El conflicto laboral en Vicentin persiste y los trabajadores mantienen la medida de retención de tareas que comenzaron el lunes. Esta situación se da en paralelo con la suspensión del paro nacional aceitero, que había sido convocado por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo. La huelga fue levantada después de que el Ministerio de Capital Humano decretara la conciliación obligatoria, que estará en vigor hasta el 10 de abril.

El paro fue convocado para exigir mejoras salariales y en protesta por la falta de pago por parte de Vicentin SAIC, así como por la vulneración de derechos laborales en Explora SA Puerto San Martín. La huelga amenazaba con afectar la actividad agroexportadora durante la cosecha de maíz y soja, impactando las operaciones de carga y descarga de buques en los puertos del país.

A pesar de la conciliación obligatoria que logró frenar la huelga a nivel nacional, la protesta sigue activa en Vicentin. La primera audiencia de conciliación está prevista para el lunes próximo, aunque los sindicatos no esperan avances significativos en esa reunión inicial.

Por otro lado, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) calificó la huelga como "excesiva e ilegal", instando a los sindicatos a retomar las negociaciones y normalizar las actividades industriales.

Desde los sindicatos, se acusa a CIARA y a las empresas aceiteras de demorar la negociación paritaria y de tomar acciones en contra de los trabajadores. En el caso de Vicentin, se destacó la falta de pago de salarios, mientras que en Explora SA se registraron despidos recientes. 

En un comunicado, los sindicatos señalaron que Vicentin había informado a la Secretaría de Trabajo sobre contratos vigentes con empresas como Bunge y ACA por los próximos doce años, los cuales garantizarían el pago de los costos de producción y salarios. Sin embargo, estos acuerdos aún no han sido implementados debido al rechazo del acuerdo preventivo de acreedores por parte de la Corte Suprema de Santa Fe y el juez del concurso.