El 2016 fue el año de los tarifazos y 2017 va en la misma dirección. En Santa Fe, el gobierno anunció que habrá un incremento del 28% en el servicio de Aguas a partir de febrero y de otro 10% a facturarse desde junio “por pedido de la empresa”. El aumento, uno más entre tantos, perjudicará considerablemente la situación económica en los hogares más postergados y por eso, aunque la actividad legislativa todavía no se reanuda, un grupo de Diputados entiende que debe apurarse el tratamiento de la “Tarifa Social del Agua”, inexistente todavía en territorio provincial.

Este lunes, los legisladores Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger (bloque Igualdad y Participación) solicitaron al gobernador Miguel Lifschitz que el proyecto de ley para crear esa tarifa sea tratado de manera urgente en sesiones extraordinarias. “Los tarifazos pesan cada vez más sobre el bolsillo de la economía familiar. Los servicios públicos de agua, luz y gas son ya difíciles de pagar y, respecto al servicio de agua, que es un derecho humano fundamental, estamos ante la inexistencia de tarifa social. Esta es una mora reconocida tanto por el Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Provincia, como por la empresa Assa y el Enress, que en distintos pronunciamientos han expresado la importancia de que exista una tarifa social para el agua", recalcó Giustiniani. 

Esencialmente, el proyecto presentado propone la exención del 50% de la tarifa para aquellas personas jubiladas o pensionadas que cobren dos jubilaciones mínimas, para empleadas domésticas, trabajadores y trabajadoras formales e informales cuyo salario sea menor a dos salarios mínimos, vitales y móviles y para beneficiarias de planes sociales o monotributo social. También propone una exención del pago para el cargo por conexión para aquellas personas que se encuadran en el universo de "casos sociales".

Silvia Augsburger agregó que "los puntos fundamentales del proyecto apuntan sobre todo a proteger a los hogares más vulnerables, ya que ahora, frente a los aumentos ya definidos, lo que tenemos que hacer es ofrecer asistencia a esas personas y familias que no podrán hacerse cargo del aumento”.

Desde que se anunció el incremento, las críticas por parte de la oposición se multiplicaron por decenas. La mayoría de las voces coincidió en que una suba del 28% y otra del 10% no son propicias en un supuesto escenario con una inflación que, según se calculó al momento de fijar el presupuesto 2017, será del 17% a lo largo del año.