La Asamblea Interministerial de Trabajadores Precarizados de Santa Fe es una agrupación que nació desde la necesidad de miles de empleados del Estado provincial de observar, compartir y visibilizar las variopintas circunstancias en que se encuentran sus contratos, iniciados de manera endeble y en el borde de la ley laboral, desde antes de la gestión de Omar Perotti. Estiman que en esa situación hay 4.500 personas que trabajan para la administración provincial.

Entre otros sondeos, algo “preocupante y de emergencia” que alerta la Asamblea es la cantidad de empleados que fueron despedidos en la forma encubierta a través de la cesación de los contratos, que en relevamientos realizados desde hace más de medio año ascienden a más de 500.

“Por sobre la situación de los precarizados, la parte más urgente es la de los cesanteados, porque son personas que se quedaron sin trabajo este año, en pandemia, sin percibir explicaciones ni indemnizaciones”, reveló Lucía, una las precarizadas que participa en la Asamblea Interministerial, en diálogo con Rosarioplus.com.

Lucía es asistente en la Subsecretaria de Inclusión para Personas con Discapacidad, y su relación con el Estado es una prestación de servicios por la que ella debe facturar como monotributista para poder percibir una remuneración. Es un ejemplo de muchos tipos de precarización laboral que se sostiene en todos los niveles de la administración provincial y también municipal.

Por otro lado, Brian, ingeniero agrónomo que fue tercerizado por convenio por el Ministerio de Producción en conjunto con una fundación, explicó que “cada día vencen más contratos que ni siquiera nos enteramos, y que no se renuevan, dejando más lugares aún vacantes. Por ejemplo en Producción son 116 los precarizados. y de estos por lo menos 65 fuimos cesanteados, y el resto re-contratado de otras formas”.

Meses sin cobrar

Otras situaciones irregulares ocurren en instituciones donde los trabajadores no cobran desde hace cinco meses, pero donde se ven obligados a continuar sus tareas como si todo marchara de manera normal, con tal de conservar el puesto laboral y calificar a la espera de regularizar sus contratos alguna vez, con suerte o apoyo político. Algo parecido sucede en la Dirección de Niñez, donde hay actualmente unos 500 trabajadores en negro, que asisten en pandemia a los niños y adolescentes en los barrios sin resguardo alguno, y sin aumentos.

“Siempre resulta más fácil echar a los empleados con relaciones laborales más débiles, pero al menos la Asamblea en las paritarias anteriores logró instalar que se hable de la precarización, que tiene muchas formas de consumarse”, destacaron en conjunto Lucía y Brian.

Un vaciamiento evidente sucedió en una Oficina de Mediación Penal de Rafaela y en varios Registro Civiles del norte provincial (Las Toscas, Villa Ana, Malabrigo), ya que en estos lugares “varios empleados cumplieron sus contratos y fueron cesanteados, y como quedó menos personal, trabajan solo dos días a la semana”, ejemplificó Brian. En San Antonio de Obligado se cerró hace tres años el Registro Civil porque se jubiló el jefe y nunca fue designado el reemplazo.

Algo habitual que ocurre con muchos empleados del Estado que tuvieron la fortuna de no quedarse sin trabajo una vez terminados sus contratos es que “si bien fueron renovados, fueron con montos anteriores a un año, sin actualización por la inflación que el año pasado fue de un 50 por ciento, trabajando de la misma manera y percibiendo un sueldo desactualizado a la realidad económica actual”, destacó Brian.

De larga data

Aunque esta agrupación existe desde noviembre pasado, destacaron que el problema de este tipo de vínculo laboral del Estado con sus empleados no es nuevo, y “no es culpa de la crisis económica ni de la pandemia, sino que viene de 12 años del gobierno socialista, cuyo Ministerio de Innovación y Cultura por ejemplo siempre contrató de esta manera”.

En Cultura, así como en otros sectores, eran contratados sin continuidad, llamados "contratos artísticos", que se renuevan de forma mensual, aunque a fin del año pasado bajo el riesgo de cientos de cesantías, consiguieron contratos por un año. Algo similar vivió Brian antes de trabajar en Producción, cuando trabajaba en el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos en el Ministerio de Economía. "Yo trabajé tres años contratado de esa manera, los contratos eran variables, por tres meses, seis meses, cuatro,  para que perdiéramos la continuidad”, destacó el joven agrónomo.