La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó a favor de frenar los aumentos en la tarifa de gas y consideró que la falta de audiencia pública para llevar a cabo la medida restringió los derechos constitucionales de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación había dispuesto como plazo hasta el jueves para que la jefa de los fiscales se expida en su presentación, la cual no es vinculante para la decisión de la Corte que llegará en pocos días. Así, en un análisis meramente técnico, la procuradora pidió que el máximo tribunal confirmara el fallo de la Cámara Federal de La Plata que tiene anulados los aumentos.

Como se preveía, Gils Carbó hizo énfasis en la ausencia de las audiencias públicas obligatorias previas a actualizar el cuadro tarifario. Las audiencias no sólo implican participación en la decisión sino una garantía para los usuarios y de transparencia al procedimiento.