Tras el referéndum del domingo pasado, tanto el gobierno español como el catalán evalúan los pasos a seguir en una confrontación que exaspera a todos.

Pasado el referéndum y el domingo de furia, los actores en pugna están como un GPS: “Recalculando”. El gobierno español, encabezado por su presidente, Mariano Rajoy, intentan matizar la represión injustificada sobre los participantes de una consulta popular que a todas luces fue ilegal e ilegítima. Cabe preguntarse qué propósito tuvo reprimir cuando la Constitución y todo el sistema jurídico español no dejan lugar a dudas respecto de la ilegalidad del acto que llevaron a cabo los secesionistas.

Mariano Rajoy siempre mantuvo una postura ortodoxa de no negociar con los separatistas, en parte porque como todo conservador, apunta a mantener el statu quo, en parte porque su principal habilidad no consiste el dominio del arte de la negociación. Joan Manuel Serrat dijo con claridad meridiana que “el Gobierno de España ha ninguneado las voces de Cataluña durante cinco años, sin hacer el mínimo gesto. Sabemos que el Gobierno de Rajoy ha sido una fábrica de independentistas”. La apreciación es correcta y contrasta con la estrategia de seducción empleada hace un par de años atrás por el gobierno británico para evitar la secesión de Escocia.

Pero la respuesta más efectiva quizás sea que al gobierno español le resulta conveniente el conflicto con los catalanes, dado que esa pugna desplaza a un segundo plano temas tan sensibles como la corrupción en el seno del oficialista Partido Popular, el ajuste fiscal, y el desempleo, que afecta a millones de españoles.

Lo que resulta importante aclarar es que los independentistas catalanes, cuya postura es respetable y hasta comprensible, están adoptando medidas que tensan la cuerda y no parecen conducir a la salida deseada.

El referéndum fue ilegal e ilegítimo. Ilegal, porque -tal como ya se expresó- no respetó el marco jurídico vigente. Además sancionó la norma que permitía la convocatoria a la consulta sin la mayoría estipulada para hacerlo. Ilegítimo, porque no contó con la creencia y el acuerdo necesario por parte de los mismos catalanes. Vale decir que el 90 por ciento que votó a favor de la independencia, representa solamente a un 37 por ciento aproximadamente del total del padrón electoral catalán. La participación en la consulta del domingo involucró solamente al 42 por ciento de los habilitados para votar.

¿Y ahora?

Mariano Rajoy lanzó un ultimátum al bloque separatista del Parlamento catalán que promete declarar la independencia este lunes. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, la máxima autoridad judicial de España, emitió un fallo que le ordena al cuerpo legislativo catalán suspender la sesión que los separatistas convocaron con el objetivo de proclamar la fundación de la República catalana. La orden del tribunal aclara que cualquier decisión que se alcance en la sesión del lunes será “radicalmente nula y sin valor ni efecto alguno”. Esto se debe a que la convocatoria parlamentaria se hizo en función de la ley regional que amparó la celebración del referéndum separatista del domingo pasado. Para el máximo tribunal español, esa norma es ilegal y, por lo tanto, lo son todos los actos derivados de ella.

Hasta ahora, el presidente del gobierno catalán Carles Puigdemont y sus aliados, desobedecieron sistemáticamente las sentencias del Tribunal Constitucional. Pero ahora la situación se tornó más compleja. Al declararse nula la sesión, los legisladores de los partidos opositores no asistirán, dejando de esa manera al Parlamento con la mitad de las bancas vacías, en una situación inmejorable para que los secesionistas puedan proclamar la fundación de la República. Pero al mismo tiempo, sospechan que esta vez el Tribunal Constitucional será más duro y que los jueces aplicarán la facultad que tienen de tomar medidas adicionales para garantizar el cumplimiento de sus órdenes y que van desde la suspensión hasta la detención de funcionarios.

Rajoy ya expresó públicamente que no negociará con el gobierno catalán y que la respuesta del Estado será firme en caso de una violación flagrante de la Constitución que ponga en peligro la unidad de España. El rey Felipe VI, jefe de Estado, apeló al cumplimiento del texto constitucional y a la existencia de una España unificada.

Del otro lado, la Generalitat alberga dudas y, aunque parece apuntar hacia un nuevo choque con el gobierno español, evalúa diferentes alternativas. La primera es, como ya se dijo, la desobediencia. La segunda, es convocar una sesión ordinaria que no esté amparada en la cuestionada ley del referéndum, sino por el reglamento de la cámara. Eso permitiría a los separatistas llegar al lunes y, sobre la marcha, convertir esa sesión en la ocasión perfecta para declarar la independencia. La tercera, aunque ni se la mencione, es no hacer nada, aunque en ese caso el fervor secesionista comenzaría a mermar. Esta última opción tiene su fundamento en un hecho relevante, y es que los catalanes proclives a permanecer en el Reino de España, han comenzado a hacerse oír.

La voz de la “mayoría silenciosa”

Desde diez días antes de celebrarse el referéndum, aparecieron ciudadanos golpeando cacerolas cada noche en su balcón para hacerse sentir. El último “cacerolazo” fue en contra de la declaración televisada de Puigdemont que confirmaba en un mensaje grabado que seguía adelante con sus planes.

Se trata de tres millones de catalanes que constituían hasta hace poco una “mayoría silenciosa” que no respalda el independentismo catalán. Distintas organizaciones de la sociedad civil intentan articular para darle fuerza y dirección a esta mayoría que no se había expresado tan claramente sino hasta ahora. En última instancia, esa mayoría sabe que una Cataluña fuera de España le restaría poder ambos Estados y los situaría como potenciales perdedores frente al mundo globalizado.

Esa mayoría silenciosa se siente tan catalana como los independentistas pero comprende que la unión hace la fuerza y que es posible convivir en la diferencia. Al mismo tiempo, debe señalarse que ese sector fue ninguneado tanto por los separatistas intransigentes como por el gobierno español que no supo -o no quiso- ofrecer mayores márgenes de autonomía política y financiera a la Generalitat. El problema es siempre el mismo, los catalanes se sienten estafados por el gobierno central que recauda en Cataluña mucho más de lo que luego reintegra en materia de coparticipación.

Para concluir esta breve descripción del laberinto catalán, nada mejor que apelar a la sensatez de Serrat quien se expresó de la siguiente manera cuando se le preguntó qué sucedería tras el referéndum: “la vida seguirá. Todos seguiremos haciendo lo que hacemos: cada quien con su trabajo, con sus sueños, con su mundo. Y cuánto más juntos lo hagamos, mejor. Para todos”.