Los imputados rechazan la asociación ilícita y la prisión preventiva

 “No conozco a ninguna de las personas que están acá”. Esas fueron las palabras de Jonatan Zárate el martes en la audiencia imputativa por la megacausa que mantiene en vilo al mundillo judicial y de negocios de la ciudad. El hombre, oriundo de la zona oeste, rechazó los cargos pero deberá cumplir hasta el 11 de noviembre la prisión preventiva dictada por la jueza Mónica Lamperti.

En ese marco, su abogado defensor, Ignacio Carbone dialogó con Rosarioplus.com y adelantó que apelará la calificación del delito de asociación ilícita, tal como habían informado otros defensores de imputados. “El fiscal (por Sebastián Narvaja) le erró en cómo calificó. Además de la figura de asociación ilícita, que voy a apelar, también está acusado de dos estafas y falsificación de documentación. Ambos prevén penas de un mes a seis años, y según los cálculos de concurso real, le corresponde la libertad durante el proceso”, sostuvo el penalista.

Para Carbone, la jueza Lamperti procedió mal al dictar la prisión preventiva y, más a cuenta de que Zárate no tiene antecedentes penales, remarcó.

Zárate y el agente de bolsa Jorge Oneto fueron los dos únicos alcanzados por la medida que durará 30 días. El resto de los 9 detenidos deben cumplirla hasta el 12 de diciembre. Zárate está señalado como uno de los prestanombres en la causa. Los investigadores lo ponen cerca de Roberto Aymo, presunto reclutador de testaferros y quien identificaba los inmuebles que iban a ser parte de la red fraudulenta. Más arriba, y una vez concretada la apropiación por falsificación de poderes o usurpación, comenzaba la estrategia de los empresarios imputados para dar apariencia de legalidad de cara a futuras ventas. En el análisis global del caso, ese vínculo es visto por la Fiscalía como asociación ilícita.

Zárate, siempre según indicaron desde la Fiscalía, además de prestar nombre en las operaciones interactuaba con las víctimas señaladas por Aymo, quien fue vinculado a la banda Los Monos y sería el primer eslabón de la cadena de fraude. La mujer de Aymo, Ramona Rodríguez y el prófugo Tránsito Portillo Retamar hacían de compradores y el escribano Eduardo Martín Torres, uno de los notarios que facilitaba la maniobra de estafa insertando documentación falsa.