El diputado sanjuanino por el Frente de Todos, José Luis Gioja, presentó días atrás en el Congreso una iniciativa para modificar la actual Ley de Alquileres, que está vigente desde junio de 2020. Según el diputado, el objetivo del proyecto es mejorar las condiciones de contratación de los inquilinos y otorgar beneficios tributarios para los propietarios que alquilan sus inmuebles, entre ellos, la desgravación del Impuesto a los Bienes Personales por 15 períodos fiscales.

En ese sentido, Liliana Schwindt, subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores de la Nación, y Adrián Ganino, director nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo, mantuvieron una reunión en Rosario con diferentes sectores, sociales y políticos en donde de plateó la dificultad en el Acceso a la Vivienda y la especulación de las corporaciones inmobiliarias que llevaron los precios de los alquileres por las nubes.

Todos los participantes aseguraron que “es imprescindible buscar herramientas para frenar la avanzada especulativa sobre las propiedades”. La Ley que fue impulsada por las organizaciones de defensa de inquilinos/as, “ha sido totalmente desvirtuada por quienes siempre se han opuesto al acceso de trabajadores a viviendas dignas”.

En este contexto, “preocupa que sólo se analice la posibilidad de suspender la aplicación de la Ley de Alquileres”, una legislación que llevó años de debate y que suspenderla sin generar otras medidas de protección para los contratos vigentes y futuros “pone aún más en riesgo los derechos de los sectores más vulnerables en el eslabón de la cadena de propiedad privada: inquilinos y dueños de una propiedad”.

Nire Roldán, dirigente del Frente Nacional de Inquilinos y uno de los participantes de la convocatoria saludó la iniciativa de dialogo con miembros de la Secretaría de Comercio nacional y dijo a Rosarioplus.com que dejaron en claro a los funcionarios que “la Ley de alquileres no es solo un problema legislativo o de contenido jurídico de una norma, más bien es un problema integral y muy grave ya que el inquilino paga cada vez más, un 60% de su salario”.

Por otro lado, Roldán señaló que la mirada de problema del alquiler “la tienen también los propietarios de una o dos viviendas que ahorraron gran parte de su vida para tener una pequeña renta que nada tienen que ver con la especulación inmobiliaria”.   

Según el referente son estos especuladores los que generan una gran distorsión en el mercado inmobiliario por lo cual es “necesario que se tomen medidas para solucionar el problema y que además el Estado participe activamente”.

“Muchas veces se escucha en los medios de comunicación que fue la ley la que ocasionó el problema del alquiler, cuando claramente no es así. Es un problema mucho más grande de muchas dimensiones, por lo cual entendemos que la solución también debe ser así” remarcó y advirtió sobre el ingreso de grandes capitales inmobiliarios que “hacen que en las grandes ciudades de Argentina  el problema de la viviendas en alquiler sea fuerte”.

En se sentido y ante la aparición de esto actores, el referente inquilino precisó que “es necesario ver si existe vivienda ociosa, con una respuesta que sea un tributo a estas propiedades, pero también propuso la creación de un fondo con estos recursos para quienes tienen una vivienda para alquilar y que de esa manera puedan sumarla a la oferta inmobiliaria que son quienes hoy restiran sus viviendas para alquilar.  

De la reunión participaron también Antonio Salinas, titular de la Oficina de Defensa del Consumidor Rosario; Ariel D'Orazio, Coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor; Emmanuel Canelli, de la Asociación de Inquilinos Rosario; Nire Roldán, dirigente del Frente Nacional de Inquilinos; Sebastián Artola, Integrante de la Federación de Inquilinos Nacional; y trabajadores/as de la Oficina de Defensa del Consumidor Rosario.

La reforma de la ley por parte del oficialismo

La iniciativa presentada por Gioja incluye un plan para la construcción y adquisición de inmuebles por el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la gestión pública de alquileres sociales, que debe ser diseñado por el Consejo Nacional de la Vivienda. Este sistema ofrecería a los inquilinos precios más bajos que los del mercado inmobiliario privado.

El proyecto también ordena al Consejo Nacional de la Vivienda elaborar un modelo de proyecto de ley para gravar a los inmuebles vacíos, que podrían destinarse a la vivienda y que se encuentran deshabitados.

Otro punto del proyecto es un beneficio para los monotributistas: los que otorguen seguros de caución deberán aceptar tomadores a las personas inscriptas en el régimen simplificado y no podrán requerirles más que la constancia de inscripción y comprobantes de pago de los últimos seis meses, ni podrán cobrarles más que a los empleados en relación de dependencia.