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El Estado Nacional tuvo una importante participación en la construcción de viviendas y de infraestructura básica (rutas especialmente) durante la década pasada y lo seguirá teniendo en el futuro. Sin embargo, en la actualidad, como parte de su política de revisar la gestión anterior, ha decidido discontinuar la obra pública hasta nuevo aviso: simplemente el Estado Nacional dejó de pagar por las obras que se están realizando.

Las declaraciones oficiales han hecho hincapié en las irregularidades de las contrataciones precedentes y en la imperiosa necesidad de rever toda la obra pública en curso. En particular, se ha comentado que no hay documentación respaldatoria de algunas licitaciones por ejemplo.

Por otra parte, se detectaron pagos anticipados en algunas de las obras públicas que no se condecían con el nivel de avance de las mismas. Estos ejemplos son aislados, tal vez, pero ha sido la decisión oficial.

La contracara de esta definición ha sido, justamente, la paralización de la obra pública en vastos espacios del país. Desde la Cámara Argentina de la Construcción se ha hecho notar que el parate en las obras públicas acarreó la inmediata cesantía de más de 30.000 obreros a lo largo y a lo ancho del país, sólo entre noviembre y diciembre, aunque en enero ese número podría ser aún mayor dados los indicios de los que disponen. De hecho, se espera que sean casi 100.000 los despedidos hasta finales de marzo.

La construcción de viviendas es el sector más afectado, ya que los pagos que surgían desde el ministerio del Interior se han reducido a cero desde los $2.300 millones mensuales que se pagaban.

En algunas provincias en donde la obra pública en construcción hecha por el estado es importante, como Misiones, esto adquiere ribetes trágicos en términos de empleo. Por otra parte, también se cancelaron los pagos correspondientes al plan Procrear, programa que, según se afirma, tiene contratos firmados por más de $18.000 millones

La construcción tiene, como es conocido, numerosos efectos multiplicadores, es decir que cada peso que se gasta en la construcción se multiplica, porque tiene una alta proporción de salarios en sus costos y estos se vuelcan al consumo interno directamente.

Hay también industrias conexas con valor agregado como la maderera, etc. El principal impacto que tiene entonces es, justamente, en el nivel de empleo y en el consumo que, en las provincias, moviliza el comercio y las pequeñas industrias locales. Una vez más: fuentes de trabajo que se van a perder de manera inmediata debido a que en general son informales.

Hay otro aspecto de la cuestión de la obra pública que se suma a lo anterior. Uno de los puntales del auge de la construcción a lo largo del último bienio ha sido el plan Procrear, que tiene dos facetas: una de construcción por parte del Estado (como ya dijimos, sin pagar desde diciembre) y otra mediante créditos hipotecarios. Este plan no fue dado de baja, sino que se  anunció su relanzamiento, aunque no formalmente.

La diferencia es que esta vez se van a dejar de subsidiar tasas (que era la esencia del plan junto con el relajamiento de las condiciones de acceso al crédito) con lo cual en la práctica dejará de tener el impacto que venía teniendo y achicando, de este modo también, la construcción y el empleo.

Los datos de empleo del tercer trimestre de 2015 y los del primer trimestre de 2016 los veremos más adelante, pero el impacto que estas políticas van a tener será enorme sin lugar a dudas. El fantasma del desempleo, que se creía extinguido en la Argentina, se nos aparece en el horizonte nuevamente.