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La diputada provincial Lionella Cattalini presentó un proyecto de ley que regula el funcionamiento de los fueros civil, comercial y laboral mediante el trabajo remoto y el uso de plataformas digitales disponibles como ya se utilizan en otros ámbitos.

La propuesta apunta a regular el funcionamiento del servicio esencial de administración de justicia para los fueros civil, comercial y laboral mientras dure la emergencia pública sanitaria. Su objetivo es garantizar que la mayoría de los trámites procesales puedan efectuarse de manera remota.

"Es imprescindible rediseñar el funcionamiento del Poder Judicial con las herramientas tecnológicas disponibles para que pueda realizarse mediante el trabajo a distancia y desplazando el menor número de personas”, observó la legisladora socialista.

El proyecto provee de un marco normativo para otorgar validez a las notificaciones y actos procesales realizados o registrados por cualquiera de los medios tecnológicos disponibles, en reemplazo de las formalidades previstas en los códigos de procedimiento civil, comercial y laboral. Se dispone expresamente que durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio no corren los plazos de caducidad  para disipar toda duda sobre el tema.

“Esto permitirá normalizar la prestación de los servicios de justicia y garantizar un funcionamiento acorde al contexto de pandemia, protegiendo además, la vida de todos los actores del sistema”, expresó la legisladora quien consideró fundamental “implementar y utilizar las tecnologías de la información y comunicación disponibles, priorizando el principio de celeridad, economía y sencillez procesal”, puntualizó Catalini.

También la iniciativa autorizaría a las cámaras de Apelaciones de los fueros civil, comercial y laboral a disponer para la tramitación de casos urgentes, violencia de  género y causas donde se debatan derechos alimentarios, el trámite más breve o modificar los tiempos de sustanciación de las pretensiones o simplificar los procedimientos. Asimismo, también contemplaría suspensión de remates, ejecuciones hipotecarias y desalojos de vivienda única

Asimismo, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda en estos momentos de crisis, se prevé la suspensión de las sentencias dictadas en juicios de ejecución hipotecaria y desalojo y los desalojos de inmuebles con destino a vivienda única, familiar y permanente del deudor.