Abogados laboralistas: “Todos los derechos fundamentales están en riesgo”
La Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de Rosario, a través de su integrante Sebastián Serrano Alou, expuso en la quinta jornada de debate en Diputados y criticó severamente los alcances del decreto 70/23 y la Ley Ómnibus y el impacto sobre los trabajadores.
La Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de Rosario (AAL) criticó severamente el impacto sobre el trabajo del DNU 70/23 y la Ley Ómnibus, en el marco de la quinta jornada de debate en comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación.
Sebastián Serrano Alou, abogado laboralista e integrante de la organización, criticó que el Gobierno con estas medidas “lo que quiere es llevar adelante una reforma laboral regresiva” y “dejar sin efecto el derecho del trabajo”.
“Les debe haber parecido que derogar directamente toda la normativa era demasiado evidente, entonces han demolido los cimientos del derecho del trabajo. Los derechos fundamentales están todos en riesgo: el salario digno, las vacaciones, la jornada limitada, la protección frente al despido, la asociación, la protesta, la libertad sindical; y se busca deslaboralizar para lograrlo”, señaló Alou.
En ese sentido, además, remarcó el aspecto de que “la necesidad y urgencia no es tal”, y que el único apuro real es el “del poder en su necesidad de apropiarse de la mayor cantidad de riquezas del pueblo”.
“Si se convocó a sesiones extraordinarias, se demostró que se podía tratar todas estas reformas que quieren llevar adelante en el Congreso. Y si hay tanta urgencia, me pregunto, ¿no tendrían que tener la misma urgencia o una mayor urgencia en convocar al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil con el pueblo empobrecido luego de las primeras medidas de este gobierno?”, cuestionó el abogado laboralista.
“Buscan dinamitar principios y derechos fundamentales”
A la hora de enumerar algunos de los duros alcances que tendrían estas medidas en caso de entrar en vigencia, Serrano Alou destacó que “el primer objetivo es que no se reconozcan como laborales las relaciones” y “se las encuadre dentro de otro tipo de derecho” como el civil.
De esta forma, por ejemplo, “se reemplaza el recibo de sueldo que debe entregar el empleador por la factura que debe entregar el trabajador precarizado”, y en los casos en que eso no sea posible y no se pueda negar el carácter laboral de la relación, “se busca precarizar llevando la clandestinidad a la relación laboral”.
“Se busca dinamitar principios y derechos fundamentales. El principio de irrenunciabilidad en la fase individual y la libertad en la fase colectiva, los dos derechos fundamentales; la libertad de reunión, de manifestación y de huelga, para debilitar de esa manera el orden público y la defensa efectiva del derecho del trabajo, facilitando el despido, haciéndolo más barato, financiándolo”, expuso de manera virtual el abogado laboralista.
Además, afirmó que es mentira que el proyecto de ley busque regularizar, ya que “toda la normativa gira en torno a librar de las sanciones a quienes no registran las relaciones laborales y negar la obligación de registro”, ejemplificando con el caso de las apps de delivery.
“La primera que vino del exterior a establecerse en nuestro país, registró a todos sus trabajadores. Al venir la competencia y no registrarlos, adujo no poder competir ya que ellos tenían más beneficios, y entonces despidió a quienes estaban registrados y no registró a nadie más”, puso como ejemplo Serrano Alou.
El integrante de AAL Rosario agregó que “todo esto lleva a la industria del incumplimiento”, ya que “si uno ve el porcentaje de trabajadores y trabajadoras con derecho a reclamar por incumplimiento de sus derechos, el que efectivamente lo hace es mínimo”. En los casos en donde sí sucede, el incumplimiento “se da porque los empleadores no cumplen con sus obligaciones”.
“Se les quiere quitar ahora toda sanción por no pagar la indemnización en tiempo y forma, una tasa de interés baja y conveniente para que se queden con ese dinero y se financien, y una vez terminado el juicio que puedan pagar en 12 cuotas la indemnización a las personas que trabajan”, denunció.
Finalmente, solicitó que el debate sea con fundamentos y con hechos reales, mirando la historia del país y el mundo y con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
“Si el empresario que ve que tiene un mercado interno atractivo o que puede exportar, no va a dejar de contratar trabajadores y trabajadoras porque tenga que reconocerles más derechos. Al contrario, para ser más competitivo, va a reconocer mejores derechos para que los mejores trabajadores y trabajadoras, quienes están más capacitados, vayan a su empresa. Entonces, dejemos los eslóganes, las frases hechas, centrémonos en estudiar, veamos qué dice nuestra historia, qué dice la historia del mundo y así vamos a encontrar una buena reforma laboral”, concluyó.