Este sábado vencerá el mandato de la intervención de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín que se encuentra en esa situación desde la salida de su histórico dirigente Herme Juárez, acusado en 2019 de lavado de activos, asociación ilícita y estafas.

Con la cercanía del fin del plazo legal de intervención comenzaron a tensarse las contradicciones que anidan en el seno de la institución que domina el 60% de los trabajos de estiba del complejo agroexportador del cordón industrial del Gran Rosario, uno de los complejos más grandes del mundo, y que tienen tres sectores visibles: la intervención, los portuarios afines a Juárez y el sector opositor nucleado en la agrupación Miguel Ru.

La intervención

El actual interventor Roberto Pasqualino y su equipo vinculado a la Universidad de Buenos Aires son acusados por una parte de los estibadores de malversación de fondos y contrataciones fraudulentas, como contó RosarioPlus.

Por su parte Pasqualino presento a principios de mes un informe en el que acusa a los socios de la cooperativa y centralmente a los que ocupan puesto gerenciales, de obstruir el acceso a la información alegando que cuando la intervención “comenzó a pedir información de gestión administrativa y contable, se dificultó el acceso a la información oportuna, completa y consistente, demorándose todo el proceso ante la falta de articulación funcional de esta Intervención con las áreas de Gerencia“.

En ese marco el interventor asegura en el informe que la intervención debe mantenerse hasta el fin del 2021 “atento a las causas objetivas (Pandemia) y subjetivas (resistencia a brindar información) las irregularidades más significativas que motivaron esta intervención aún subsisten y habiéndose agravado la situación interna de la Cooperativa en virtud de los intereses en pugna según he apuntado, es que juzgo necesario se prorrogue la medida cautelar de intervención dictada en autos, quedando a consideración de V.S. en razón de la continuidad de la intervención hasta el 31 de Diciembre de 2021 en aras de lograr la normalización“.

Los opositores
Los estibadores de la Agrupación Miguel Ru vienen reclamando el fin de la intervención en la cooperativa, y el llamado urgente a elecciones, cuestionando duramente el rol del Juez Marcelo Bailaque que entiende en la causa. 

En declaraciones a este medio Jose María Ramón (estibador y socio de la Cooperativa) asegura que “desde la intervención están operando financieramente, y haciendo una ingeniería financiera para derivar fondos, vaciarnos y liquidarnos”

En un comunicado público afirman que “presentaron sendos escritos judiciales, pidiéndole al juez federal que se aparte de seguir entendiendo en la causa penal que tiene como principal procesado por lavado de fondos al sindicalista y empresario Herme Juárez; y que el nuevo juez destituya al interventor Pasqualino por graves irregularidades cometidas en lo que lleva al frente de la intervención”.

“Queremos que no se renueve la intervención, que se vayan Pasqualino, y toda la intervención. Es la única manera de defender a los trabajadores”, afirma Ramón

Juarez
Por su parte el histórico dirigente de la Cooperativa Herme Juárez logro retomar el control del (también intervenido hasta hace poco) gremio Supa de los portuarios, tras lograr un acuerdo con la lista opositora. Pero en la Cooperativa, aquella que supo conseguir dolarizar las tarifas que cobraba a las agroexportadoras y transformarse en una fuente de grandes recursos, la cosa no es tan sencilla.

En el informe publicado recientemente por la intervención se cuestiona fuertemente a la gerencia de la cooperativa por “hacer la vista gorda” ante los negocios de Juárez.

“La gerencia legal, así como los profesionales de las otras gerencias, han acompañado desde hace años la gestión desplazada (con varios miembros imputados en esta causa), tal y como surge de los registros de la entidad y es por todos conocido. Parece poco verosímil que profesionales de la gestión, de las ciencias económicas y del derecho no hayan advertido, durante tantos años, las serias irregularidades habidas tanto en la Cooperativa como en la Mutual. “, afirma el informe de Pasquialino.

En el mismo informe también se cuestiona la poca cantidad de socios que tiene la cooperativa en relación a la totalidad de los estibadores que desarrollan actividades en la región.

“La entidad cuenta con más de 700 trabajadores en relación de dependencia formal de los cuales y contraviniendo no solo la normativa cooperativa sino también la laboral, menos de 100 son formalmente asociados. Tamaña incongruencia no resiste el menor análisis”, afirman.
De este argumento parece haberse aprovechado Juárez para impulsar, todavía sin éxito, la ampliación del padrón de socios de cara a futuras elecciones y teniendo en cuenta que hoy tendría de su lado una minoría de absoluta de socios frente a los miembros de la agrupación Miguel Ru.

¿Y ahora?
Frente al final de los plazos de intervención los estibadores opositores a Juárez anunciaron que este viernes a las 9 se convocarán en los Tribunales Federales de Rosario, ubicados en calle Bv. Oroño 926 para exigirle al Juez Marcelo Bailaque el llamado a elecciones urgentes.

“Recusamos al juez y promovemos la remoción de Roberto Pasqualino, con sendos escritos judiciales donde denunciamos maniobras ilegales de los interventores, y la complicidad del juez en permitir la fuga de 150 millones de pesos a mutuales pertenecientes a amigos que quieren hacerse cargo de la caja de la cooperativa”, afirman los portuarios. 

Los mismos afirman que han denunciado a los interventores Roberto Emilio Pascualino, Maximiliano Donadio, a la Universidad de Buenos Aires representada por Adolfo Rochtenstein y al juez Marcelo Bailaque por “hacer la vista gorda” en todas los desmanejos ilegales.

“Si se mantiene la intervención veremos que hacer, pero nosotros queremos que se vayan”, afirmó Ramón a RosarioPlus.

Estas últimas semanas circularon rumores de varios nombres que podrían reemplazar a Pasqualino en caso de seguir la intervención. Uno de los que sonó más fuerte fue el del ex intendente de Puerto San Martín Daniel Sorriquieta, quien hace dos semanas renuncio a su cargo al frente de la Secretaría de Logística del Ministerio de Gobierno de Santa Fe, al que había arribado en diciembre de 2019.

“Sobre los nombres que se barajan para continuar la intervención no queremos opinar porque se dicen muchas cosas pero no hay nada firme, nosotros no queremos que no siga nadie interviniendo”, afirman los portuarios que no descartan ir a un paro por tiempo indeterminado si no se resuelve favorablemente la cuestión judicial desplazando a la intervención y convocando a elecciones.