En medio del avance del lobby empresarial que impulsa que la concesión de los trabajos en el Paraná se mantenga en manos privadas, el silencio de los intendentes, y casi todas las referencias políticas de las localidades portuarias hace más ruido que nunca.

Ni siquiera en agosto de 2020 cuando el presidente Alberto Fernández llegó al histórico sitio de Punta Quebracho en Puerto San Martín para firmar el Acuerdo Federal de la Hidrovía y anunciar la creación de Hidrovía Sociedad del Estado, las autoridades políticas de la provincia y de la región del cordón industrial (donde se encuentra el principal polo agroindustrial del país) se mostraron muy entusiasmadas con la idea. 

El anuncio de la posible vuelta a manos argentinas de la administración del rio Paraná en manos del consorcio privado Hidrovía Sociedad Anónima, compuesto por la empresa belga Jan De Nul y la empresa argentina EMEPA, desde hace 25 años parecía incomodar a los intendentes de la región que suelen tener buena relación con los gigantes agroindustriales que despachan mercaderías por nuestras barrancas, y rechazaron desde el primer momento la idea.

A pesar de que la re concesión de la vía navegable se prorrogó 90 días tras vencer los plazos el 30 de abril, y el tema parece haber perdido intensidad en la agenda mediática, e incluso a pesar de que el nuevo Ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, asegurara que no se iba a hacer cargo el estado, el lobby del sector privado vinculado a las multinacionales agroexportadoras sigue su campaña mediática por mantener afuera de la administración a la Argentina.

La semana pasada, uno de los principales voceros del sector, Luis Zubizarreta, quien es presidente de la Cámara de Puertos Privados y CEO de la empresa francesa Dreyfus volvió a asegurar que “el Estado no está en condiciones de realizar el dragado, hace 25 años lo hacía y mal”.

Según expresó Zubizarreta en una nota en La Nación “la soberanía está 100% asegurada en manos del Estado y siempre lo estuvo. Hay muchos controles, quizás haya que mejorarlos, pero los flujos de exportación están bajo la lupa y la actividad privada puede hacer ciertas cosas y el Estado tiene que controlarlas”

Las declaraciones van en sintonía con la idea del sector privado de que el estado se limite a participar de algún órgano de control. Algo que hasta el mismo ex ministro Mario Meoni, fallecido hace poco, aseguraba que en los últimos 25 años de concesión privada había sido imposible. El control sin administración ha demostrado ser inútil, como reflejan los altos índices de evasión fiscal en el sector agroexportador y el creciente uso de la vía navegable para el comercio ilícito de drogas, armas, etc.

Esta semana también la Cámara de Comercio Industria y Servicios de San Lorenzo y su zona, que agrupa a las principales industrias de la región, se encolumnó dentro del lobby anti estatal para “expresar que promovemos la postura de nuestras entidades colegas (Bolsa de Comercio de Rosario, Cámara de la Industria Aceitera, Centro de Exportadores de Cereales, Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, Cámara de Puertos Privados Comerciales, Unión Industrial Argentina y Cámara Argentina del Acero)”, dijeron en un comunicado público.

El rol que le asignan al estado los empresarios que componen la cámara regional es claro, y en línea con Zubizarreta, plantean que el buen funcionamiento de la hidrovía “ha de darse sólo con una continuidad de una concesión de esta obra y de un Estado presente “sólo” como instancia de control de dicho proyecto”.

Draga de la concesionaria Jan de Nul.

¿Y los representantes del Estado?

La posición de los empresarios y multinacionales que usufructúan casi sin controles nuestro Paraná desde hace décadas no sorprende, lo que es realmente preocupante es la posición (o la falta de ella) por parte de los intendentes y demás autoridades políticas de la región y la provincia.

Desde que la discusión sobre el vencimiento de la concesión comenzó a ocupar el centro de la agenda mediática los intendentes de la región evitaron posicionarse claramente en favor de reprivatizar la hidrovía o que vuelva a manos del Estado. Posición que se consolidó con la marcha atrás del gobierno nacional en la creación de la empresa estatal sepultada por el decreto 949/20 de noviembre del año pasado.

Tanto Leonardo Raimundo (San Lorenzo), como Carlos De Grandis (Puerto San Martín) y Amaro Gonzales (Timbúes) encabezan el Foro de Localidades Portuarias de Santa Fe que también incluye a otras localidades costeras como Reconquista, Villa Gdor. Gálvez, Arroyo Seco, Villa Constitución, General Lagos y General Alvear. 

Desde ese sello en febrero de este año emitieron un comunicado en el que llaman a priorizar “la soberanía nacional”, pero el tema de la administración estatal del río no está casi presente en las agendas locales y no se han realizado más declaraciones públicas o actividades políticas en ese sentido

Por su parte, y en consonancia con la idea que prima en el mundo empresarial, el senador del departamento San Lorenzo (por donde salen la mayoría de las exportaciones) Armando Traferri evita hablar de la posibilidad de la administración argentina e impulsa “mayores controles”. 

A nivel nacional la cosa no es muy distinta. De las provincias que firmaron el Acuerdo Federal por la Hidrovía, que preveía la creación de la empresa estatal con participación en un 49% de las provincias costeras, solo el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof se expresó abiertamente por la necesidad de recuperar la vía navegable más importante del país.

El resto de los gobiernos provinciales firmantes, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Formosa y Misiones y Chaco evitaron pronunciarse. Incluso en el caso de Chaco, el gobernador Capitanich en medio de la polémica ratificó por decreto una resolución del Ministerio de Planificación. Economía e Infraestructura que concede a una sociedad anónima impulsada por la empresa Jan de Nul la explotación del riacho Barranqueras por los próximos 20 años.

Aquel compromiso federal en Punta Quebracho, con el Presidente, gobernadores e intendentes.

Recuperar el Paraná

Paralelamente al silencio de los funcionarios de las zonas costeras, fue creciendo la aceptación a la idea de recuperar la administración y el control del Paraná entre diferentes sectores políticos incluso dentro de la coalición de gobierno.

Las declaraciones de Kicillof están en línea con lo que viene planteando el senador nacional Jorge Taiana y figuras de la cultura y la política como Mempo Giardinelli o la fallecida recientemente Alcira Argumedo.

En varias localidades de la provincia la discusión se coló en los concejos deliberantes, como es el caso de Casilda donde el cuerpo legislativo aprobó una ordenanza impulsada por la Fuerza Popular Casildense con la declaración expresa de pedido de rechazo al decreto 949/20 y en adhesión a la creación de la empresa estatal para la administración de las vías fluviales. 

Algo similar ocurrió en el concejo de Rosario con un proyecto del bloque Ciudad Futura-FSP pidiendo que el municipio participe del debate teniendo en cuenta la importancia de defender los bienes comunes como el río Paraná.

También ingresaron en los concejos de Santa Fe, Villa Constitución y esta semana en el de San Lorenzo de la mano de referentes del Frente Social y Popular que provincialmente encabeza Carlos Del Frade, quien viene bregando por “aprovechar la oportunidad que significa el vencimiento de la concesión, que permitiría recuperar el Paraná y los recursos que por él circulan, para la Argentina en este momento de tantas necesidades”.

En San Lorenzo, el periodista y referente del FSP Germán Mangione hizo pública una presentación que su espacio envió al Concejo deliberante para que el cuerpo se exprese en ese sentido.

“Nos parece fundamental que las autoridades municipales se pronuncien en el mismo sentido, dando una señal clara de defensa del rol clave que debe jugar el estado en la vida de los argentinos y argentinas”, afirma Mangione.

“En medio de una de las crisis sanitarias más importantes de la era moderna, con la necesidad de recursos extraordinarios que implica enfrentarla, y siendo nuestro río el canal por donde en medio de esta situación fluyen los manantiales de la riqueza de nuestra producción y nuestro trabajo, creemos oportuno que los distintos niveles del Estado se manifiesten sobre la necesidad de que sea la Argentina, y en última instancia los argentinos y argentinas, los que administremos dichos recursos y no empresas extranjeras con intereses privados como en los últimos 25 años”, dice la carta que fue enviada al intendente Leonardo Raimundo y a Hernán Ore, presidente del Concejo Deliberante de la ciudad, junto con una propuesta de proyecto de declaración.

Este martes, el Foro por la Recuperación del Paraná que encabezan el diputado Carlos Del Frade y el escritor y militante Luciano Orellano, realizará una radio abierta en ese sentido con la participación de figuras políticas de todo el país con la consigna “El sol del 25, un solo grito, recuperemos el Paraná”

De cara al vencimiento de la prórroga de la licitación habrá que ver si los intendentes y funcionarios públicos regionales se animan a plantear un tema tan urgente como la recuperación de este recurso clave que es el Paraná para la Argentina o seguirán priorizando la continuidad de los negocios que reclaman las grandes empresas extranjeras que hoy reinan en nuestro río.