En una audiencia en los tribunales federales de Rosario, en Oroño al 900, el juez federal Marcelo Bailaque fue imputado por presuntas maniobras de corrupción, incumplimiento en los deberes de funcionario público y prevaricato. La batería de evidencias se centran en tres causas en las que está involucrado el magistrado: la posible conexión entre el juez y las demoras en la instrucción de la causa contra Alvarado de 2013; la intervención en la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín y finalmente el inicio de una causa para perjudicar judicialmente a un empresario de la firma San Cristóbal en beneficio de uno de sus competidores. 

Los fiscales intervinientes, encargados de presentar las acusaciones, son Federico Reynares Solari (Ministerio Público), Juan Argibay Molina (Procuraduría de Lavado de Activos, Procelac) y Matías Scilabra (Procuraduría de Narcocriminalidad, Procunar). El juez de Garantías que los escuchó por más de cinco horas, es el letrado Eduardo Rodrígues Da Cruz, que al final de la jornada fue recusado por uno de los abogados del extitular de AFIP Carlos Vaudagna, otro de los imputados. Este viernes se decidirá qué sucede con la recusación y se reanudará la audiencia. 

Las tres causas que complican a Bailaque

Conexión con el nacotráfico. Lo que se investiga es la posible conexión entre el juez y las demoras en la instrucción de la causa contra Alvarado de 2013. El vínculo entre el juez y Alvarado, sería el contador Gabriel Mizzau, pieza clave en el entramado societario del narcotraficante y el encargado también de llevarle sus finanzas al juez. 

Una segunda causa investiga la intervención en la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín, en la que se lo acusa de favorecer a Fernando Whpei y su hermano Guillermo, amigos del juez, para quedarse con el manejo de la cooperativa. 

Finalmente, un expediente que inició Bailaque a partir de un anónimo contra el financista, Claudio Iglesias. El fiscal de Procelac investiga si el juez actuó en una red de funcionarios públicos para intervenir en situaciones de favorecimientos a fuertes contribuyentes que se encontraban en problemas penales. La investigación apunta a que abrió una causa contra el financista Iglesias con el objetivo de perjudicarlo en su carrera dentro de la compañía de seguros San Cristóbal. “Hay intercambios entre Vaudagna (ex titular de la AFIP) y Bailaque el día de los allanamientos. Después de las indagatorias a Iglesias y Jorge Oneto se dictó la falta de mérito y el trámite quedó planchado a niveles escandalosos”, planteó el fiscal Argibay Molina.