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A diez meses de que se destapara la megaestafa inmobiliaria, y a poco de concertarse la audiencia preliminar para el juicio que tiene 19 imputados, los defensores de algunos de estos buscan dar un vuelco en el proceso al solicitar el traslado de la causa al fuero federal. La maniobra, dicen los abogados, es para "despolitizar" la causa, aunque desde Fiscalía creen que el objetivo final es "ganar impunidad". 

El fundamento de los abogados del agente bursátil, Jorge Oneto, y del gerente de La Capital, Pablo Abdala, se centra en que la imputación por la posible comisión del delito de lavado de activos es de competencia exclusiva y excluyente de la Justicia Federal, y por lo tanto presentaron recursos de inhibitoria ante el juez Federal Nº 3, Carlos Vera Barros, para que tome la causa.

Allegados a la defensa aseguraron a Rosarioplus.com: “La estrategia es sacar la causa de un medio que está altamente politizado. Se mezcla la política, lo mediático. Además se tomaron medidas muy espectaculares que no van a poder volver atrás sin costo. Y eso afecta a la defensa”. Así, el beneficio que buscan, según explican, es correrlo de un fuero que para la defensa está “contaminado”.

Sin embargo, fuentes vinculadas a la Unidad de Delitos Complejos y Económicos advirtieron que la maniobra de los defensores "tiene que ver con una búsqueda de impunidad". Para los acusadores, el pedido "no tiene una apreciación honesta en el sentido de que se estén vulnerando garantías constitucionales", y sólo busca "favorecer la situación de los imputados y generar dilaciones".

Jurisprudencia

En principio, se podría suponer que si el delito precedente al lavado (como son las estafas en el campo de Villa Amelia) estaba en manos de la Justicia provincial, la causa debería quedarse en ese fuero por más que haya lavado de dinero posterior. Pero los abogados defensores aportan jurisprudencia de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para separar la competencia.

Se trata de la causa “Olivetto, José Luis y otros s/ infracción art. 303 inc. 2 a)  s/ cuestión de  Competencia”, de mayo de 2016, generado por el delito de lavado de dinero a partir del comercio ilegal de petróleo en la provincia de Río Negro. Allí la Corte dice que por ley “la figura de lavado de dinero ya no es tratada como un encubrimiento calificado en perjuicio de la administración pública, sino como un delito autónomo contra el sistema financiero nacional”. Por eso corresponde a la Justicia federal al ser afectado un bien jurídico colectivo.

Gils Carbó y el fuero

Por su parte, la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, había enfatizado en 2013 que para resolver estos conflictos de competencia es necesario señalar que la ley 26.683 incorporó al Código Penal el título XIII, bajo la denominación de "Delitos contra el orden económico y financiero". Lo señaló luego de que un tribunal federal de La Plata declinara su competencia en una causa que se instruyó por lavado de activos de origen ilícito.

Esa nueva forma de enfocar el lavado de activos por parte del Estado “tiene en cuenta que estos capitales espurios afectan la legítima competencia económica y ponen en desventaja a los que· provienen de actividades lícitas, con el consiguiente perjuicio a la salud del sistema financiero y a la confianza de los ciudadanos en las reglas de la economía, lo que obliga a un combate efectivo para impedir que se consolide cualquier empresa asociada al crimen”, enfatizó en su momento Gils Carbó.

Relativo

En tanto, en el seno de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos sostienen que "hay fallos de la Corte Suprema que dicen que la competencia es nacional y hay fallos que dicen que es provincial", relativizando el peso de la jurisprudencia. En ese sentido, confían en que la causa debe quedarse en el fuero cuyo juez "está mejor preparado para afrontar la investigación.

"El caso en la provincia ya está elevado a juicio, por lo que no habría ningún fundamento para llevar el caso al fuero Federal, que implicaría empezar todo el proceso desde cero", confiaron a Rosarioplus.com.

Que se quede

Para los acusadores, la maniobra de los abogados defensores apunta en un sólo camino: dilatar el proceso hasta la prescripción de la causa. Entre otras cosas, creen que si los casos de Onetto y Abdala pasan al fuero federal, se quedarían afuera todos los delitos conexos que son de competencia ordinaria. "La intención es desarmar la investigación y convertirla en pequeñas partecitas, porque eso aumenta la posibilidad de generar contradicciones, grietas y cuestiones que les permitan después hacer planteos a los abogados", advirtieron.

Además, aseguran que "la Justicia Federal no hace juicios de causas sin presos, por lo que lo más probable es que prescriba". Y que el jurado federal que recibiera una causa con 150 mil páginas de documentación no tendría "capacidad técnica ni material" para procesarla. Por último, también ponen el ojo en las diferencias de criterios del regimen de regulación de nulidades de ambos fueros. "El sistema provincial es más desformalizado, y muchas cosas se hacen de una manera determinada que probablemente en el fuero federal podrían ser consideradas nulas, lo que abre un espectro de potenciales nulidades enorme que llevaría a plantear incidentes hasta que prescriba"

Posible conflicto de competencias

El escenario, en todo caso, tiene muchos grises. Si la justicia Federal acepta, pide entonces las actuaciones a la justicia provincial. Pero si la justicia provincial no le acepta la competencia, se plantea lo que se llama "conflicto negativo de competencia" y eso debe ir a lo que se llama un superior común, en este caso la Corte Suprema de la Nación, órgano que tendría que resolver la cuestión. Obviamente, el camino no sería rápido.