El último caso ocurrió este sábado en la terminal de Dreyfus, en General Lagos. Lucas Coronel (21 años) cayó al vacío mientras limpiaba el tercer subsuelo de la planta junto a otros compañeros de una empresa contratista. Murió en la cama de un sanatorio luego de ser internado. Su accidente derivó en una huelga sindical que se levantó 20 horas más tarde tras la promesa patronal de maximizar las medidas de seguridad.

“Ni las huelgas, ni las denuncias, ni las presiones, nada alcanza. Se siguen muriendo compañeros”, admite dolorido Daniel Yofra, secretario general de la Federación Aceitera, uno de los dirigentes más combativos a la hora de reivindicar los derechos laborales de los cientos de operarios que trabajan en las 16 terminales portuarias —desde San Nicolás hasta la localidad de Timbúes— ubicadas sobre la ribera del Paraná, por donde se exporta el 80% de la cosecha del país.

Su resignación se debe a un trágico historial de muertes que se engrosa año tras año pese a los reiterado juramentos de los empresarios de garantizar todas las medidas de salud, higiene y seguridad que necesitan los trabajadores para desempeñar sus tareas sin correr ningún riesgo. “Las muertes las lloramos nosotros, ¿o vos viste algún patrón accidentado?”, dice Yofra con cierta ironía. El archivo de los diarios lo avala.

En mayo de 2013, Jesús López, de 59 años, oriundo de Timbúes, murió mientras descargaba cereal en la empresa Nidera de Puerto General San Martín. Estaba sobre una plataforma hidráulica cuando se le cayó un elemento al camión, salió al exterior para recogerlo, pero cayó en una fosa y fue arrastrado por el cereal.

Ernesto Montes, un mecánico de 37 años, salvó su vida de milagro en esa misma firma. Fue en julio 2014 cuando realizaba trabajos en la puerta de una celda elevadiza. Fue aplastado en ambas piernas por un enorme contrapeso que cayó de golpe sobre su cuerpo. Sufrió la quebradura de tibia y peroné de ambas piernas.

En mayo de ese año, Gastón Pergiaconi, de 36 años, murió en la zona de descarga de la Terminal 6, también en Puerto General San Martín. Trabajaba para el empresa Tork S.A y fue aplastado por un “volcable”, un elemento muy pesado que se utiliza para la carga de los camiones.

En 2015, también en Terminal 6, un empleado de la Cooperativa de Servicios Portuarios de Puerto San Martín murió después de sufrir un accidente cuando descargaba una barcaza en un muelle. El desprendimiento de una linga que amarraba el boque desencadenó una nueva tragedia. Su nombre no trascendió en los medios de comunicación.

Meses atrás, en diciembre del año pasado, un operario que trabajaba dentro de una celda en la terminal portuaria de la empresa Cofco (ex Noble) en Timbúes fue aplastado por una montaña de cereal. Se llamaba Gustavo López y tenía apenas 19 años. Trabajaba para una empresa contratista que presta servicios en la agroexportadora.

El diputado provincia Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) expuso las millonarias ganancias de un sector que “no paga ingresos brutos, contaminan y se despreocupan por la salud de los trabajadores” para graficar una paradoja: muertes enquistadas en las firmas más rentables de Santa Fe. 

Puso como ejemplo el último balance de Dreyfus --donde ocurrió la última muerte--, “la empresa número 32 entre las mil que más facturan en la Argentina”. Ventas por 22.161 millones de pesos, ganancias netas por 2.644 millones,  ingresos por 61 millones diarios, 2,5 millones por hora y 42.748 pesos por minuto.  

“Dinero suficiente para hacer inversiones en higiene y seguridad industrial. No las hizo porque en Santa Fe las grandes empresas suelen tener impunidad. La provincia tiene el triste record de sufrir 96 accidentes laborales diarios y un trabajador muerto cada cuatro jornadas. Impunidad empresarial, trabajadores que buscan ganarse la vida y la pierden. Postales del presente santafesino”, reflexionó.

Yofra no avala ni desmiente los números de Del Frade. “No tenemos estadísticas, lo que está claro es que los accidentes y las muertes se repiten”, sentencia.

La tercerización en la mira

Los sindicatos sí tienen estadísticas sobre la mesa en lo que respecta a las condiciones laborales de los obreros fallecidos en los últimos años. El 80% eran operarios tercerizados, es decir contratados para llevar a cabo tareas específicas dentro de las terminales. La Federación de Aceiteros reclama desde el 2006 la eliminación del sistema de contratistas. En 2013, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina se sumó a este reclamo.

“La tercerización y el sistema de contratistas generan la perpetuación de esta situación perversa en la que los compañeros trabajan precariamente, temerosos de perder sus puestos de trabajo y asumiendo tareas peligrosas para las que no están adecuadamente preparados”, remarcaron en diciembre tras la muerte de López.

“La responsabilidad principal la encontramos en las políticas de las empresas, que priorizan la ganancia por sobre su deber de proteger la vida y la integridad de los trabajadores, que no capacitan adecuadamente a los compañeros, que no toman medidas preventivas y no acatan las regulaciones existentes”, se quejaron a través de varios comunicados.

Según Yofra, en el último caso, el trabajador tercerizado murió “haciendo tareas de rutina, lo que es más grave aún, porque la contratación se hizo a escondidas de la comisión interna". “Hay un acuerdo para que las únicas contrataciones se den cuando las plantas están paradas, en este caso lo burlaron”, explica.  

¿Por qué las empresas contratan empleados externos? Porque prefieren “pagar servicios y no trabajo”. “No se ahorran nada, hasta pagan más caro que a un trabajador con convenio. Pero pueden exigir más, puede presionar en pos de más productividad y sortear un montón de exigencias”, aclara el gremialista.

Pese a un problema enquistado, Yofra remarca algunos triunfos en las pulseadas con los empresarios. En 2008, las terminales tenían 120 trabajadores con convenio y 250 contratados. Hoy, hay más de 400 convenios y no más de 20 trabajadores tercerizados.

El combo se completa, a juicio del dirigente sindical, con la “ausencia total” de un estado provincial que no sanciona ni vigila a este grupo de empresas, ni a nivel de seguridad laboral, ni tributaria, ni ambiental.

En la última gran inspección, realizada en 2009 por la Subsecretaría de Ingresos Públicos con tomas áreas, se detectaron 240 mil metros cuadrados no declarados  en tan solo siete empresas del cordón industrial del Gran Rosario, entre otras irregularidades.