La agroindustria en pie de guerra contra la estatización del Paraná

Tras el decreto 427/21 que devuelve al Estado la administración, por lo menos por un año, del Paraná, los representantes y cámaras vinculados al agronegocio salieron a criticar fuertemente la medida y presionan para que el Estado tenga la menor injerencia posible.

Uno de los principales referentes del sector, y encargado de las negociaciones desde que asumió Alberto Fernández es Gustavo Idigoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) y cara visible del Consejo Agroindustrial Argentino.

“Que el Estado opere la hidrovía por un año es un grave error. No tiene los recursos económicos ni tecnológicos para hacerlo, menos aún frente a una bajante histórica del Paraná (la peor en los últimos 50 años)”, dijo Idígoras quien agregó que “el Estado debe llamar a licitación de forma urgente manteniendo el cobro directo de la tarifa en el concesionario”

Idigoras viene negociando desde el CAA una ley de agroindustria con el gobierno que impulsa menos impuesto para el sector y una injerencia mínima del Estado en el negocio. Suelen repetir en cada presentación que negocios como el que hoy tiene la empresa Hidrovia S.A. “se pagan solos” sin necesidad de que la administración pase por el Estado.

A este argumento sumó su voz la Bolsa de Comercio de Rosario en la persona de su presidente Daniel Nasini que asegura que “es imperioso garantizar la continuidad del servicio a corto plazo” y para eso “es indispensable que las obras sigan en manos de empresas especializadas en la materia, seleccionadas bajo un riguroso y transparente proceso de licitación. El Estado no tiene ni la experiencia ni la capacidad técnica para realizar estas tareas, pero sí ejercer sus funciones indelegables de control".

La afirmación que hacen desde el sector sobre la incapacidad económico y técnica de Argentina para hacerse cargo de los trabajos de dragado y balizamiento, es cuestionable teniendo en cuenta que la inversión necesaria para poner en marcha una flota propia oscila según estimaciones de técnicos de Vías Navegables entre 30 y 50 millones de dólares (un par de meses de cobro de peaje), que dragas como la Capitán Núñez de propiedad estatal están en manos de la empresa privada y deberían volver al Estado tras el fin de la concesión y que muchos de los técnicos que realizan el trabajo para la belga Jan de Nul provienen del sector estatal desguazado en estas últimas décadas.

La otra muletilla anti Estado muy utilizada en estos días apunta a que no debe ser una dependencia estatal la que perciba el peaje para luego contratar a una empresa que haga el trabajo (o que lo haga por sí mismo el Estado como plantea también entre las posibilidades el decreto) bajo el argumento de que eso quitaría “competitividad”.

Ese es el argumento de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), quien además reclamo que el sector no fue tenido en cuenta para la discusión del tema.

Un poco más lejos fue Ignacio Mántaras, secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), quien aseguro que con el Estado en el cobro se “arriesgan las virtudes del sistema innecesariamente, y la sensación es que el Gobierno va por la caja”.

El conjunto del ámbito empresario coincide en que el Estado debe estar al margen de la administración, y en todo caso remitirse a la conformación de un órgano de control.

Algo que en los 25 años de gestión privada ha resultado inaplicable como lo muestran los reiterados casos de empresas que utilizan mecanismos de subfacturación y triangulación para evadir sus responsabilidades fiscales. El punto más alto en esta cuestión se conoció con el “stress financiero” de Vicentin y los pormenores que se fueron conociendo en el caso al avanzar de las investigaciones judiciales.

Habría que mencionar también que si ese control no llegó a los negocios lícitos, mucho menos pudo alcanzar a los negocios ilícitos que circulan por nuestras aguas, como lo muestran los cargamentos de drogas recientemente capturados en Europa tras haber circulado impunemente por el Paraná.

La “trampa” de la propuesta privada reside en la idea de que se puede controlar sin ser parte de la administración, por lo que el sector acepta e impulsa nuevos órganos de control pero da la pelea para evitar que la Argentina este en la administración.

Pero incluso algunos de los máximos referentes de la agroexportación, como el caso de Luiz Zubizarreta, niegan directamente la falta de control que a esta altura es inocultable en nuestro comercio exterior.

Zubizarreta es el presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja), de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) y CEO de la multinacional francesa Dreyfuss.

En una reciente entrevista en el portal Letra P, previa al decreto 427/20, el CEO de Dreyfuss afirmó que “si estatizan la hidrovía volvemos al camino de tierra” porque “el Estado no sabe y no tiene recursos para hacer la obras de dragado”. También cuestionó la idea de que esté en juego la soberanía y de que falten controles.

“Es una confusión y una bandera atractiva para quienes no conocen el tema. Pero les digo que el flujo del río está controlado por Prefectura y la Aduana” asegura Zubizarreta para quien no faltan controles y duda que haya “falencias en los puertos, a mí no me consta. Hay un poco de mito en los números del contrabando”. A lo sumo acepta que existen “situaciones y las rechazamos; pero no creo que sea una cosa masiva como se presenta al tráfico ilegal de granos”

El empresario fue también uno de los más férreos opositores a la participación del Estado en una posible empresa estatal de granos a partir del caso Vicentin. 

Declaraciones que sirven para entender por qué desde el sector quiere mantener un sistema y una modalidad en donde el Estado no llega a mirar lo que realmente pasa ni de lejos.

El próximo 9 de julio se pondrán de manifiesto las dos visiones existentes sobre el tema con movilizaciones a favor de la participación estatal en Rosario y en contra de varias medidas del gobierno para el agro (entre ellas la participación en la Hidrovía) que se convoca en San Nicolás por parte de las entidades empresarias agrarias.

Esta primera semana da un parámetro también de lo que será la discusión que lejos de cerrarse recién comienza tendrá el año que marca el decreto 427 como plafón de cara a una nueva licitación privada o a la recuperación de la soberanía sobre el Paraná por parte de la Argentina.