Las iniciativas legislativas que el gobierno de Cambiemos está promoviendo, tienen –en principio– tres áreas destacadas: la laboral, la previsional y la fiscal. Se trata de instrumentos que apuntan a determinadas transformaciones. El hacia dónde vamos no está explicitado, diría que tampoco pareciera que está diseñado. El plan ¿dónde está?

Las propuestas tienen denominadores comunes:

a. Reducir los costos empresarios, entre ellos los laborales.

b. Para eso también se propone bajar el gasto público, centralmente los haberes previsionales y los programas sociales. De ese modo requerir menor presión tributaria.

El diagnóstico implícito y explícito es que la economía argentina no despega porque las empresas no son competitivas debido a los altos costos laborales, impositivos y la carga del gasto público que obliga a cobrar “ingentes” masas de gravámenes.

La realidad es que bajando costos a las empresas simplemente aumenta la ganancia pero no la competitividad. Esta depende de la eficiencia en el terreno de la competición y eso involucra incorporación de tecnologías, inversiones, sacrificio de reparto de ganancias en pos del aumento del acervo del capital productivo … todas cuestiones ajenas a la tradición dominante de la clase empresaria que opera en Argentina, centralmente la que define el comportamiento de cada uno de los mercados.

El largo ciclo que comienza en la dictadura hasta nuestro presente, tiene una característica central que define el comportamiento de la elite empresarial que opera en el país: la fuga de capitales. Entre 1976 y 2001 fue financiada esencialmente con deuda del estado: externa e interna. En el post 2001 y hasta 2014 fue sostenida principalmente con los saldos positivos de la balanza comercial (exportaciones menos importaciones). Desde 2015 y con acento a partir de la asunción del gobierno de Macri, la fuga prosiguió y es nuevamente posible por la toma de deuda.

En ese larguísimo período no faltaron estímulos para la inversión: se aprobó en la dictadura un bando militar llamado ley de inversión extranjera y se instituyó un régimen de promoción industrial. A inicios del 84 el gobierno de Alfonsín inauguró el procedimiento de capitalización de deuda externa, para transformarla en inversión que tuvo su mayor uso en los 90. El gobierno de Menem fue particularmente intenso en la reducción de impuestos, contribuciones patronales, estímulos para la inversión y privatizaciones ruinosas, prorrogadas por el gobierno de la alianza. En el post 2001 y en especial desde 2003, la consolidación del poder de compra del mercado interno creó nuevos estímulos para la inversión por la ampliación de la población incluida. Recién en 2012 se comenzaron a ensayar restricciones a la fuga de capitales. Ya en el gobierno de Macri, la reducción de las tasas de derechos de exportación, colocando su nivel en 0% en la mayoría de las posiciones arancelarias, sumada a la devaluación del 17 de diciembre de 2015 no tuvo como respuesta ninguna ininterrumpida temporada de lluvia.

A quienes más tienen y más ganan en la Argentina no les importa quienes gobiernen. El único objetivo es rentista y no el del empresario innovador. Y como no está prohibido, sino permitido y naturalizado en el reconocimiento de la fuga “defensiva” hacia guaridas fiscales, el futuro no tendría por qué ser distinto mientras los gobiernos que sepamos conseguir no se planteen algo diferente.