La audiencia pública celebrada este jueves en el Centro Metropolitano de Diseño, en el barrio porteño de Barracas, no dejó buenas noticias para los argentinos. Las empresas distribuidoras de gas en diferentes regiones del país presentaron sus propuestas de ajuste de tarifas del servicio residencial, comercial e industrial, con aumentos que oscilan entre el 38% y el 58%.

En Santa Fe, el ejecutivo de Litoral Gas, Carlos Luft, solicitó un aumento total de 54%, que en la factura promedio actual del usuario residencia significa que pasará de 471 a 727 pesos, lo que representa un aumento de 256 pesos". 

Luft precisó que "del ajuste propuesto, el aumento que corresponde a la distribuidora es del 38%, mientras que el resto son incrementos vinculados al precio del gas en boca de pozo, el transporte y los impuestos".

Para el caso de los usuarios Industriales, el ejecutivo indicó que "la propuesta es un incremento total de 55%, del cual el ajuste de distribución es del 38%".

Precisó que Litoral Gas "Invertirá este año 405 millones de pesos en obras para mejorar y ampliar el servicio".

La compañía cubre 209 localidades de la provincia de Santa Fe y el noroeste de la provincia de Buenos Aires, con un área de influencia de 2,3 millones de habitantes que cuentan con el servicio de gas por redes.

En tanto, el presidente del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Mauricio Roitman, destacó la utilidad de las audiencias públicas para hacer "más participativo y más colaborativo este proceso" de ajuste de tarifas.

Al inaugurar la audiencia, señaló que "el mercado de gas aún requiere de un ordenamiento y de pautas orientadoras", y por eso puntualizó que es preciso "abrir un amplio debate sobre este tema".

Sostuvo que "las manifestaciones realizadas en la audiencia deben ser consideradas, estableciéndose la obligación de la autoridad de fundamentar adecuadamente en la decisión final cuáles argumentos han sido receptados y cuáles desestimados".

Lamberto en contra del tarifazo

El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, solicitó este jueves que “no se considere la propuesta tarifaria de Litoral Gas en la forma solicitada por la empresa”, ya que ésta no considera la situación socioeconómica de los usuarios y la evolución de salarios y de la economía en general.

Además, reiteró la falta de obras de importancia para la operatividad del sistema y pidió tarifas especiales para las subdistribuidoras provinciales de carácter público, y una definición del gas en garrafa como servicio esencial.

Luego de participar, a través de teleconferencia, en la audiencia pública convocada por el Ente Regulador del Gas (Enargás), el ex ministro de Seguridad de Santa Fe propuso como alternativa “que se valore aplicar en el tarifario el llamado amesetamiento en las facturas, es decir que bimestralmente se pague el promedio del gas consumido en el año para amortiguar el consumo de invierno, sin costos administrativos a los usuarios”.

Lamberto comenzó destacando que la Defensoría del Pueblo también participó este miércoles en la audiencia pública celebrada en San Miguel de Tucumán para tratar incrementos tarifarios para el transporte de gas. Allí dejó sentado “que el transporte de gas natural debe ser considerado una auténtica política de Estado, que no puede ser exclusivamente financiado por los usuarios a través de la tarifa”.

Al referirse puntualmente al aumento solicitado por Litoral Gas en concepto de distribución explicó que la empresa, en base a un mecanismo no automático de adecuación semestral según el índice de Precios Internos al por Mayor (Ipim) publicados por Indec, pidió una actualización del 7,62 por ciento sobre la totalidad del aumento aprobado por la Revisión Tarifaria Integral (RTI), ya que en este período se aplica el tercer y último tramo del mismo.

“En este caso la fórmula de la distribuidora sólo contempla la variación de precios mayoristas, lo que no se condice con lo resuelto oportunamente por el propio Enargás. Deben tenerse en cuenta, para cualquier actualización tarifaria, la realidad socieconómica de los usuarios, la evolución de salarios y de la economía en general. Una vez más reiteramos que el costo de los servicios públicos y demás gastos deben ser afrontados por una única persona, el usuario”, reiteró Lamberto durante su exposición.

El defensor del Pueblo santafesino también indicó que Litoral Gas solicita una compensación por el escalonamiento tarifario, es decir por la aplicación en tres tramos del incremento previsto anteriormente. “No debe considerarse tal pretensión dado que en ningún momento se puso a consideración de los usuarios la división del aumento de la RTI en tres partes y que esa disposición de la autoridad de aplicación conllevaría un costo para todos los usuarios”, sentenció Lamberto.

Asimismo, el defensor advirtió que el nuevo cuadro tarifario contempla la variación del precio del gas Pist (Punto de Ingreso en el Sistema de Transporte) al valor del dólar, con lo cual “queda claro lo que oportunamente se había advertido sobre lo riesgoso para los usuarios de tener un precio dolarizado sobre el gas en boca de pozo”. Fue en ese contexto que insistió con “una auditoría independiente que determine los costos reales del gas en el punto de ingreso al sistema”. Y también pidió rechazar el pedido en base al rubro “variación del costo del gas retenido”, ya que “se trata de pérdidas producto de la propia operación”.

Lamberto también resaltó que para la provincia de Santa Fe “no estando previstas obras de expansión de relevancia en el plan de obras obligatorias de la licenciataria, por lo que la propia provincia, con fondos provinciales, resolvió llevar a delante un gasoducto en la colectora de la ruta 1 para llevar suministro a Colastiné y Rincón, para luego explotarlo por Enerfe como subdistribuidora”. El defensor santafesino añadió que esta obra no fue considerada por Litoral Gas ni como obra complementaria ni obligatoria y solicitó al Enargás que autorice la construcción. En ese contexto, insistió con la necesidad de que “consideren tarifas especiales para las subdistribuidoras provinciales de carácter público, sin costos adicionales para el usuario”.