Se inició la primera ronda de negociaciones paritarias del conjunto de los gremios estatales con el gobierno provincial. Este generalizó el ofrecimiento de un 19,5% pagadero en marzo y julio, con algunas especificidades entre los diferentes gremios. Es claro -por la reiteración interanual de estrategias y resultados- que no se trata del último número y que la expectativa del gobierno provincial es ceder en algunos puntos hacia arriba más un conjunto de reconocimientos, adicionales, modificaciones escalafonarias, que completarían el acuerdo propuesto por los gremios. Es una historia conocida, independientemente de la valoración que cada uno haga de ella, de la previsiblidad de las contraofertas, de aquello que los dirigentes gremiales estén dispuestos a aceptar y esencialmente de la imagen final que cada parte en juego pretende construir: la de éxito frente al oponente (por parte de los gremios), de flexibilidad, apertura y diálogo (por parte del gobierno provincial).

Santa Fe no es la peor parada en los niveles remunerativos de las diferentes áreas de acción estatal, lo cual no quiere decir que los niveles salariales –en términos absolutos- permitan vivir dignamente a cada trabajador o trabajadora. Se trata de dos discusiones que suelen confundirse: los niveles remunerativos en relación con otras provincias y los niveles absolutos de cuánto se precisa cobrar para dar cobertura al conjunto de necesidades legal, social e históricamente reconocidas.

Entre los argumentos que esgrime el gobierno provincial para defender la actual propuesta, recurre a la reaparición del índice de precios al consumidor provincial construido por el IPEC, cuya metodología, fiabilidad y transparencia permitiría utilizarlo como elemento de referencia indiscutible. Otro argumento, derivado del anterior, es que el conjunto de incrementos salariales pagados durante 2016 habrían experimentado un aumento de los salarios superior a la variación de precios medida por el IPEC para el período enero-diciembre de ese año.

La vuelta a la publicación de la variación de precios al consumidor de Santa Fe fue posible debido al cambio de rol que el gobierno nacional saliente le asignó a las direcciones provinciales de estadística en la construcción del índice de precios nacional urbano (IPCNu) cuya primera medición lo fue en diciembre de 2013 y fue discontinuada por el gobierno de cambiemos a partir de noviembre de 2015. A eso hay que agregarle la voluntad del gobierno de Santa Fe de construir un índice propio. Sabemos que un índice de precios al consumidor no es un índice de inflación, sino una referencia que permite aproximarse a este. Adicionalmente, el presente –como todos- debe ponderar el peso que tiene cada capítulo en el índice general. Esto es cuanto incide la alimentación, la vivienda, la salud, el transporte, el esparcimiento, etc y los componentes de ellos. La ponderación utilizada para este nuevo índice que produce la provincia puede decirse que atrasa porque refiere al perfil de gastos de consumo de hogares que hizo INDEC en el operativo nacional 2004/2005. Con posterioridad hubo otro operativo, en el 2012/2013, que permitió ver cambios importantes en la composición de algunos consumos. Sólo a título de ejemplo: los gastos del hogar en materia de comunicaciones sufrieron severas transformaciones entre 2004 y 2013, haciendo que el peso de la telefonía móvil se elevase de modo significativo. Un operativo de gastos de consumo de hogares constituye una foto que periódicamente debe ser actualizada dando cuenta de los cambios en los hábitos, proporciones y calidades de los consumos. Todos estos operativos son susceptibles de crítica y mejora, la única certeza es que se trata de la única información pública disponible que permite extraer conclusiones sobre el tamaño y composición de ingresos, egresos del hogar, relación de ellos con los niveles educativos alcanzados, etc.

Para sostener la argumentación que le permite afirmar que el salario creció por sobre la inflación, el gobierno provincial recurre a un procedimiento que este cronista considera cuestionable. La cuenta está hecha del siguiente modo: el salario de diciembre de 2016 respecto del salario de diciembre de 2015 o del momento del acuerdo anterior da un determinado porcentaje. El índice de IPEC dice que los precios subieron en un año 33,4% (la CABA midió 41%). En consecuencia los acuerdos que superaron aquel guarismo habrían ganado terreno a la inflación. Este procedimiento tiene un defecto conceptual de origen. Cuando los salarios se discuten en escenarios inflacionarios, siempre lo son sobre la inflación pasada, jamás sobre la futura. El núcleo de la demanda es que el salario vuelva a tener –por lo menos- la capacidad de compra que tenía en el acuerdo anterior. Esto permite entonces hacer un ejercicio como el que se propone en el cuadro. El procedimiento que proponemos es diferente y se asienta en otro concepto. Si en enero de 2016 el salario fue de $ 10.000 y el aumento se cobró a fines de  marzo o primeros días de abril, el poder de compra del salario de marzo ya comenzó a perder aire desde su primer mes de vigencia. En nuestro ejemplo, se parte de la base que el aumento logrado fue de 20% a partir de marzo y de 10% más a partir de julio. Esto dice que el salario de marzo debiera haber sido $ 301 mayor a lo que fue. La columna “Total de bolsillo compensatorio de la inflación” contiene el valor que debiera haberse percibido para esterilizar el aumento de los precios. Si se repite el procedimiento hasta enero de 2017, el resultado es que ese salario habría perdido frente a la variación de precios medido por IPEC $ 23.098.

Esto significa que antes de discutir la nueva paritaria, ese salario debiera ser compensado en esa suma por única vez para recuperar lo perdido respecto de la inflación. A partir de allí se abren otras discusiones. La primera es fijar el nuevo salario compensatorio de la inflación pasada. La segunda que tal salario alcance adecuadamente para cubrir las necesidades de las y los trabajadores.