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La diputada provincial del Frente Social y Popular, Mercedes Meier, ingresó a la agenda legislativa un proyecto de ley para aplicar un gravamen extra sobre el impuesto inmobiliario rural a las grandes extensiones rurales; lo que en resumen puede denominarse un impuesto al latifundio.

La iniciativa entró en la sesión de este jueves con la firma de su autora y de su compañero de bloque, Carlos Del Frade, y propone que los dueños de ciertos campos (determinados por una escala proporcional a la extensión, y a la calidad productiva de acuerdo con región donde se encuentra) tributen entre 30 y 40 por ciento más de inmobiliario rural. Las utilidades recaudadas por esta modificación tributaria debería constituir un fondo para "resolver falencias alimentarias de las familias santafesinas", dice el texto presentado. 

“Según los datos preliminares del Censo Nacional Agropecuario en nuestro país el 1% de los productores concentra el 40 % de la tierra productiva de Argentina. Son 2500 familias que poseen casi la mitad de la tierra en el país. Si bien no están disponibles los números definitivos, en nuestra provincia se estima que los datos son similares”, afirmó Meier.

El proyecto estipula que el impuesto extraordinario alcanzará a todos aquellos grandes propietarios de tierras rurales del territorio santafesino, sean personas físicas o jurídicas, que posean más de cierta cantidad de hectáreas, según la calidad de las tierras, y en el caso de que el contribuyente sea propietario de más de un inmueble, deberán sumarse las superficies y valuaciones aplicándose la tasa de acuerdo a los totales resultantes.

Sobre el destino de lo recaudado la diputada del FSP explicó que “la discusión sobre la implementación de políticas estatales profundas que puedan enfrentar el problema del hambre que pasan miles de compatriotas vuelve a ponerse en primer plano en medio de un país que produce proteínas para alimentar a 400 millones de personas pero tiene a uno de cada dos niños y niñas en familias que están por debajo de la línea de la pobreza. En el país de la cosecha récord se vive una pobreza y hambre récord”

El proyecto desarrolla algunos datos sobre la concentración de la tierra en pocas manos en la provincia según los cuales el 7,3% de los establecimientos agrarios concentra el 42,2 % de las tierras productivas. Cada uno de ellos varía entre 1000 Has. y más de 20.000 Has. En números concretos esto implica que 1983 establecimientos concentran 4.601.849 mientras los restantes 6.256.842 ha productivas de nuestra provincia se reparten entre 24.724 establecimientos. En la cima del latifundio mientras tanto 21 establecimientos poseen más de 20.000 Has.; 51 más de 10.000 Has. y 37 más de 7.500 Has. Si bien todavía falta corroborar los resultados del último censo nacional agrario, estas son las cifras que en 2014 difundía el IPEC provincial.

De acuerdo con el proyecto ingresado, estarán alcanzados aquellos propietarios que posean en:

Área 1 - Más de 800

Área 2 - Más de 500 has

Área 3 - Más de 1000

Área 4 - Más de 800

Área 5 - Más de 3000

Área 6 este - Más de 1500

Área 6 oeste - Más de 3000

Área 7 - Más de 10.000

Área 8 - Más de 10.000

Y cada una de esas áreas componen el siguiente mapa santafesino según el valor de la hectárea, tal como lo establece Compañía Argentina de Tierras. 

 

En la agenda

La diputada quiso introducir este proyecto en la agenda legislativa santafesina antes de cumplir su mandato. Por eso lo hizo en la penúltima sesión del período. Ahora deberá transitar el circuito de comisiones y será Del Frade quien lo continúe en procura de que no pierda estado parlamentario al cabo del año próximo. No será empresa fácil al considerar que tampoco el FSP pudo consensuar una ley para que las compañías agroexportadoras –líderes en el ranking nacional de ingresos de dólares por exportación– paguen el impuesto a los Ingresos Brutos, del cual hasta ahora siguen eximidas. 

Meier afirmó: “Es necesario comenzar a discutir ese modelo dependiente que ha demostrado no sólo ser ineficaz para el conjunto de la sociedad (provocando graves daños a la salud y al medio ambiente, pérdida de la soberanía alimentaria, de la soberanía monetaria y desindustrialización), sino también económicamente inviable para las mayorías agrarias”.

En ese sentido, la legisladora recordó que en el censo nacional agropecuario de 2018 (CNA) quedó reflejado que al cabo de 30 años de modelo agroexportador el campo argentino ha perdido 150.000 productores agropecuarios desde 1988. "Sólo los grandes propietarios ganan, mientras que los pueblos originarios y los pequeños campesinos son expulsados de sus tierras, y los pequeños productores agrarios pierden", concluyó.