Las declaraciones del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, en el marco de la causa que investiga una red de juego clandestino, siguen causando revuelo en la política santafesina. Este miércoles por la mañana, José Luis Vázquez, abogado del senador del PJ, Armando Traferri quien fue señalado como parte de la estructura, apuntó al ministro de Seguridad, Marcelo Sain.

"No hay nada de qué defenderse, no hay ninguna sindicación que pueda alcanzar algún viso de realidad como para generar una imputación", consideró Vázquez, y agregó: "Son todas referencias, menciones que no son probables".

Según el letrado, "lo único cierto que hay" en los dichos de Ponce Asahad son las llamadas entre la secretaria del empresario Leonardo Peiti y el ex diputado justicialista, Darío Scataglini. "Peiti había presentado un proyecto formal para instalar máquinas de juego en las agencias de loterías, y el senador le encargó a Scataglini que se encargara de hablar con esta gente para seguir ese trámite", dijo el abogado, en diálogo con Sí 98.9.

"Ponce Asahad y Traferri hablaron muchas veces por teléfono, la mayoría de las veces lo llamaba Ponce Asahad para pedirle favores, que le habilitara entrevistas con políticos y referentes del Poder Judicial", indicó Vázquez y afirmó que el ex fiscal y el senador se mantuvieron varias reuniones (algunas también con Patricio Serjal), pero "siempre por problemas del MPA".

"No hay ninguna prueba o constancia de vinculaciones que tengan que ver más que con la función de Traferri, que es un político", afirmó. "Lo que dice es mentira y no se va a poder probar. Es una conjura política manipulada por (Marcelo) Sain, con la complicidad del Ministerio Público Fiscal. La política se mudó al Centro de Justicia Penal", aseguró el letrado y reiteró: "Es una maniobra política de Saín, en el enfrentamiento que mantiene con el Senado y particularmente con Traferri".

Por último, el abogado del senador de San Lorenzo dijo que la supuesta embestida del ministro de Seguridad de Santa Fe "tiene base en dos leyes: una es la que pretende manejar los fondos reservados del Ministerio de seguridad, que son 50 millones de pesos por año; y la otra la imposibilidad de que Sain tenga dos cargos en la administración pública".