La decisión de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) de incrementar sus tarifas hasta un 40% desde esta semana ha generado un nuevo enfrentamiento entre las empresas del sector y el Gobierno. Mientras que las aseguradoras defienden este ajuste argumentando el aumento en los casos judiciales y el deterioro del sistema, la administración nacional las acusa de estar actuando de manera concertada.

El principal problema que subraya la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) es el creciente número de juicios relacionados con los accidentes laborales. En 2023, se registraron 125.842 demandas, lo que representa un incremento del 6,8% respecto al año anterior. Según la UART, esta alta litigiosidad afecta negativamente a la economía, ya que obstaculiza las decisiones de inversión y empleo de los empresarios, limita las posibilidades de los trabajadores y pone en riesgo la estabilidad del sistema.

Las aseguradoras afirman que el "costo judicial" ha generado una barrera estructural que frena el desarrollo económico del país. Argumentan que, aunque la tasa de siniestralidad en Argentina es comparable con la de países como Chile y España, la cantidad de litigios es hasta 20 veces mayor, lo cual dificulta la competitividad. También mencionan que la inflación de los últimos años ha influido en la necesidad del aumento.

En respuesta, algunas de las principales aseguradoras del sector, como Experta (parte del Grupo Werthein), Galeno, Segunda Seguros y el Grupo Provincia, decidieron implementar un aumento de tarifas coordinado. Además, se supo que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, aprobó la participación de Provincia ART en este ajuste.

Por su parte, desde la UART, dirigida por Mara Bettiol, señalaron que no fueron ellos quienes impulsaron el aumento, ya que cada aseguradora tiene la libertad de definir sus políticas y plazos. Este incremento, sin embargo, podría ejercer presión sobre la inflación, un tema sensible para el Gobierno.