Los gremios aceiteros, representados por el SOEA de San Lorenzo y la Federación Nacional Aceitera, se reunieron con las cámaras empresarias encabezadas por CIARA (Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina) en el Ministerio de Trabajo de la Nación pero luego de 8 horas de negociación no hubo acuerdo. Por su parte los recibidores de granos, agrupados en URGARA, tampoco pudieron llegar a un acuerdo con la Cámara de Puertos Privados.

Desde el comienzo del conflicto, que hoy mantiene a 150 buques de ultramar a la espera de poder cargar más de 4.5 millones de toneladas de granos y subproductos, las cámaras empresarias se lanzaron a una campaña mediática instalando un supuesto “pedido irracional de los gremios” que estaría haciendo fracasar la negociación.

Este miércoles en un comunicado conjunto las tres entidades gremiales dieron a conocer su pedido y desmienten las versiones empresarias.

“Los representantes de las cámaras patronales emitieron un comunicado para justificar su intransigencia disfrazándola con nuevas y groseras falsedades, acusando a los trabajadores de “pedir más”, de “profundizar las medidas” y de cometer actos ilícitos en el marco de la huelga”, afirma el comunicado gremial.

En el mismo aseguran además que las empresas pretenden culpar a los trabajadores y trabajadoras de “su decisión de no liquidar los dólares y promover, como lo han hecho siempre, una salida devaluadora que incrementaría aún más sus extraordinarias ganancias y golpearía nuevamente a todo el pueblo argentino”.

Esta semana analistas del sector ubicaban la liquidación de divisas para el 2020 en una cifra que cerraría con una caída de alrededor del 15% en comparación con el año pasado y diciembre anotaría ingresos por debajo de los u$s1.000 millones.

Desde las empresas apuntan al paro como una de las razones, sin embargo antes del comienzo de las medidas de fuerza la liquidación ya acumulaba una caída del 13,5%, a pesar de las medidas del gobierno como la baja escalonada de retenciones que beneficiaron al sector desde octubre.

Los gremios, que no llevaban adelante medidas conjuntas desde hace más de una década, aseguran que además las empresas están presionando abiertamente al gobierno para “beneficiarse con medidas impositivas”.

¿Alguien puede creer, como dicen, que estas empresas pierden 100 millones de dólares al día y no pueden afrontar un aumento salarial para sus trabajadores? , se preguntan los trabajadores de uno de los pocos sectores económicos que no detuvo su marcha durante la pandemia mundial de Covid.

Según explican los gremios en la misiva pública “con un solo día de los siete que lleva la huelga les alcanza y sobra para pagar el aumento de todo el año a todos los trabajadores”.

Uno de los ítems que discute el gremio aceitero de San Lorenzo es la entrega de un bono gratificación para los trabajadores que fueron declarados esenciales y debieron concurrir a las empresas durante la cuarentena. Un bono de 9 mil pesos que desde abril solo les paga a sus trabajadores la empresa china Cofco y que desató el reclamo del resto.

Si el cálculo de las empresas de la pérdida diaria por el paro fuese correcto, con ese mismo dinero podrían haberse pagado 1.365.000 bonos retroactivos; sin embargo, en el complejo solo hay alrededor de 5 mil trabajadores. 

Desde los gremios se afirma que las cámaras han incumplido con los acuerdos firmados. En el caso de Aceiteros la revisión salarial del 2020 estaba prevista para el mes de agosto, con URGARA no han firmado aumento alguno para la paritaria anual que debiera regir desde junio del 2020.

El reclamo salarial concreto es que las empresas cumplan con el acuerdo para el 2020 y ajustar el 25% que percibieron en abril para llevarlo al 35% de inflación proyectada para este año, pagando el bono anual de todos los años ajustado con la pauta firmada. 

Pero más allá de los porcentajes, que las empresas intentaron instalar que era del 176% de aumento confundiendo intencionalmente reclamo salarial con el de los bonos de fin de año, en el comunicado conjunto se aclara que “el pedido no se basa en la inflación, ni la pasada ni la futura. Tampoco se basa en las ganancias extraordinarias que tienen las patronales del sector. Nuestro pedido tiene origen en nuestras necesidades, y tiene fundamento en la Constitución Nacional que establece el derecho a un salario justo, que garantice una vida digna”

Y los trabajadores junto a sus representantes ubican esa cifra necesaria para cubrir las necesidades básicas a enero de 2021 en $93.280, de acuerdo con los número brindados por el INDEC. Aclaran finalmente que “nuestros básicos iniciales de convenio no llegan a los $70.000, estando pendiente el reajuste del 2020. Para ello pedimos un aumento para el año 2021 de 25%, menos de lo que el presupuesto nacional proyecta de inflación 2021”

Para dar cuenta de las operaciones mediáticas de los empresarios, aseguran que “hoy las patronales nos acusan, mienten y presionan al gobierno y a la sociedad; pretenden hacernos ver como unos privilegiados y locos por pretender darles a nuestras familias lo que es un derecho: una vida digna producto de nuestro trabajo…. Porque mientras las empresas agroexportadoras acumulan ganancias extraordinarias año tras otro, enfrentamos los mismos problemas, dificultades, deudas y hacemos múltiples sacrificios para poder avanzar como la gran mayoría del país. No vivimos del trabajo ajeno, somos trabajadores y trabajadoras que luchamos por un salario digno para vivir”

Al cierre de esta nota no había nuevas convocatorias a mesas de negociación y cientos de trabajadores se mantienen firmes en los portones de las empresas de nuestra región.