El 2016 marcó un significativo retroceso en la lucha por combatir la precarización laboral en el sector agropecuario, uno de los más informales de la economía argentina. Los registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) dan cuenta de una importante reducción en la planilla de peones rurales registrados: 10.477 menos entre enero y octubre del año pasado, último informe publicado por este organismo. En Santa Fe, la quinta provincia con más inscriptos en este rubro, 1.769 trabajadores salieron del sistema.    

La merma en los registros de la SRT se debió a dos factores cada vez más visible en las actuales relaciones laborales: despidos e informalidad. Los peones rurales que ya no figuran en las planillas o fueron echados o dejaron de tener un seguro laboral, léase pasaron a trabajar en negro. En enero de 2016 había 349.692 personas realizando tareas en la agricultura, la caza, la silvicultura (cuidado de los montes y bosques) y pesca. En octubre la cifra bajó a 339.485 trabajadores.

Estos datos oficiales son muy disímiles a los de años anteriores. La tendencia fue inversa con más peones engrosando las planillas. Por ejemplo, en enero de 2014 había un total de 345.258 peones registrados con cobertura. Un año después, la cifra había subido a 364.862 empleados, es decir 19.604 más. La comparativa enero 2015/2016 arroja una merma de 14.900 trabajadores.

A principios del año pasado, los empresarios del sector desembolsaron 4.078.218.520 pesos en sueldos. En octubre, inflación mediante, la erogación de la masa salarial fue de 3.675.519.363. ¿Dónde fueron a parar los 400 millones de pesos de diferencia?  A los bolsillos del sector privado. “Los empresario le sacan provecho al trabajo informal y a la explotación laboral para maximizar sus ganancias”, explicó el periodista y escritor Sebastián Primici, autor del libro “De patrones y peones. Los aliados esclavistas de Mauricio Macri”.

Santa Fe tenía un total de 25.720 empleados rurales en enero de 2016, guarismo que se redujo a 23.951 diez meses más tarde. Durante ese lapso, 1.547 empleadores salieron del sistema. En paralelo, se registraron más casos de explotación laboral. 

El aumento de la informalidad laboral en el sector agropecuario se agudizó con los cambios que dispuso el gobierno nacional en el organismo encargado de proteger a los peones y fiscalizar a las empresas del sector.  

En 2011, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), en manos de Gerónimo “Momo” Venegas (secretario general de Uatre) desde el 2002, perdió poder con la aprobación de la ley 26.727 sobre el Nuevo Régimen de Trabajo Agrario. La creación de otro organismo, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatea), posibilitó un importante salto cualitativo en el control de los peones. Sin embargo, el año pasado, el gobierno desmanteló este ente y le encomendó a Venegas restaurar el antiguo Renatre

En su libro, Primici demostró que Venegas se encargó de encubrir la explotación laboral desde el Renatre (2002-2011) a partir de la tercerización de la fiscalización hacia empresas vinculadas a la Uatre y la obra social del mismo gremio (Osprera).  “Como medalla de honor por los servicios prestados en pos de la precarización, Macri lo premió nuevamente con la titularidad del Registro”, señaló el periodista.

Los 600 trabajadores del Renatea que fueron despedidos a mediados del año pasado denunciaron que el gobierno nacional buscaba “desarticular los controles laborales en los campos, facilitar la trata de personas en el sector agropecuario y dejar a los trabajadores agrarios en estado de emergencia”.

La mutación del organismo incluyó la desafectación de los programas de alfabetización de la población rural y la caída en desgracia de los proyectos Pista y Cuidar, entre otros. El primero proponía la inclusión productiva del trabajo agrario a través de la capacitación y empleo de trabajadores temporarios, mientras que el segundo era un programa destinado al fortalecimiento de espacios de atención y cuidado y educación de los hijos de los productores.

"No sólo están dejando trabajadores en la calle, sino que a su vez dejan en un desamparo absoluto a los empleados rurales y le dan todas las comodidades a la Mesa de Enlace para que tenga mano de obra barata y precarizada", se quejó la delegada gremial Inés Arancibia.

Y reflexionó:  "Eliminar las acciones del Renatea es la victoria de las corporaciones patronales agrarias, que no sólo tendrán los beneficios de la eliminación de las retenciones y la devaluación, sino que necesitan la flexibilización de las condiciones de empleo de los trabajadores agrarios, se trata de la revancha de estos sectores que pagarán los trabajadores agrarios en la desprotección. Vienen por las ochos horas de trabajo que conquistaron los trabajadores rurales con el Estatuto de 2011".