Denuncian precarización de los trabajadores que armaron los spot de campaña
El sindicato lamentan "incumplimiento de la ley por quienes pretenden asumir nuestra representación como ciudadanos y aducen velar por el bien común"
Delegados provinciales del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, Animación, Publicidad y Medios Audiovisuales (SICA-APMA), denunciaron que la campaña electoral se realizó hasta este momento, “en forma absolutamente irregular salvo en una sola excepción”.
Se trata de los trabajadores que trabajan en la producción de piezas audiovisuales en los spots de todas las fuerzas políticas, y aseveraron que “se hicieron incumpliendo la legislación laboral vigente en la Ley de Contrato de Trabajo N°20744 y el Convenio Colectivo de Trabajo 235/75”.
De esta forma trabajaron en la campaña en condiciones precarizadas en la gran mayoría de los casos, sin cobertura de ART, sin aportes jubilatorios ni de obra social. A esto se suma que los honorarios que les fueron abonados, fueron “como corolario, por debajo de lo estipulado por la paritaria vigente para el convenio rector”.
Dicho acuerdo, fue seguido y propiciado por las carteras de Trabajo, Cultura y Producción del gobierno de Santa Fe, y fue suscripto por SICA-APMA y CEPIAR.
“Esto hace que no comprendamos el incumplimiento de la ley por quienes pretenden asumir nuestra representación como ciudadanos y aducen velar por el bien común y el de los trabajadores, desde todo el amplio abanico de fuerzas políticas que hoy renueva su oferta a la sociedad en este nuevo proceso electoral”, consideraron desde el sindicato de los técnicos audiovisuales.
Destacaron no comprender el proceder de “quienes fomentaron y condujeron las negociaciones de un acuerdo que facilitara la regularización y diera condiciones ventajosas a las productoras de Rosario, ya que no se puede alegar desconocimiento de dicha situación ni se puede alegar desconocer legislación laboral con vigencia plena”.
De esta forma denunciaron “la precarización sistemática de los técnicos y técnicas en la provincia de Santa Fe, la imposición de “facturar”, y la desidia con que las autoridades actuales y futuras asumen la realidad de este sector, tanto para el control de los privados como el de las contrataciones propias”.