La empresa Diaz & Forti, que opera en las plantas de Vicentin, entró en convocatoria de acreedores. Desde la empresa afirman que no tienen grandes deudas comerciales, y se sospecha que es una maniobra para eludir las sanciones que el Banco Central les impuso en diciembre por no liquidar divisas y utilizarlas en la timba financiera.

El pedido de convocatoria ingresó en el Juzgado Civil y Comercial Nro. 7 de Rosario, a cargo del juez Marcelo Quiroga, y de avanzar le podría permitir a la empresa volver a operar mientras se resuelve en la justicia el reclamo del BCRA por 450 millones de dólares que la empresa no habría liquidado por operaciones de exportación al 30 de noviembre.

La sospecha del gobierno es que las demoras en la liquidación de divisas provenientes de la exportación tuvieron como fin la bicicleta financiera haciendo una diferencia entre los dólares bursátiles (contado con liqui) y el dólar blue. Una diferencia que analistas del sector calculan podría llegar a 30.000 millones de pesos embolsados por Díaz & Forti a costa de privar al estado de los dólares en tiempo y forma.

A diferencia del “stress financiero” de Vicentin (que el mismo día que Diaz & Forti entra en concurso cumplía un año de convocatoria de acreedores), la deuda de la empresa del Grupo Olio no parece tener demasiados deudores comerciales esperando cobrar, ni por grandes montos.

Las deudas son centralmente el Banco Central, AFIP y algunos acreedores externos. Estos últimos por montos no demasiado grandes ya que para entrar en “las grandes ligas” la empresa recibió financiación de fuentes “poco habituales” como mutuales vinculadas a sus accionistas.

Sobre el financiamiento que apalancó su meteórico crecimiento el informe elaborado a pedido del Banco Nación por los investigadores Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti sobre la crisis de Vicentin, describe claramente como la empresa Díaz & Forti “mostró una estructura de financiamiento poco convencional en relación a la magnitud de las operaciones que desarrolló. Durante los años 2019 y 2020 se observó una baja participación del crédito bancario en el sistema financiero local. Los principales préstamos provinieron de una mutual dedicada al otorgamiento de créditos prendarios (Mutual 18 de julio) y dos cooperativas de crédito (Fincredit y Crediserv).Existe una estrecha relación personal y de vínculos societarios entre las instituciones prestamistas y el propio Grupo y sus dirigentes”

Las manchas del tigre

La convocatoria de acreedores no sorprendió a quienes siguen de cerca el mercado de granos porque es un hecho más de una serie que tiene como protagonista a la empresa insignia del Grupo Olio que se hizo cargo de las plantas de Vicentin con contratos a fasón (utilizando su infraestructura y mano de obra) el año pasado.

El viernes 20 de noviembre del año pasado el Ministerio de Agricultura comenzó una investigación sobre Diaz & Forti al corroborar que la empresa ofrecia precios de compra superiores a los de sus competidores. La empresa argumenta que fue necesario para recuperar la confianza quebrantada con Vicentin y meterse de lleno en el negocio. Desde ese momento quedaron bajo la lupa de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario de Agricultura

A los pocos días la empresa fue sancionada y sacada del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) por sospechas de maniobras en operaciones con Renova y Cofco. La investigación apuntó a corroborar si Díaz & Forti compró materia prima para la industria, pero la exportó como granos, eludiendo así una parte de los derechos de exportación, ya que los subproductos como aceite y harina (%30) pagan menos retenciones que los granos (33%).

Finalmente en diciembre en medio de la disputa con los exportadores y con la necesidad de divisas el gobierno impulsó la resolución 132/2020, por medio de la cual se dispuso que la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario debe dar de baja del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) a las empresas que no ingresen divisas en los plazos establecidos por la legislación vigente, y Diaz & Forti quedó fuera de juego cuando el BCRA comprobó que “la empresa registra un incumplimiento del 97,8% de sus obligaciones. En efecto, teniendo en cuenta las operaciones vencidas al 30 de noviembre, surge “un saldo pendiente de regularizar de u$s 450 M correspondientes a operaciones de exportación de bienes con obligación de ingreso y liquidación de divisas, respecto de las cuales no se registra la certificación de cumplido conforme normativa cambiaria vigente”.

Sin embargo los empresarios que hoy sponsorean a Central y a NOB no se dieron por vencidos e intentaron seguir operando en las plantas de Vicentin San Lorenzo utilizando soja de otra empresa, que terminó siendo de un empleado del grupo: la firma Extrugreen SA de Arequito, pero el gobierno se lo impidió.

Finalmente ahora intentarán volver a exportar con la venia judicial en el camino del concurso de acreedores, y argumentan que tienen exportaciones retrasadas que le permitirán abonar las deudas que tienen con el estado.

¿Y los laburantes de Vicentin?

Con respecto a la relación comercial que siguen con Vicentin en el marco del concurso de la empresa del norte provincial, las cuentas parecen (todavía) estar en orden. En enero le transfirieron 5 millones de dólares como parte del contrato de fason que mantienen con Vicentin, lo que permitió pagar los todos los compromisos laborales.

Según el informe de evolución presentado por el directorio de Vicentín ante sus acreedores, que releva la actividad desde el 1° al el 31 de enero 2021, “las plantas continuaron operando con la modalidad de fazón, alcanzando una molienda de 150.000 toneladas, y molienda propia, que alcanzó las 25.000 toneladas. Los ingresos correspondientes a fazones de soja alcanzaron la suma de US$ 7.700.000, lo que incluye Take or Pay del contrato de Díaz & Forti respecto a su capacidad comprometida según contrato de soja. Con respecto a molienda de girasol, la planta no estuvo operativa, pero Diaz & Forti cumplió, igualmente, con el pago de la reserva de capacidad generando ingresos de US$ 1.200.000”

Pero por si generaba dudas desde la defaulteada con sede en Reconquista aclararon que si no prospera la “solución judicial” que impulsa Diaz & Forti “en el mes de enero se logró celebrar nuevos acuerdos de fazón con ACA, Molinos Agro y la Unión Agrícola Avellaneda. Estos contratos permitieron cubrir el total de la capacidad disponible para los meses de enero y de febrero 2021. Asimismo, durante el mes de enero se consiguió prorrogar el contrato de almacenaje de soja con OMHSA”