Uno de los puntos de la ley ómnibus que elaboró el equipo de Javier Milei beneficia a las pymes locales que producen cigarrillos y que están lejos de las dos multinacionales que hegemonizan en mercado argentino. La propuesta del Ejecutivo, que incluye la eliminación del Impuesto Mínimo y la suba del Impuesto Interno a los cigarrillos de 70% a 73%, traería una situación de igualdad para todas las compañías del sector, tal como expresó la CANET (Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras), que comunicó su apoyo al articulado sobre impuestos. 

Es preciso recordar que en épocas de Mauricio Macri las tabacaleras dejaron de tributar un porcentaje de lo vendido y fueron obligadas a abonar un impuesto mínimo que se equipara al que tenía que pagarse como impuesto por un paquete de Marlboro, monto que es mayor al costo de un atado de cigarrillos de estas pymes en un quiosco. 

Desde entonces, las tabacaleras locales se vieron obligadas a funcionar con recursos judiciales, pero sin embargo no todas pudieron conseguirlo. Es por eso que este punto de la ley beneficia a los capitales locales, ya que dejarían de funcionar de acuerdo con lo que cada juez opine al respecto. 

Sin embargo, fue una tabacalera nacional que no es precisamente pequeña, Sarandí, la que pidió que el impuesto siga como antes, cuando ella misma puede seguir produciendo gracias a una medida cautelar. Es la única que funciona de esta manera. Porque las otras dos tabacaleras, ubicadas en Rosario y Santa Fe, están cerradas ya que la Justicia federal de Rosario no les permite trabajar a partir de un fallo que encabezó en su momento el camarista Aníbal Pineda y que significó para la provincia de Santa Fe la pérdida de cientos de puestos de trabajo.  

Pablo Otero, el Yabrán del tabaco, también es piloto de carreras.

Tabacalera Sarandi se presenta como una pyme nacional, aunque en rigor, desde el 2018 es socio del gigante del tabaco International Imperial Tabacco Group, y habría iniciado conversaciones non sanctas con dos legisladores del PRO, Diego Santilli y Cristian Ritondo, para que la ley no vea la luz y así poder asfixiar a las pymes nacionales y continuar funcionando con el recurso judicial. 

Esto que señalan desde CANET sería puesto en conocimiento con pruebas certeras al presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados, Jose Luis Espert, y motivaría una denuncia penal por delitos de corrupción. 

Por esta situación es que la Cámara de Tabacaleras le pidió formalmente a Espert, que está tratando la modificación de esta ley, tener participación en el debate y poder ser oída para explicarles a los legisladores “la situación actual y real de las verdaderas pymes tabacaleras del país”.

Resulta llamativo –señalan desde CANET– que una empresa cuyo principal propietario, Pablo Otero, enfrenta varias causas penales por delitos contra el fisco nacional como la falsificación de estampillas y evasión se siente impúdicamente en hoteles de luxe de capital federal con poderosos referentes políticos para seducirlos e impedir la modificación de la ley, dice la CANET.

Si la modificación a la ley de impuestos internos que beneficia a miles y miles de trabajadores, pequeñas empresas y generan una igualdad de mercado que actualmente se encuentra distorsionado no sale adelante, no será por una razón de fundamentos fiscales serios sino por un acto de corrupción comandado por quienes sindican a Pablo Otero como "el Yabrán del tabaco".