, caña de azúcar, y maíz, han sido fumigados. Nuestras fuentes de agua, arroyos, ríos, lagos, han sido envenenadas, exterminando nuestros peces y otros seres vivientes. En la actualidad, el hambre es el único pan nuestro de cada día. En nombre de los indígenas amazónicos solicito que las fumigaciones se detengan de inmediato", repitió en los años siguientes Francisco Tenorio, el dirigente ruralista más combativo ante este flagelo.

El Ministerio de Salud de Colombia recién recomendó y ordenó al Ministerio de Justicia suspender las fumigaciones cuando en abril de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al glifosato como probablemente cancerígeno para los seres humanos.

Monsanto Papers

La Justicia Federal de Estados Unidos desclasificó hace poco más de 250 páginas de correspondencia interna de la firma que comercializa el glifosato en una filtración conocida como Monsanto Papers.

Los expedientes desnudaron la relación que mantuvo durante años la trasnacional con académicos que aceptaron firmar como propios varios estudios redactados por Monsanto a favor del producto que presentaron como "no cancerígeno".

La desclasificación de los archivos fue posible gracias a una demanda colectiva realizada por más de un millar de ciudadanos enfermos de cáncer que denunciaron haber sido víctimas del glifosato. Los documentos revelaron cómo Monsanto manipuló informes científicos, realizó presiones a organismos de control y sobornó a la prensa

A juicio de muchos científicos y académicos, el lobby de la multinacional explica por qué durante cuarenta años los organismos internacionales repitieron el mantra de la compañía: el glifosato no es cancerígeno.

El triunfo del glifosato en Europa

La renovación de la licencia para fumigar con glifosato dividió por primera vez en dos bloques a Europa en las últimas semanas. Francia lideró en los últimos meses la oposición a este producto con una postura muy firme, a tal punto que forzó una inédita segunda votación.

Para poder adoptar la propuesta de extender la licencia por otros cinco años, la Comisión Europea necesitaba el apoyo del 55 % de los países miembros. La mayoría fue posible gracias al cambio de posición de Bulgaria, Alemania, Polonia y Rumania, que había votado en forma negativa en la primera instancia y se abstuvieron en la última reunión.

A pedido de los detractores, la Unión Europea acordó un nuevo estudio con la Agencia Europea de Químicos, que en marzo último señaló que no había pruebas que relacionaran al glifosato con el cáncer en seres humanos.

Sin embargo, las sospechas hacia los organismos oficiales pone en duda la imparcialidad de los nuevos análisis

El periódico francés Le Monde reveló que el prestigioso investigador Christophe Portier (director de organismos como el Programa Nacional de Toxicología en Estados Unidos) tuvo acceso a estudios confidenciales sobre el glifosato que entregó la multinacional Monsanto a las autoridades europeas. Los informes evidencian la relación que existe entre este producto y varios casos de cánceres comprobados, los cuales han sido silenciados en los informes oficiales.

En un correo enviado al presidente de la Comisión Europea el 29 de mayo, Portier detalló que encontró “8 casos de aumentación de incidencias significativas de diferentes tumores que no aparecen en ninguna de las publicaciones presentadas por la EFSA y ECHA", las autoridades europeas encargadas de su evaluación. Estos tumores estarían ligados con cánceres de pulmón, de riñon, de higado, de piel, de glanda mamaria, de tiroida o de tejidos blandos.