El candidato a la presidencia de Ecuador por el Movimiento Construye, el exlegislador Fernando Villavicencio, fue asesinado a tiros durante un acto en una escuela en el norte de Quito, en un ataque por el que fue detenido un sospechoso que quedó herido y falleció poco después, informaron fuentes oficiales y la prensa local.

El aspirante al Palacio de Carondelet fue trasladado a una clínica cercana al lugar del crimen, donde se confirmó su fallecimiento, que fue anunciado por el ministro del Interior, Juan Zapata, y rápidamente reportado por medios capitalinos.

"Un sospechoso, que resultó herido durante el cruce de balas con el personal de seguridad, fue aprehendido y trasladado malherido hasta la Unidad de Flagrancia en Quito; una ambulancia de los Bomberos confirmó su deceso", reportó esta noche la Fiscalía General del Estado en Twitter.

Villavicencio, que tenía 59 años, era uno de los ocho postulantes a completar el mandato del presidente Guillermo Lasso en las elecciones del 20 de este mes.

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Fueron entre 30 y 40 disparos, según relatos de testigos que citó el canal Teleamazonas, y Villavicencio fue trasladado a la Clínica de la Mujer, pero murió en el lugar. Según los primeros informes, hubo otros heridos durante el atentado.

¿Quién era?

La última actividad de Villavicencio como parlamentario fue la de encabezar la comisión que llevó adelante el proceso de juicio político a Lasso, por supuesta corrupción.

Cuando la Asamblea Nacional (AN, parlamento) se encaminaba a destituir al presidente Guillermo Lasso, este dispuso la llamada "muerte cruzada", que implicó la disolución del Legislativo y el llamado a nuevos comicios para elegir a quien complete su mandato, hasta mayo de 2025.

Villavicencio, que se declaraba independiente y desmentía que fuera cercano a Lasso, pese a que sectores afines al expresidente Rafael Correa lo señalaron como tal, llegó a postularse a la jefatura del Estado después de una corta carrera política y una larga trayectoria en la vida pública.

Fue miembro de la AN entre 2021 y 2023, período en el que presidió la Comisión de Fiscalización y Control Político, y actuó allí de manera independiente, sin vincularse con ninguna de las bancadas.

Impulsó investigaciones, sobre todo en temas petroleros, a los gobiernos de Correa, Lenín Moreno y al actual de Lasso.

Su mayor investigación como asambleísta fue en el caso Petrochina, en el que denunció un esquema de corrupción en la intermediación petrolera, y su último trabajo como tal fue la dirección del juicio político a Lasso.